Recope sepulta plan para construir terminal de $238 millones en el Pacífico

(CRHoy.com). La junta directiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) acordó sepultar el proyecto de la Terminal Pacífico, promovido por la Administración Alvarado Quesada (2018-2022), al considerar que existen deficiencias en los sustentos técnicos y financieros para impulsar la obra.

El proyecto procuraba construir una terminal millonaria en aguas del pacífico, frente a Barranca de Puntarenas, con una inversión de $238 millones para el diseño, el suministro, la instalación y la operación de una monoboya compuesta por 2 tuberías enterradas en el lecho marino.

Las tuberías tendrían una longitud de 6 mil metros cada una, con diámetros de 600 milímetros (mm) para trasegar gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (GLP).

La iniciativa, que buscaba -según las autoridades del gobierno anterior-, no depender del plantel de Moín (Limón), se complementaría con la estación de rebombeo ubicada en Fertica, en Barranca, y un sistema para almacenamiento de GLP (7 esferas con una capacidad mínima de 4 mil metros cúbicos cada una).

Según consta en el acta de la sesión de junta directiva de la refinadora, del pasado 20 de setiembre, los análisis sobre el proyecto arrojaron que se debía desestimar y archivar la iniciativa con base en un informe técnico recibido por la cúpula institucional el 16 de setiembre pasado.

"(…) se ha detectado que los estudios que lo sustentan arrojan que no es rentable y no contempla una valoración actualizada, ni la dimensión total esperada del proyecto, ni su financiamiento, lo cual impide valorar el efecto tarifario total y crea incertidumbre sobre la posible recuperación de la inversión, considerando que podría implicar un aumento del subsidio que posee el GLP y que pagan los consumidores de gasolinas y el diésel", acordó la junta directiva de Recope.

Además, según la empresa estatal, existe una desproporción entre el monto de la inversión y la demanda que se pretende satisfacer con el proyecto, y la infraestructura tendría una subutilización significativa.

"(…) se pretendió justificar el proyecto con el costo de desabastecimiento, haciendo un uso erróneo del concepto, y se omite una evaluación integral de las necesidades de inversión total de la empresa", subrayó la cúpula institucional.

Tras la decisión, Recope decidió comunicar el acuerdo a la Contraloría General de la República (CGR), al Ministerio de Planificación (Mideplan), al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

La junta directiva acordó instruir a la Dirección de Planificación para que proceda con los procesos de desinscripción del proyecto y de gestión de la recuperación de las garantías pagadas.

"Solicitar a la Gerencia General la presentación de un estudio con la identificación de los gastos incurridos hasta la fecha, relacionados con el proyecto (…) a más tardar el 31 de octubre de 2022", señaló la resolución.

La refinadora sacó el proyecto a licitación a finales de abril de 2021, pero en julio de ese año la Contraloría General de la República (CGR) ordenó frenar el trámite tras detectar numerosas inconsistencias en el primer estudio de factibilidad y los sustentos iniciales para justificar la obra.

En ese estudio no se incluyeron datos sobre los análisis de mercado, los informes técnicos y los documentos sobre riesgo a desastres. Tampoco los aspectos ambientales, legales y administrativos para decidir sobre incursionar en la fase de inversión.

La pasada Administración, con Alejandro Muñoz Villalobos como presidente ejecutivo, trazó un plan que apuntaba la entrada en operación de la terminal para 2026.

Según la intención, la refinadora debía aportar de su bolsillo $98.2 millones y el resto ($135,7 millones) provendrían de un crédito bancario. Dos de las opciones puestas sobre la mesa para encaminar el proyecto fueron gestionar una Alianza Público Privada (APP) o un Fideicomiso de Obra Pública (FOP).

Antes de que concluyera la pasada Administración, la presidencia ejecutiva a cargo de Muñoz promovió un convenio tripartito con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) para mantener a flote el plan.

La terminal planteada incluía el sistema de carga de cisternas, el sistema contra incendios, las interconexiones, los equipos de medición, de automatización y un tanque de 8 mil metros cúbicos (m3) para almacenamiento de diésel. En la terminal, también se instalaría un sistema para almacenar, importar y distribuir productos como GLP, diésel y gasolinas (como Súper o Regular).

En caso de continuar el proyecto, la refinadora deberá completar la etapa de preinversión. Luego, gestionar por cuenta propia o a través de terceros, cualquier estudio, permiso, autorización o licencia que se requiera.

En febrero de este año, en otro intento por buscar vías para ejecutar la obra, el Departamento de Gestión de Proyectos de Recope, consultó a la oficina legal si existía la posibilidad de desarrollar el proyecto por la vía de la concesión. Pero, se estableció que la empresa no está habilitada legalmente para ceder a terceros la administración del monopolio estatal de refinación, importación, distribución o comercialización de los derivados del petróleo con fines energéticos.