Reclutamiento de policías municipales en riesgo de corrupción, prácticas indebidas y decisiones sesgadas
Informe de la Contraloría evaluó seis cantones y expone vulnerabilidades en el proceso para asegurar que los oficiales sean éticos y estén bien capacitados
Los procesos de reclutamiento y selección de oficiales de las policías municipales carecen de controles robustos y, tal como están planteados, abren la puerta a la corrupción, prácticas indebidas y decisiones sesgadas.
Así lo revela un estudio de la Contraloría General de la República sobre los cuerpos policiales de seis cantones: Barva, Flores, Heredia, Limón, San Carlos y Santa Cruz.
En la auditoría se evaluó la gestión de riesgos asociada a los procesos de contratación de los agentes encargados de la seguridad en esos municipios.
En total, 31 gobiernos locales cuentan con una policía municipal. El análisis medió las prácticas que realizan las municipalidades para asegurarse de contar con oficiales éticos y capacitados, así como para reforzar la transparencia y la integridad.
Pese a que la Ley N.° 9542, de Fortalecimiento de la Policía Municipal, estableció el marco legal para la creación de estos cuerpos, definiendo sus competencias y requisitos, la Contraloría determinó que la normativa aplicable se está ejecutando de forma desigual.
El informe concluye que las estructuras organizativas y normativas establecidas para el reclutamiento de policías en las seis municipalidades analizadas, así como la implementación y seguimiento de controles de integridad, son insuficientes.
Esta situación expone a los gobiernos locales a riesgos de corrupción y afecta la confianza pública.
Por ello, la Contraloría considera necesaria una estandarización y mayor transparencia en los procesos, así como el fortalecimiento de los mecanismos de control y una capacitación continua del personal, para asegurar la integridad y la efectividad de las policías municipales.
El proceso de contratación presenta vulnerabilidades significativas en materia de integridad. Esto se evidencia en la ausencia de manuales, la inconsistencia en la aplicación de normativas y la falta de controles efectivos, lo que abre la puerta a prácticas indebidas y decisiones sesgadas.
Todo ello pone en riesgo la calidad y la legitimidad de la fuerza policial municipal. Además, la falta de programas de participación ciudadana y la ausencia de mecanismos para presentar quejas o sugerencias sobre el desempeño de los funcionarios policiales limitan la transparencia y reducen el involucramiento de la ciudadanía.
Esto debilita la confianza de la comunidad en sus cuerpos policiales y disminuye la efectividad en la prestación del servicio.
Verificar la idoneidad del personal policial también representa un desafío. Según la auditoría, es vital establecer controles que incluyan la revisión de antecedentes administrativos y judiciales, la consulta de listas de inelegibles, la validación de documentos y la aplicación de un periodo de prueba, todo debidamente documentado.
Otro reto es la contratación en plazas fijas. En el caso de Barva, por ejemplo, uno de los principales desafíos es que los agentes sean nombrados en plazas permanentes reflejadas en el presupuesto ordinario de la municipalidad.
En el cantón de Limón, por su parte, no se aplica el periodo de prueba a los policías municipales, a pesar de que se trata de un territorio con altos índices de criminalidad.