Recope pagó ₡602 millones en abogados extranjeros para defenderse por fiasco de refinería

Las secuelas por la fallida modernización de la refinería en Moín de Limón siguen pasando factura. Y sí, de verdad que pasan factura.

El proyecto, impulsado por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Compañía Nacional de Petróleo de China Internacional (CNPCI), comenzó a andar entre titubeos en 2009.

Sin embargo, desde 2013 fue frenado ante múltiples irregularidades señaladas por la Contraloría General de la República (CGR).

Recope y CNPCI conformaron la empresa conjunta Sociedad Reconstructora Chino Costarricense S.A (Soresco). No obstante, desde 2016 el gobierno costarricense anunció su deseo de romper el vínculo. Acto seguido, la contraparte china entabló un proceso de arbitraje que actualmente se dirime en la Corte Internacional de Arbitraje de Londres (LCIA, por sus siglas en inglés).

Precisamente, por esa pugna la refinadora tuvo que pagar 602 millones de colones durante 2018 para que un bufete internacional se mantenga al frente del caso en colaboración con el departamento jurídico de la entidad.

Recope destinó $50 millones en capital social para Soresco. Pero, pese a la magnitud de la inversión, la modernización de la refinería nunca pasó del papel y el dinero invertido fallidamente fue consumido en gastos operativos de la empresa conjunta.

¿Haciendo qué? Justamente, el Ministerio Público mantiene abierta una investigación penal contra 9 empleados de la sociedad por el posible desvío de $70 millones que habrían tenido que usarse en la polémica obra.

Durante el año pasado los millones que fueron pagados al bufete internacional se financiaron a partir de ingresos varios obtenidos por la entidad y no por recursos provenientes de la tarifa que pagan los consumidores de combustibles. Un monto similar se podría cancelar por ese mismo concepto para este año (el proceso podría resolverse en 1 año más).

"(…) los servicios legales del bufete de abogados contratados para defender a Recope en el arbitraje internacional invocado por CNPCI. Debe aclararse que dichos gastos han sido financiados con la cuenta de otros ingresos, pero no con ingresos tarifarios. También se incluyen los gastos por remuneraciones de los abogados internos que llevan la coordinación del caso y el desarrollo de otras actividades relacionadas con la liquidación de Soresco (…) En 2019 se continuará con el proceso arbitral y los servicios legales correspondientes se financiaran con la partida de otros ingresos", recalcó la institución, en el Estudio Ordinario de Precios 2019 planteado a finales de marzo ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

Audiencia inicial

Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de la refinadora, viajó a Inglaterra en marzo anterior para representar a la institución en la primera audiencia del caso. Se trató de un encuentro en el que cada parte habló sobre sus argumentos y brindaron insumos de interés para el tribunal.

"Eso es lo que por ahora está pasando. Es una audiencia que prepara el tribunal arbitral para recibir todos los insumos de la empresa china y Recope para tener todos los elementos que los lleven a las conclusiones del laudo", explicó el funcionario, tras una entrevista brindada a este medio el 14 de marzo.

Entre 2013 y 2016 ambas partes intentaron -sin éxito- llegar a un acuerdo para continuar con el proyecto, hasta que en abril de ese último año el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) anunció la separación fundamentada en esa imposibilidad de consensuar una ruta a seguir.

No es poca cosa. Por ejemplo, en 2018, Soresco devoró $336.823 en los últimos 2 años fracasaron en 2 intentos de la refinadora estatal en tribunales con acciones para frenar el uso de recursos en Soresco mensuales en salarios y gastos operativos al mínimo.

Por si fuera poco, Soresco tiene libre potestad para gastar $2 millones anuales sin ningún control. ¿Por qué? Así lo estipula el AEC, firmado entre ambas partes en 2009 durante la administración Arias Sánchez (2006-2010).

Tras las detenciones realizadas en noviembre del año pasado por la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), Recope confiaba en que ahora sí los asiáticos accedieron a ponerle punto final a Soresco.

El panorama es aún más complejo, si se toma en cuenta que el Poder Ejecutivo no contempla una refinería en sus planes nacionales a futuro.