Pueblo Soberano omitió presentar reporte por ₡453 millones en certificados de cesión al TSE

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó a CR Hoy que notificó al Partido Pueblo Soberano (PPSO), de la candidata presidencial chavista Laura Fernández, una prevención por no presentar el reporte de las personas, medios de comunicación o entidades bancarias que figuran en la colocación de ₡453 millones en certificados de cesión correspondientes al período de octubre y noviembre, información que debía ser entregada a más tardar el 15 de diciembre anterior.

El jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Rónald Chacón Badilla, explicó mediante correo electrónico que la prevención n.° PREV-DFPP-0210-2025 fue notificada este lunes.

"Adicionalmente, se considera importante indicar que en la información financiera correspondiente a noviembre de 2025 —cuya fecha de presentación venció el 15 del presente mes— el PPSO reveló ingresos acumulados, para el período octubre–noviembre de 2025, por la colocación de certificados de cesión por un total de ₡453.000.000,00 (cuatrocientos cincuenta y tres millones de colones exactos). Ante la ausencia del reporte de colocación correspondiente, este órgano técnico se encuentra a la espera de la remisión de la información solicitada en ambas prevenciones, cuyo plazo se encuentra en curso", señaló Chacón.

Según el TSE, el certificado de cesión es un instrumento de financiamiento anticipado, con un valor nominal determinado, mediante el cual una organización política inscrita a escala nacional o provincial puede ceder, parcial o totalmente, los montos que eventualmente le correspondan por concepto de contribución estatal. Su reconocimiento depende de los resultados electorales y del proceso de revisión de la liquidación de gastos del partido cedente, por lo que no constituye un derecho puro y simple, sino un derecho eventual.

Estos certificados solo pueden colocarse a personas físicas nacionales, medios de comunicación colectiva e instituciones bancarias, como instrumento de garantía. Posteriormente, y tras la revisión de las liquidaciones de gastos, los tenedores pueden aspirar a su canje por bonos del Estado o al reconocimiento en dinero ante el Ministerio de Hacienda.

En relación con los reportes de financiamiento del mismo partido, el Tribunal informó que también se emitió otra prevención por no presentar el reporte correspondiente a la colocación de certificados de cesión por ₡1.000.000, cuya fecha límite de presentación vencía el 17 de noviembre pasado.

"Conforme al informe financiero remitido por el Partido Pueblo Soberano correspondiente al mes de octubre de 2025 —cuya fecha de presentación venció el 17 de noviembre— se registran ingresos por concepto de colocación de certificados de cesión por un monto total de ₡1.000.000,00 (un millón de colones exactos). La agrupación política omitió la presentación del reporte de colocación, por lo que, mediante la prevención n.° PREV-DFPP-0201-2025, del 8 de diciembre de 2025, notificada el 10 de diciembre, y cuyo plazo vence el 5 de enero de 2026, se solicitó al PPSO la entrega de dicha información, entre otros requerimientos", añadió Chacón.

Donaciones millonarias

El jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos explicó que, según los reportes presentados por el Partido Pueblo Soberano, hasta el momento no se ha identificado registro de préstamos debidamente formalizados con entidades bancarias o personas físicas.

"De acuerdo con la información financiero-contable presentada, las principales fuentes de financiamiento reportadas son, en primer lugar, la colocación de certificados de cesión y, en segundo lugar, la recepción de donaciones. También se registran ingresos de menor cuantía por concepto de cuotas de afiliación y membresías. A la fecha, no se ha encontrado registro de préstamos formalizados con entidades bancarias o terceras personas", indicó el funcionario.

El reporte público de donaciones, disponible en la página oficial del TSE, señala que el PPSO recibió ₡38.820.601 entre el 2 y el 31 de octubre de 2025, provenientes de 47 personas. Los aportes van desde los ₡5.000 hasta los ₡4.950.000.

Entre los donantes figuran Carlos Valenciano Kamer, quien estuvo vinculado al canal de televisión OPA, con una donación de ₡557.092; el candidato a diputado Boris Marchegiani, con ₡125.000; y la candidata a diputada Mayuli Ortega Guzmán, con un aporte de ₡10.000. La donación más alta fue realizada por una mujer identificada como Betty Romero Salazar, por ₡4.950.000.

Otro reporte presentado por la agrupación política indica que, entre los meses de junio, julio y agosto, se registraron donaciones por un monto total de ₡43.787.496. En ese período destacan aportes de hasta ₡5.000.000 de una persona identificada como Juan Carlos Obando y otro de ₡10.000.000 realizado por Mario Antonio González.

Estas corresponden a las donaciones reportadas para ambos períodos:

Financiamiento oficialista

El pasado 23 de junio, la Fiscalía General de la República acusó formalmente a siete integrantes de los Supremos Poderes de la República por presuntos delitos electorales relacionados con el financiamiento de la campaña presidencial de 2022 del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Entre los acusados figuran Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República; Pilar Cisneros Gallo, diputada del PPSD; Arnoldo André Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores; y Stephan Brunner Neibig, exvicepresidente de la República.

En la acusación también se incluye a Luz Mary Alpízar, diputada y presidenta del PPSD; Paola Nájera Abarca, diputada de esa agrupación política; y Julio "Waldo" Agüero Sanabria, también diputado del PPSD. El expediente judicial es conocido como el caso "Financiamiento Jaguar".

La acusación fue presentada meses después de que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyera un informe final de investigación preliminar en el que atribuyó posibles delitos electorales a Chaves, André y Brunner. Según ese informe, los señalados habrían participado en la presunta utilización de dos estructuras paralelas —al margen del PPSD— para recaudar y administrar recursos destinados a la campaña presidencial de Chaves.

Una de esas estructuras es el fideicomiso Costa Rica Próspera (CRP), creado con el objetivo de captar y custodiar fondos. El fideicomiso fue constituido y administrado por André Tinoco, el entonces candidato Rodrigo Chaves y otros financistas de la campaña, a través de la empresa ATA Trust Company S.A., la cual está vinculada al actual canciller.

La Fiscalía General sostiene que los acusados participaron o tuvieron conocimiento de la creación de dicho fideicomiso, el cual fue utilizado para recibir financiamiento de campaña fuera de las cuentas oficiales del partido político, en contravención de lo establecido por el Código Electoral.

La segunda presunta estructura paralela utilizada para el financiamiento de la campaña de Chaves habría sido ejecutada por el banquero Jack Loeb Casanova, financista del actual mandatario, y Sofía Agüero Salazar, exasistente de campaña de Chaves e hija del diputado Julio "Waldo" Agüero. Este caso se investiga en un expediente penal separado, debido a que los imputados no forman parte de los Supremos Poderes de la República.

De acuerdo con la investigación, Loeb habría realizado una donación de 200.000 dólares a las campañas de Rodrigo Chaves y Julio Agüero, mediante la intermediación de Sofía Agüero, quien recibió los fondos en sus cuentas personales, al margen de la tesorería del partido político. El Tribunal Supremo de Elecciones advirtió que esta estructura habría operado entre el 2 de setiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022.

La acusación presentada por la Fiscalía se encuentra ahora pendiente de ser conocida por una comisión de magistrados que deberá conformarse en la Corte Suprema de Justicia.