Rechazan borrador de estudio de costos como prueba de caso Barrenador

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública rechazó un borrador del Estudio de Razonabilidad de Costos que intentó utilizarse como prueba del caso Barrenador en la audiencia de apelación de medidas cautelares que se desarrolló este miércoles.

Según ha trascendido, en este borrador no se reflejaban sobreprecios en algunos aspectos de la adjudicación a terceros, pero presentaba errores en las diferencias entre los montos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y lo ofertado por las cooperativas.

Cabe recordar que el estudio oficial y final recomendó declarar la adjudicación de las 10 áreas de salud como infructuosa, ya que presentaban excesos en puestos, alquileres, salarios, entre otros, es decir, las cooperativas estaban cobrando más de lo que le cuesta a la CCSS brindar el mismo servicio, según el Área de Contabilidad de Costs de la CCSS.

Con relación a la prueba que fue rechazada, el Ministerio Público ordenó el secuestro de esta para investigar su proveniencia, análisis e investigación en el proceso penal, tal y como lo permite el artículo 198 del Código Procesal Penal.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) aclaró que los documentos que sustentan la investigación han sido analizados por los diversos entes técnicos y por la Contraloría General de la República (CGR).

Además, resalta que en el caso del Estudio de Razonabilidad de Costos se obtuvo por medios oficiales como Sicop.

"Corresponde al único Estudio de Razonabilidad de Precios que ha formado parte de la licitación. Esta información oficial consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que fue el procedimiento de compra conocido por la Junta Directiva, según se consigna en sesión pública", aseguró la Fapta.

También, la Fiscalía verificó con la Dirección Financiera de la CCSS, la cual aseguró que los documentos formalmente emitidos son los que constan en SICOP y que no existen documentos previos oficiales en torno a este tema.

¿Qué evidenció el estudio oficial?

Una de las alertas que se hizo en el Estudio de Razonabilidad de Costos estuvo relacionada con los salarios especificados en las ofertas, ya que los sueldos de algunos perfiles, superaban los propios salarios de la CCSS.

Por ejemplo, en la oferta de Coopesalud, cooperativa adjudicada para administrar el área de salud de Pavas, se cotizó un salario para el director de ¢5.675.385 y según los sueldos de la CCSS, el pago por ese perfil es de ¢3.967.544; es decir, había una brecha de más de ¢1.7 millones.

Para demostrar los altos salarios, en el estudio técnico se resaltó que en los contratos se pagarían salarios que superan el de la presidencia ejecutiva y gerencias de la CCSS.

Según el estudio oficial y aprobado, por mes, los perfiles que superan los salarios de la CCSS tendrán un impacto de más de ¢225 millones al mes, aproximadamente ¢2.700 al año. Debido a que los directivos aprobaron el plazo del contrato por 10 años, este aspecto costará ¢27 mil millones más, que si se le pagara a profesionales de la CCSS.

En el caso del área de salud de Escazú, adjudicada a Coopesana, el estudio concluyó que los salarios superan a los de la CCSS en montos que exceden los ¢68 millones anuales. A esta cooperativa también se le adjudicó el área de salud de Santa Ana, con excesos de más de ¢72 millones al año en salarios, y la de San Francisco-San Antonio supera los salarios de la CCSS en ¢40 millones por año de administración.

En la adjudicación de La Carpio-León XIII y San Sebastián-Paso Ancho -adjudicadas a Asemeco- se superan los montos CCSS en ¢40 millones y ¢31 millones anuales, respectivamente.

Los directivos le adjudicaron a Coopesalud las áreas de salud de Pavas y Desamparados. De hecho, estos contratos son de los que más tienen excesos en los salarios, con hasta ¢1.000 millones de diferencia con respecto a los sueldos de la CCSS cada uno.

En el contrato del área de salud de Tibás -dado a Coopesaín- los salarios superan a los de la CCSS en ¢118 millones al año. A Coopesiba se le adjudicaron los contratos de San Pablo y Barva, con diferencias de ¢16 millones y ¢33 millones al año, respectivamente.

Para el presente concurso, las ofertas no cumplen, en consideración de los análisis y comparativos efectuados se establece que las ofertas superan las estimaciones en alguno de sus rubros de la estructura del precio, concluyó el informe de razonabilidad de costos.

Todos estos datos fueron conocidos por los miembros de la junta directiva de la CCSS en el proceso que los llevó a aprobar la adjudicación.

En la sesión N. 9459, Marta Esquivel, presidenta ejecutiva suspendida, dudó y dijo "yo quiero ver como revisaron salarios (…) yo no me puedo meter en salarios, en la minucia de la forma en que opera un negocio".