¿Qué hará el futuro presidente de Corte ante polémica con normas sobre crimen organizado?

(CRHoy.com) En los últimos seis meses, la incertidumbre merodeó en los pasillos de los tribunales del país, luego de que en el caso policialmente conocido como Cochinilla, la defensa alegara la derogatoria parcial de la Ley contra la Delincuencia Organizada (8.754).

La postura de los representantes legales de los imputados fue adoptada por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, sin que este determinara efecto alguno en el trámite del escándalo de presunta corrupción.

Pasaron los días y otros juristas empezaron a plantear argumentos similares, lo que derivó en múltiples resoluciones tan diversas como cada uno de los expedientes. En ocasiones, los jueces concluyeron que la norma en cuestión se mantiene vigente, pero en otras, dispusieron que esta fue derogada por un error de la Asamblea Legislativa que se consumó con la fugaz entrada en vigencia de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (9.481), el 14 de octubre de 2019.

La eliminación de los numerales 2, 3, 6 excepto el inciso D, 7 y 9 se concretó en el momento en que venció el efecto suspensivo que habían otorgado los diputados en la ley 9.591, a la ley 8.754, que postergaba la aplicación de la segunda, debido al faltante de presupuesto para su puesta en marcha. El retraso de la puesta en vigor se publicó hasta 16 días después, espacio en el cual la derogatoria se dio, aún y cuando la nueva jurisdicción no empezó a funcionar.

Esa posición de la derogatoria llevó a la liberación de sospechosos de narcotráfico, lavado de capitales, homicidios, robos agravados entre otros crímenes violentos, tales como las estructuras criminales conocidas como "Los Gery" o la "Banda del Acetileno", como ha reportado en las últimas semanas CRHoy.com. También ha motivado la apertura de causas y la interposición de querellas contra decisores por fallar en uno u otro sentido.

La Fiscalía General de la República sostiene que la ley aplica en su totalidad, mientras que dos de los tribunales más importantes del país, decenas de abogados y hasta el Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa tienen un criterio opuesto.

Por todo lo anterior, este medio consultó a los aspirantes a presidir la Corte Suprema de Justicia de qué manera plantean afrontar esta polémica, así como si plantean apoyar o presentar algún proyecto de ley en aras de despejar las dudas existentes. A continuación las respuestas que dieron por medio de su oficina de prensa:

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

La Jurisdicción Penal, el Ministerio Público, la Defensa Pública, La Medicatura Forense, la Oficina de Protección a las Víctimas son oficinas destinadas a regular la afectación de esos bienes jurídicos importantes, sus decisiones y actuaciones inciden en la seguridad de los habitantes, con ellos habrá que coordinar para lograr la eficiencia y la eficacia para controlar las diferentes formas de delincuencia y contribuir a un país más seguro.

Orlando Aguirre Gómez

No impulsaría desde la Presidencia ningún proyecto para la derogatoria de la Ley contra la Delincuencia Organizada, pues me parece que es una normativa muy importante para el ejercicio correcto de la judicatura. Sí estaría de acuerdo en modificaciones que faciliten su aplicación, sobre todo en el tema del costo. No conozco el contenido de propuestas de reforma y, sobre ellas, cuando se consulten a la Corte, emitiré el criterio que corresponda.

Roxana Chacón Artavia

Actualmente, hay una iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa, el expediente 23.208 denominado Ley para restituir la declaratoria de procedimiento especial en la lucha contra la delincuencia organizada: modificación de la Ley No. 8754. El proyecto busca la reforma de cinco artículos y restablecer el artículo 2. Me parece que si el proyecto se aprueba vendría a dar mayor certeza y seguridad jurídica a los jueces penales que resuelven temas de delincuencia organizada.

Patricia Solano Castro

Por mi función jurisdiccional como magistrada de la Sala Tercera (máxima instancia en materia penal), mantengo un impedimento para referirme en torno al tema en consulta, ya que se trata de un aspecto jurídico que podría ser de mi conocimiento en la resolución de asuntos.

Luis Fernando Salazar Alvarado

Uno de los objetivos que me he propuesto de llegar a ser electo presidente de la Corte es el de impulsar mecanismos para garantizar el principio de justicia pronta y cumplida, para ello promoveremos las reformas y proyectos necesarios. En relación con el tema concreto de su pregunta, las acciones a tomar se basarán en un análisis mesurado, tomando en consideración las dudas que se han generado en cuanto a la aplicación de la normativa, y del pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Penales de la Corte Suprema de Justicia.