El proyecto de ley "ruinoso" para el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) entró en una especie de limbo. (CRH).

En su recta final, el proyecto de ley calificado como "ruinoso" para el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) se complicó en la Asamblea Legislativa y su futuro ahora es incierto.

Los diputados tienen frenada su votación en segundo debate -uno de los últimos pasos para convertirse en ley de la República- por temor de que la iniciativa sea vetada posteriormente por el Poder Ejecutivo.

El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, comunicó el jueves que si el proyecto recibe votación en segundo debate, recomendará al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que vete la ley.

Pero tampoco hay voluntad política para retirar la iniciativa del Plenario Legislativo, donde se encuentra en este momento, y devolverla a la Comisión Especial de Cartago, que la dictaminó afirmativamente el 3 de noviembre de 2017.

La diputada Emilia Molina, del PAC, aboga por devolver el texto a la comisión dictaminadora. (CRH).

Los legisladores que integran este órgano legislativo acordaron el jueves pedir autorización al Plenario para regresar el texto a la comisión, pero la propuesta no reunió los 38 votos necesarios para hacerlo.

La idea de devolver el proyecto a la comisión es para que se elimine el artículo 5, que establece el pago de una bonificación, adicional a las prestaciones, a unos 769 a ex funcionarios del banco por el fin de la relación obrero patronal.

"El proyecto entró en una especie de limbo y esto es grave porque los trabajadores esperan que se apruebe en segundo debate", comentó Emilia Molina, una de las legisladoras que representa a Cartago.

Impacto financiero

El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, dijo que recomendaría al presidente Luis Guillermo Solís vetar la iniciativa, si se aprueba en segundo debate. (Daniela Abarca/CRH)

La Casa Presidencial vetaría la ley, si se aprueba en segundo debate, por los criterios negativos emitidos por la Dirección General del Presupuesto Nacional, la Tesorería Nacional, el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones (Supen) y el interventor de Bancrédito, Marco Hernández.

Este último estimó que indemnización a los ex funcionarios del banco, adicional al pago de las prestaciones laborales para cada uno, tendría un costo que rondaría los ₡2 mil millones o ₡3 mil millones.

El interventor advirtió a los legisladores que la iniciativa sería ruinosa para el banco porque afectaría su patrimonio.

"El texto actual del proyecto, en especial el artículo 5, constituye un riesgo financiero para el país, las opiniones de las entidades expertas evidencian que aprobar esta legislación es una decisión inapropiada en la actual coyuntura fiscal, por lo que, cumpliendo mi mandato como Ministro de la Presidencia, aconsejaría al Presidente de la República vetar la iniciativa en caso de aprobarse con las debilidades que las entidades de gobierno ya han señalado ante la Asamblea Legislativa", indicó Alfaro.

La diputada Molina reconoció que lo mejor es aprobar el proyecto sin el artículo 5.

Para ello, dijo que cada uno de los legisladores debería pedir el próximo lunes a sus fracciones los votos necesarios para que el Plenario pueda devolver el texto a la comisión dictaminadora y hacer la modificación.