Puerto Caldera: Concesionaria pagó mismo canon por 15 años, pero tuvo millones en ingresos

(CRHoy.com).- Pese a los ingresos millonarios que obtienen las concesionarias Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) y Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (SPGC), el pago por el mantenimiento del principal puerto del Pacífico costarricense es el mismo desde hace 15 años.

El dato se extrae del rechazo que hizo la Contralora de la República, Marta Acosta, a una apelación presentada por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico ante el informe DFOE-CIU-IF-00008-2021, "Auditoría sobre el cumplimiento del INCOP en el control de las concesiones de dicho puerto".

La familia de Calixto Chaves, consejero, amigo y exfinancista de campaña del presidente de la República Rodrigo Chaves, tiene participación en la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) y la Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (SPGC).

El 20 de junio pasado, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que procuran extender por 5 años el contrato con la SPC. Dicha compañía es la operadora de la terminal desde el 2006 y tiene contrato vigente hasta agosto del 2026. La ampliación extendería el plazo hasta el 2031.

Con respecto a la Terminal Multipropósito, se definió un presupuesto anual de $565.500, según el modelo financiero de la concesión. Y la Terminal Granelera no se establece un presupuesto anual, sino que el plan base es mantener un nivel de servicio que garantice el cumplimiento de la cláusula 3.9 del contrato:

"El Concesionario se responsabiliza de realizar un efectivo mantenimiento de las obras objeto de este contrato de concesión, de acuerdo con los términos del Plan de Mantenimiento aprobado por el INCOP. Por lo tanto, el Concesionario deberá estar pendiente de la prevención y solución de los problemas que se presenten a causa de su uso normal, durante toda la etapa de explotación del proyecto. Por lo tanto será responsabilidad del Concesionario brindar al usuario siempre el nivel de servicio para el que la terminal granelera fue diseñada."

Sin embargo, los ingresos de los concesionarios son millonarios. En el Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, presentado por el consorcio Arcadis y Camacho y Mora, en enero del 2020, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se determinó que en total del 2008 al 2016 la SPC y la SPGC habían obtenido ingresos por más de $293 millones.

"Sin embargo, a pesar del crecimiento en la carga atendida, el monto de mantenimiento anual de la infraestructura portuaria se ha preservado constante durante los más de 15 años que lleva el contrato de concesión, sin que la Administración (INCOP) haya buscado solventarlo, a partir de las posibilidades contractuales y que el ordenamiento jurídico le ofrece, de frente a la obligación que tiene de garantizar la prestación óptima del servicio", señaló en la Contralora en su respuesta al INCOP.

Incluso, Acosta manifestó que en el momento que el INCOP o la concesionaria se percataron de que el citado monto original y referencial establecido en el contrato ya resultaba insuficiente para mantener en estado óptimo la infraestructura portuaria, "era ese el momento de que se tomaran las decisiones pertinentes, de modo que la operación portuaria pudiera contar con recursos suficiencias para atender y mantener adecuadamente las instalaciones".

Tan claro tenía el INCOP dicha situación que hasta el 2018 realizó una licitación abreviada denominada "Contratación de servicios profesionales para la actualización del valor de reposición de la infraestructura portuaria en Puerto Caldera, definición de las condiciones normales de operación y flujos financieros requeridos para cumplir esas condiciones".

Una de las principales conclusiones del estudio fue que se requería una inversión de $2.376.371 para volver a condiciones normales de funcionamiento. Sumado a esto, el Área Financiera de las Concesiones de la Unidad Técnica de Supervisión y Control, indicó en un oficio del 18 de diciembre del 2020 que la propuesta planteada no implicaría un riesgo financiero para la concesión.

"Por este motivo, la propuesta del Informe IF-OP-18-35-320 del Consorcio Consultores Portuarios (Bar Winder-Camacho y Mora) con un incremento propuesto en el gasto anual de mantenimiento y reparación en obra civil (US$1.462.910) y en la inversión en infraestructura requerida para alcanzar el estado normal de operación (US$2.367.318), no implicaría financieramente un riesgo para la estabilidad de la concesión, debido a que la nueva TIR calculada (25,42%) sobrepasa la TIR garantizada contractualmente (14,30%), por lo que dicha propuesta podría ser asumida por la Concesionaria SPC S.A.".

¿Por qué se definió un monto anual de mantenimiento de tan solo  $565.500? La Contraloría explicó que el citado monto fue establecido como un monto acorde con las necesidades que Caldera requería al momento del procedimiento cuando se estaba negociando la concesión en el 2007.

"Sin embargo, ese monto fue establecido, para efectos de comparación de ofertas y no como un monto fijo inmodificable durante la ejecución de las concesiones, bajo el entendido de que este monto debe adaptarse a las cambiantes condiciones durante la ejecución contractual", señalaron.

Dentro de los alegatos presentados por el INCOP ante la Contraloría y que objetaban el estudio hecho por dicha institución, están que el aumento de la carga que se moviliza en Puerto Caldera se ha incrementado y ha cambiado, pues antes era para carga paletizada y actualmente la carga es contenedorizada y a granel, y el Puerto arrastra al menos 25 años de atraso, por lo que no se puede llegar a la eficiencia que se requiere.

Sin embargo, esto fue rechazado, ya que el estudio se centró en el cumplimiento de los procesos de supervisión y fiscalización del INCOP sobre las concesionarias, de acuerdo con el marco normativo y las condiciones contractuales pactadas.

"Acerca de la obsolescencia, antigüedad y naturaleza de las naves y del estado y tamaño de sus respectivas grúas, debe considerarse que estas grúas son equipos de terceros que no forman parte de la relación contractual analizada, por lo que no debe interferir en el logro por parte de los concesionarios de las productividades acordadas y contractuales (…) en cuanto las limitaciones con que opera el Puerto, siendo que la responsabilidad del correcto desempeño del referido Puerto, así como de la ejecución de cada uno de los contratos suscritos recae sobre ese Instituto, el abordaje de la problemática indicada y que, según se indica, es de muy vieja data, llevan a concluir que corresponde a la Administración, en primera instancia, el emprender las acciones pertinentes y oportunas, para abordar y solucionar las referidas limitaciones", concluyó la Contralora.