PUSC solicita intervención de la Defensoría ante posibles cortes de agua en Paraíso
Legislador advirtió sobre la afectación que sufrirían los vecinos del cantón en caso de concretarse la suspensión
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) solicitó la intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) para evitar un eventual corte del servicio de agua potable en el cantón de Paraíso, Cartago, anunciado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
La petición fue enviada por Alejandro Pacheco, jefe de fracción del PUSC, quien envió un oficio a la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert. En el documento, el legislador advirtió sobre la afectación que sufrirían los vecinos del cantón en caso de concretarse la suspensión del suministro.
"Como diputado de la provincia de Cartago y en representación del cantón de Paraíso, solicito urgentemente a la Defensoría de los Habitantes, su intervención y de ser posible su intermediación en esta controversia, con el propósito de evitar que se provoque la afectación en el suministro de agua potable a los vecinos del cantón de Paraíso", expresó Pacheco.
La disputa se originó debido a una factura que el AyA envió a la Municipalidad de Paraíso, por un monto de ₡46.985.022, correspondiente al consumo de agua potable del mes de abril de 2025.
De acuerdo con el Instituto, la fecha de vencimiento del recibo fue el 20 de mayo, pero se concedió una prórroga hasta el 1.º de junio con el objetivo de evitar afectar a la población. Sin embargo, ante la falta de pago, el AyA advirtió que este lunes 2 de junio que procedería a cortar el servicio en la comunidad.
El pasado 29 de mayo, el alcalde de Paraíso, Michael Álvarez, se reunió con autoridades del Instituto, a las cuales había manifestado su disposición a cancelar el monto mediante una modificación presupuestaria. No obstante, el AyA indicó que la gestión debía presentarse por escrito y con justificación técnica, trámite que, según la institución, no se concretó.
Un día después de encuentro, el gobierno local cambió de parecer y publicó un comunicado en el que rechazó la factura. El ayuntamiento calificó el cobro como "impertinente, ilegal y coercitivo", pues considera que se trata de una obligación inexistente.