Recapturados por caso Madre Patria acuden a Sala IV
Los abogados de los imputados en el megacaso de fraudes conocido como Madre Patria acudieron a la Sala Constitucional mediante un recurso de hábeas corpus para intentar frenar la resolución que ordenó el regreso a prisión preventiva de 18 sospechosos, entre ellos un exjuez, abogados y empresarios.
La decisión de encarcelarlos nuevamente fue adoptada esta semana por el Tribunal Penal de San José. Un juez acogió una apelación presentada por la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada (FAEDO) y anuló la resolución dictada el 20 de febrero, mediante la cual se les había concedido la libertad bajo medidas cautelares menos gravosas.
El tribunal determinó que no existió un cambio real en las circunstancias de los imputados que justificara su liberación.
Según la resolución judicial, los arraigos presentados por las defensas —como nuevos domicilios, ofertas laborales o el respaldo de familiares para demostrar que no se darían a la fuga— ya habían sido analizados y descartados por instancias judiciales superiores.
El juez de apelación concluyó que las promesas de empleo y los lugares de residencia ofrecidos no acreditaban una permanencia ni una estabilidad reales. Estimó que el riesgo de fuga continúa vigente y que no podía garantizarse la permanencia de los sospechosos en el proceso penal mientras permanecieran en libertad.
La orden judicial estableció que los sospechosos permanecerán en prisión preventiva durante un periodo de cinco días. Ese plazo obedece a que, cuando fueron liberados en febrero de 2026, aún restaban exactamente cinco días para que venciera la prórroga de prisión preventiva que un tribunal les había impuesto previamente.
El objetivo de esta medida es que los imputados completen ese periodo pendiente. Durante ese lapso, la Fiscalía presentará una nueva solicitud ante el Tribunal de Apelación de Sentencia para ampliar la prisión preventiva mientras continúa la investigación.
Para los abogados defensores, esta actuación judicial resulta completamente irregular. Héctor Cascante, uno de los defensores del caso, afirmó que la decisión representa una grave vulneración del principio de legalidad.
Según el abogado, el Tribunal incurrió en un error al intentar "revivir" una prisión preventiva por cinco días cuando, en la práctica, esta ya se había extinguido.
La defensa sostiene que las detenciones fueron ordenadas sin una norma jurídica que las respalde y que una medida cautelar extinguida no puede restablecerse de manera apresurada mediante una prórroga.
Por esta razón, los abogados acudieron a la Sala Constitucional mediante un recurso de hábeas corpus para oponerse a la resolución, al considerar que vulnera el derecho a la libertad personal y al debido proceso, además de recordar que la prisión preventiva debe aplicarse de forma estrictamente excepcional.
Un constante ir y venir
El expediente Madre Patria investiga a una presunta organización criminal dedicada a despojar de bienes inmuebles a personas, principalmente extranjeras, para posteriormente cometer delitos como fraude, falsedad ideológica y legitimación de capitales mediante empresas de autobuses y otros negocios.
La discusión sobre las medidas cautelares en este expediente ha estado marcada por constantes cambios en los tribunales. En junio de 2024 se realizaron los allanamientos y las detenciones de los principales sospechosos.
Un mes después, un juzgado les impuso un año de prisión preventiva debido a la gravedad de los delitos investigados y al elevado riesgo de fuga. En julio de 2025, un juez sustituyó esa medida por arresto domiciliario para varios de los imputados.
La Fiscalía apeló esa decisión y, en noviembre de 2025, el Tribunal ordenó que los implicados regresaran a prisión. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, el Tribunal de Apelación prorrogó la prisión preventiva por dos meses más.
El 20 de febrero de 2026, otro juzgado les concedió la libertad al considerar que los sospechosos habían acreditado suficientes arraigos en el país.
La Fiscalía aclaró, mediante un comunicado, que esa decisión respondió exclusivamente a la valoración realizada por el juez sobre el riesgo de fuga y no a un debilitamiento de la investigación.
Finalmente, el 27 de julio de 2026, el Tribunal Penal revocó esa resolución y ordenó la recaptura de los imputados para que cumplan los cinco días de prisión preventiva que habían quedado pendientes.