Racsa necesita $25 millones para seguir operando
Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa) necesita del ICE una inyección de $25 millones para mantener la operación, luego de varios años golpeada por factores como el alza del tipo de cambio y una caída de liquidez.
La situación se expone en el estudio Análisis para el fortalecimiento Patrimonial de RACSA, mediante la capitalización por parte del ICE, de mayo de este año, catalogado como confidencial y dado a conocer por el Semanario Universidad.
El problema financiero se origina por la necesidad de una recomposición del patrimonio de Racsa y se descarta que la entidad acumule pérdidas, según el informe.
El estudio analiza tres escenarios para el periodo 2026–2031: sin capitalización, con una propuesta de $13 millones y la de $25 millones.
Sin capitalización, Racsa sufriría una mayor presión de liquidez y un alto endeudamiento. La opción de $13 millones, inicialmente propuesta en noviembre de 2025, daría una mejora en el corto plazo, pero se descartó por considerarse insuficiente en el panorama actual de 2026.
La institución recomendó entonces el escenario de $25 millones como monto mínimo, más adaptado a las presiones financieras actuales. Este aporte se daría en tractos hasta el 2028, empezando con $13 millones este mismo año.
Gerente reconoció situación crítica
El gerente general de Racsa, Mauricio Barrantes, advirtió al ICE, en una carta enviada en abril, que sin esta inyección la empresa enfrentaría vulnerabilidad financiera, poca capacidad de inversión, de respuesta operativa y de crecimiento sostenible.
Barrantes reiteró que los $25 millones son el escenario ideal y pidió confidencialidad en el tema.
En la carta, en funcionario indicó que ese monto se usará en temas como atender la liquidez, fortalecimiento patrimonial, proteger inversiones ya ejecutadas, continuidad del despliegue 5G, reducir la presión de endeudamiento, entre otros objetivos.
La solicitud debe ser revisada y aprobada por el Consejo Directivo del ICE. CR Hoy consultó a Racsa y al ICE por el estado de esta operación, pero aún se espera respuesta de ambas entidades.
Esta no es la primera vez que Racsa requiere de un rescate de este tipo. La empresa estuvo casi al borde de la quiebra luego de la apertura de las telecomunicaciones y arrastró varios años de déficits, a pesar de recibir un salvamento de más de ₡3.000 millones del ICE en 2011.
Golpes recientes afectaron operación
El estudio menciona cuatro factores críticos que llevaron a Racsa a la vulnerabilidad financiera actual.
El primero de ellos es que asumió con recursos propios el despliegue de la tecnología 5G durante 2025. La empresa pretendía hacerlo con un crédito del Banco Nacional tramitado desde 2024, pero el préstamo se atrasó y se concretó hasta febrero de este año.
Luego de este gasto, el efectivo disponible cayó un 89,6%: de ₡17.418 millones en noviembre de 2024 a ₡1.815 millones en febrero de 2026.
El segundo factor es el alza en el tipo de cambio del dólar. El 68% de los ingresos de Racsa están en dólares y al convertirlos en moneda local significan menos colones. Este factor castiga el margen de utilidad y la generación de efectivo.
La empresa también sufrió una reducción de ingresos asociados al Proyecto 5G FWA ICE, de internet fijo inalámbrico. El Consejo Directivo del ICE recortó las metas de ventas en comparación con lo planteado originalmente, hasta un 96,3% menos en ingresos.
El cuarto elemento son nuevas inversiones no previstas a inicios de 2026. Para el proyecto 5G la empresa debió comprar 100 radiobases adicionales que se financiaron con el crédito del Banco Nacional, pero el gasto igualmente aumentó la carga financiera que soporta la empresa.
A eso se suma una inversión de $3,8 millones para un proyecto digital con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), adjudicado a finales de 2025 y que quedó fuera del presupuesto inicial de este año.
Racsa enfrentaría riesgos sin capital nuevo
El estudio establece que Racsa se enfrentaría a 11 riesgos empresariales sin la capitalización solicitada de $25 millones. Ocho de ellos se catalogaron como de nivel extremo.
El principal de ellos es la falta de liquidez, que desencadenaría otra serie de amenazas. Los demás son pérdida de ingresos, dificultad para acceder a financiamiento, interrupción parcial o total de actividades y servicios, mayor vigilancia política con posibles reestructuraciones, rezago y desventaja competitiva, oferta comercial obsoleta y pocas posibilidades para desarrollar nuevos servicios y débil planificación estratégica.
Otros tres riesgos se clasificaron como de nivel alto. Estos son la exposición mediática e impacto reputacional, incertidumbre laboral interna y dificultades para ejecutar la responsabilidad socioambiental.
El análisis estima que los riesgos más críticos representan un impacto económico potencial de hasta ₡950 millones cada uno.
