Recope paga ¢90 millones al año por tres asesores en comunicación
El community manager de la autónoma gana más de ¢1 millón al mes
La Presidencia Ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) contrata a tres asesores en comunicación por los que paga más de ¢90 millones al año entre salario, aguinaldo y salario escolar.
Esos asesores fueron designados en tres de las cuatro plazas de confianza que tiene a disposición la Presidencia Ejecutiva de la entidad autónoma. El cuarto asesor es un profesional en Derecho que brinda servicios además a la Junta Directiva.
Los salarios de los tres asesores en comunicación son elevados en comparación con los que devengan profesionales en esa misma área en el sector privado. Además de esos tres consejeros, Recope cuenta también con un Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas que tiene su propio personal de comunicación.
La asesora de la Presidencia, Karen Asch, quien ocupa el cargo de "asesora en comunicación" desde el agosto del 2016, devenga un salario bruto mensual de ¢2.747.467.
Entre sus funciones, la Presidencia Ejecutiva de Recope reportó a CRHoy.com que se dedica a formular y dirigir "la implementación del planeamiento estratégico de la comunicación empresarial, interna y externa, con un enfoque integral".
Ella "coordina con el Departamento de Comunicación y Prensa y la persona encargada de la comunicación digital la implementación de estrategias y planes de comunicación específicos para los temas de interés, situaciones de crisis y resguardo de la imagen empresarial" y "orienta la gestión de prensa y la atención de los tópicos sensibles para la opinión pública", entre otras seis funciones.
Recope también paga ¢2.914.094 por una "asesora de género y comunicación digital". La plaza la ocupa desde junio del 2013 Ericka Brenes quien aconseja sobre estrategias de comunicación digital, coordina "proyectos de mejoras digitales del portal web, la intranet, aplicaciones móviles, Gobierno Abierto, Datos Abiertos, Gobierno Digital, Mercadeo Digital y actualización y diagramación de contenidos".
Brenes, según la información que remitió Recope, se encarga de coordinar la Comisión de Igualdad y No Discriminación y realiza materiales digitales de divulgación, avance de proyectos y presentaciones, entre otras funciones, como ser el enlace en temas empresariales.
Al iniciar el actual Gobierno y la gestión del presidente ejecutivo Alejandro Muñoz Villalobos, la Refinadora contrató, en agosto del año pasado, a un "asesor en redes sociales", plaza que ocupa Javier Castro, es decir, un community manager.
En el mercado laboral nacional, ese puesto ofrece salarios entre los ¢300.000 y los ¢600.000 según datos que pudo recabar este medio.
Pero en Recope, el funcionario que desempeña esas labores devenga un sueldo mensual bruto de ¢1.067.873 por manejar los perfiles de la autónoma en redes sociales.
Según la Presidencia Ejecutiva, el empleado define estrategias de comunicación digital basadas en el uso de las redes sociales empresariales, establece una política de atención y respuesta, elabora el Protocolo de Gestión de Crisis, da cobertura en tiempo real a los eventos, ferias, conferencias de la entidad y a "atender el contenido entrante, dar respuesta oportuna, gestionar denuncias y dar seguimiento", entre otras.
Imagen: ¿Por qué tanta preocupación de Recope?
Recope ha enfrentado tiempos turbulentos producto, entre otros factores, del fallido proyecto de construcción de una refinadora de petróleo en Moín en conjunto con el gobierno de China que le ha costado mucho millones de dólares en pérdidas al Estado costarricense.
Ese asunto desembocó en noviembre del año pasado en la detención y posterior liberación, con medidas cautelares, de cinco empleados de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense S.A. (Soresco). Según la Fiscalía, esas personas habrían malversado cerca de $70 millones que aportaron los gobiernos de Costa Rica y de China para el desarrollo de la refinadora. A finales de enero pasado otros tres imputados en el caso no se habían presentado ante la Fiscalía.
Dicho proyecto nunca llegó a puerto y naufragó desde el 2013 cuando la Contraloría General de la República no otorgó su aval al detectar irregularidades en los estudios de factibilidad. No obstante, la empresa sigue operando con costos mensuales que se acercan a los $340.000.
Desde abril del 2016 el Gobierno buscó la salida de la empresa conjunta con China. Sin embargo, los asiáticos entablaron un arbitraje internacional.
Mientras tanto, Soresco puede gastar hasta $2 millones al año porque así se lo permite el Acuerdo de Empresa Conjunta que firmaron las naciones en el 2009, durante la administración de Óscar Arias Sánchez.
No es todo, la convención colectiva que disfrutan los empleados de Recope sigue siendo de las más onerosas del sector público. Su costo, además, se cubre con las tarifas que pagan los ciudadanos cuando compran combustible.
En el 2015 el gobierno pasado anunció que los beneficios adicionales para los empleados de Recope iban a disminuir en unos ¢5.000 millones al cabo de tres años. Sin embargo, las expectativas no se cumplieron pues al 2018 el costo de la convención colectiva más bien aumentó.
El diario La Nación informó en enero de ese año que mientras en el 2017 el costo de la convención colectiva fue de ¢23.625 millones, en el 2018 subió a ¢¢24.847 millones como consecuencia de un nuevo plus, pago de horas extras y vacaciones que encarecieron la convención en ¢1.200 millones.
El último caso que indignó al país y que involucra a la institución ocurrió durante la huelga contra la reforma fiscal.
En Moín, un empleado de mantenimiento presuntamente provocó daños a una esfera de almacenamiento de gas, supuestamente para sabotear el suministro de ese combustible en protesta por la decisión del gobierno del presidente Carlos Alvarado de impulsar la reforma fiscal que aumenta la carga tributaria.
A pesar de que un juez limonense condenó al empleado a dos años de prisión sin beneficio de ejecución condicional de la pena, en febrero pasado un Tribunal de Apelación anuló la condena contra el sospechoso y ordenó somete el caso a un nuevo juicio.
