¿Qué puede llegar a hacer el Gobierno con 31 diputados en el Congreso? Le explicamos
El Partido Pueblo Soberano, de la presidenta electa Laura Fernández, alcanzó 31 diputados en la Asamblea Legislativa, lo que representa que tendrán mayoría simple (la mitad de los presentes más un voto) de los 57 congresistas que integran el Plenario.
Esto le deja el camino libre al nuevo gobierno para aprobar leyes ordinarias. Si están todos los legisladores en una votación, se requieren 29 votos, pero cuando hay quórum mínimo para sesionar de 38 diputados, la mayoría simple más baja posible es de 20 votos, una cifra cubierta fácilmente por el nuevo oficialismo.
Por el contrario, para aprobar reformas constitucionales, elegir magistrados o dar aval a endeudamiento externo, el oficialismo tendrá el camino un poco más complicado, pues requerirá 38 votos en el Congreso, lo que se le conoce como mayoría calificada.
Poder y control
Una fracción de 31 curules puede aprobar, reformar o derogar leyes ordinarias sin necesidad de contar con los votos de la oposición. Esto incluye modificaciones en áreas clave como educación, impuestos, seguridad ciudadana, tránsito o administración pública, siempre que no se trate de reformas constitucionales o materias sujetas a votaciones especiales.
Otro de los principales poderes que tendría el bloque de Fernández sería la capacidad de incidir de forma determinante en la agenda legislativa.
Aunque formalmente esta se construye de manera proporcional entre las jefaturas de fracción, una fracción mayoritaria puede imponer con facilidad una agenda centrada en sus propios proyectos.
También podrá tener el control y las presidencias de las principales comisiones legislativas, que es el primer filtro donde se reciben los proyectos de ley, se estudian, se discuten y se les hacen cambios antes de pasar al Plenario para su votación o archivo.
La aprobación del Presupuesto Nacional sería otro de los instrumentos de poder más relevantes. Con 31 votos, el oficialismo tiene margen para aprobar o modificar el plan de gastos del Estado sin necesidad de negociar con la oposición, lo que le permitiría orientar recursos hacia sus prioridades políticas y administrativas.
Pero esta facultad también podría convertirse en una herramienta de presión frente a otros poderes constitucionales, como el Poder Judicial o el Tribunal Supremo de Elecciones, al incidir en la asignación de sus recursos.
Comisiones y órganos internos del Congreso
En materia de nombramientos que requieren mayoría simple, el control legislativo sería casi absoluto. El directorio legislativo —incluida la Presidencia de la Asamblea— probablemente quedaría en manos del partido de gobierno, lo que a su vez le daría la potestad de integrar todas las comisiones legislativas.
Desde esos espacios se define qué proyectos avanzan, cuáles se frenan y cuáles se envían a consulta o archivo.
El oficialismo podrá también controlar las comisiones de control, como Ingreso y Gasto Público y las especiales de investigación. Este órgano históricamente ha investigado casos de corrupción de cada Gobierno de turno.
Además, algunas designaciones de jerarcas, como en ciertos procesos vinculados a la Defensoría de los Habitantes o la Contraloría General de la República, podrían resolverse sin necesidad de pactar con otras bancadas, dependiendo del tipo de votación exigida.
El bloque oficialista también tendría control efectivo sobre el ejercicio del control político. Con mayoría simple, podría convocar u obstaculizar la convocatoria de ministros a rendir cuentas en el plenario o en comisiones, así como evitar la creación de comisiones investigadoras cuando lo considere conveniente.
Ese mismo poder serviría para blindar al Ejecutivo, ya que ninguna interpelación ni eventual moción de censura prosperaría sin el visto bueno de la fracción de gobierno, y mucho menos una destitución política, que exige al menos 38 votos.
Límites
Pese a ese amplio margen de maniobra, el oficialismo enfrentaría límites importantes. Con 31 diputados no podría reformar la Constitución Política de buenas a primeras, una tarea que exige mayoría calificada de 38 votos en distintos momentos del procedimiento legislativo.
Tampoco tendría los votos suficientes para nombrar o destituir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni para impedir su reelección cuando corresponda, procesos que igualmente requieren dos tercios del Congreso.
En el plano de los vetos presidenciales, aunque un presidente puede frenar una ley aprobada por el Congreso, el levantamiento de ese veto —conocido como resello— demanda en varios casos mayoría calificada.
Con solo 31 curules, el oficialismo no tendría la fuerza necesaria para imponer su criterio si se produjera un conflicto institucional de ese tipo, aunque esta herramienta suele estar más en manos de la oposición que del propio Gobierno.
La aprobación de empréstitos internacionales de alto impacto también seguiría fuera de su control automático, ya que muchos de estos convenios financieros requieren el respaldo de 38 diputados.
Lo mismo ocurre con proyectos objetados por el TSE o por la Corte Suprema de Justicia, que solo pueden ser ratificados mediante mayoría calificada. Finalmente, aunque el oficialismo podría dominar la agenda ordinaria, no tendría cómo impedir que la oposición recurra a la Sala Constitucional para frenar proyectos polémicos.
Basta con la firma de diez diputados para enviar una iniciativa a consulta de constitucionalidad, lo que abre la puerta a retrasos o eventuales anulaciones, incluso frente a una mayoría parlamentaria sólida.
En síntesis, una fracción de 31 diputados le daría al gobierno de Laura Fernández un control amplio sobre la legislación ordinaria, el presupuesto, la agenda parlamentaria y los principales órganos internos del Congreso, consolidando un poder político poco común en la historia reciente del país.
Sin embargo, seguiría atada a contrapesos constitucionales clave en materias como reformas a la Carta Magna, nombramientos judiciales, grandes decisiones financieras y control constitucional, lo que obligaría al oficialismo a negociar con la oposición en los temas más sensibles del Estado costarricense.
De acuerdo con el abogado constitucionalista Marvin Carvajal, pese a no tener mayoría para aprobar reformas importantes a la Constitución, sí podrían utilizar el referendo mancomunado como un camino paralelo para impulsar algunos cambios.
Al no tener 38 votos, tendrían que tratar de conseguir apoyo en fracciones de oposición y, si no, podrían buscar reformas parciales mediante referendos para no tener que negociar, al impulsar una votación de este tipo desde el Poder Ejecutivo y que posteriormente sea refrendada por los 31 chavistas.
No obstante, se mantiene el filtro constitucional de los temas que no se pueden someter a referendo: las materias presupuestaria, tributaria y fiscal, así como los asuntos de pensiones, derechos humanos, seguridad, moneda y la aprobación de empréstitos.
La oposición del chavismo estará conformada por 17 diputados de Liberación Nacional (PLN), siete del Frente Amplio (FA), una de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y otra más de la Coalición Agenda Ciudadana.
Con 31 diputados en la Asamblea Legislativa, el futuro gobierno de Laura Fernández contaría con una mayoría simple que le permitiría ejercer un control político y legislativo significativo durante el próximo periodo constitucional, que arranca el 1.º de mayo próximo y se extiende hasta 2030.