¿Quién es y cómo operaba “Chanchita”? El abogado de la Zona Sur requerido en Texas por narcotráfico
Carlos Manuel Solórzano Campos, de 55 años, abogado y notario colegiado, vecino de Ciudad Neily, en Corredores de Puntarenas, al sur del país, es el costarricense más recientemente detenido por las autoridades nacionales para someterlo a un proceso de extradición.
Conocido policialmente con los alias de "Chanchita" o "Wakanda", es requerido desde 2019 por el Gobierno de EE. UU. para ser llevado ante una corte en Texas, donde será juzgado por trasiego internacional de estupefacientes.
Este costarricense, el extraditable número 18, fue investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y habría participado en la movilización de alijos de droga mediante una ruta que tenía como punto de partida Costa Rica, con vínculos en varios países de Centroamérica y con destino final en Estados Unidos.
La Fiscalía General confirmó que la solicitud fue elevada desde el Tribunal de Distrito Este de Texas, el mismo que consiguió la extradición del exmagistrado Celso Manuel Gamboa Sánchez y del líder narco del Caribe, Edwin Danney López Vega, alias "Pecho de Rata" o "Diosito".
De acuerdo con la información suministrada por las autoridades estadounidenses, Solórzano formaría parte de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, con operaciones en Sur, Centro y Norteamérica.
Esa estructura se encargaría de importar grandes cantidades de cocaína mediante el uso de lanchas rápidas, buques de carga y de pesca, embarcaciones semisumergibles, aeronaves y transporte terrestre.
La captura fue ejecutada la mañana de este jueves por la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en colaboración con agentes de la DEA, y se realizó en vía pública.
Tras su captura, "Chanchita" fue trasladado al Tribunal Penal de San José para la audiencia inicial del proceso, en la cual el Ministerio Público solicitará la detención provisional por dos meses, según lo establece la normativa para estos casos.
"Lo que sigue es indudablemente el traslado a San José, lo ponemos a la orden del tribunal para que ya se giren las medidas correspondientes privativas de libertad y ya pues aquí empieza el proceso como ha ocurrido con los otros extraditables, que es ya poner a las personas al tanto de la acusación, informarle al gobierno de los EE. UU. y empezar toda la triomitología que ha venido durando algunos meses en los casos anteriores", explicó el director a.i. del OIj, Michael Soto.