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¿Qué pasó con la supuesta red de trata que operaba en un restaurante en San José?

Luego de 30 detenciones en el 2018, el caso se mantiene en la etapa final de investigación

Por Johel Solano | 3 de Nov. 2020 | 10:40 am

(CRHoy.com) Todos los miembros de una supuesta mega red de trata de personas, que operaba desde un popular restaurante en San José, cumplen medidas cautelares, mientras el caso se encuentra en "la fase final de investigación".

Se trata de una organización de 30 personas, detenidas en setiembre del 2018, y que son señaladas por presuntamente movilizar a 110 víctimas orientales hasta Costa Rica. Aquí, eran explotados laboralmente en restaurantes y supermercados.

El principal sospechoso del caso es un hombre de apellido Cen, y ya salió de prisión, luego de que cumpliera prisión preventiva por más de un año.

Según explicó la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, él se mantiene cumpliendo medidas cautelares de impedimento de salida del país, mantener domicilio fijo y no obstaculizar la investigación.

Cen fue el último miembro en quedar en libertad, pues, en agosto del 2019, la Fiscalía confirmó que otros miembros de la banda – un abogado, un policía de Migración y un oficial de Fuerza Pública- llegaron a pagar fianzas que oscilan entre los ¢40 y ¢100 millones de colones.

Las detenciones del 2018 fueron sumamente mediáticas. Incluso las autoridades expresaron que se presume que los extranjeros eran prácticamente esclavos en los comercios.

Para operar, la banda reclutó 11 agentes de Migración y Extranjería y usaban la marisquería en San José, como centro de operaciones.

Así operaban

Las autoridades identificaron al hombre de apellido Cen como el coordinador del traslado de los migrantes desde China hacia Costa Rica. Él era administrador de un reconocido comercio de comida en La Sabana.

Además, señalan a un abogado de apellido Azofeifa por el uso de documentos falsos. Él habría coordinado con funcionarios de Migración para obtener los permisos de trabajo o de estancias temporales para los orientales.

Un total de 11 funcionarios son investigados por presuntamente facilitar sellos oficiales y hasta tenían puertas identificadas para sacar a las víctimas por medio del Aeropuerto Juan Santamaría o en puestos fronterizos terrestres.

Cada funcionario ganaba entre ¢2 millones y ¢4 millones, los cuales eran entregados en efectivo. En el país, cuando los migrantes llegaban tenían 2 opciones, salir hacia Norteamérica o bien quedarse en el país y trabajar en abastecedores o restaurantes.

  • Los líderes de la organización tenían contactos en Asia, Europa y Sudamérica. Allí reclutaban a las víctimas y les ofrecían un mejor futuro y trabajo.
  • Las víctimas pagaron $22 000 dólares, prometiéndoles regularizar su situación migratoria
  • Tenían 2 destinos: quedarse en Costa Rica o ir a Estados Unidos – Canadá.
  • Ingresan por medio de facilidades que les daban los agentes de migración reclutados.
  • En el país había otra organización que colocaba a las víctimas en locales comerciales.
  • Las autoridades señalan que los líderes de la mega red de trata ganaron más de $2.4 millones de dólares por el trasiego de 110 personas que eran explotadas laboralmente. De ellos, 3 eran menores de edad.

Las fianzas

En 2019 la Fiscalía dio a conocer las millonarias fianzas:

  • Un policía de migración de apellido Moscarella pagó una fianza de ¢60 millones de colones. Él debe firmar cada 15 días en la Fiscalía, mantener domicilio, no realizar trámites migratorios y no salir del país.
  • Un abogado de apellido Azofeifa pagó una fianza de ¢100 millones de colones. Además debe firmar cada mes en la Fiscalía y cumplir con el impedimento de salida y no realizar trámites migratorios, entre otros.
  • Un oficial de Fuerza Pública de apellido Mata pagó ¢40 millones colones de fianza. Debe firmar cada 15 días en la Fiscalía, mantener trabajo y domicilio y cumplir con el impedimento de salida del país.
  • Un Inspector de Migración de apellido Murillo canceló una fianza 2 millones colones y cumple medidas cautelares.
  • Un comerciante de apellido Muñoz pagó una fianza de ¢2 millones colones y descuenta otras medidas.
  • A estas personas se unen 24 imputados más que están sujetas al proceso y descuentan diferentes medidas cautelares.
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