Proyecto para que trabajadores elijan sus vacaciones afectaría al Poder Judicial

21 de Sep. 2026 | 11:14 am
Poder Judicial

Edificio de la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto de ley que busca darles a los trabajadores mayor libertad para elegir cuándo disfrutar sus vacaciones afectaría el funcionamiento del Poder Judicial, según un dictamen presentado ante la Corte Plena.

El texto ahora regresa a la Asamblea Legislativa y para ser aprobado como ley necesitaría al menos 38 votos.

La magistrada Roxana Chacón, de la Sala II, explicó que la propuesta pretende reformar el artículo 155 del Código de Trabajo para otorgarles a los trabajadores la iniciativa de fijar las fechas de sus vacaciones. Para ello, deberán presentar previamente una propuesta al patrono.

El empleador tendría que aceptar las fechas solicitadas, salvo que afecten gravemente el funcionamiento de la empresa. En ese caso, deberá plantear una alternativa para intentar alcanzar un acuerdo con el trabajador.

¿Cómo afectaría el proyecto al Poder Judicial?

Un informe de la Dirección Jurídica y la Dirección de Gestión Humana advierte que el Poder Judicial enfrentaría dificultades para coordinar los turnos en despachos con poco personal o funcionarios altamente especializados.

La iniciativa también podría aumentar los gastos relacionados con las sustituciones de personal, los aguinaldos, el salario escolar, el equipo y la capacitación de los trabajadores eventuales.

Otro riesgo serían las sustituciones por periodos breves, pues dificultarían la adecuada capacitación de los reemplazos.

Además, el proyecto complicaría la planificación de los cierres colectivos. Actualmente, el esquema utilizado por el Poder Judicial permite que la mayoría de los funcionarios disfrute de sus vacaciones al mismo tiempo. Durante esos periodos, la institución suspende la tramitación ordinaria de expedientes, pero mantiene la atención de los asuntos urgentes.

Según el informe, trasladar la iniciativa a cada trabajador limitaría la potestad del Consejo Superior y de las jefaturas para programar de manera estandarizada los cierres institucionales.

El Frente Amplio presentó el proyecto de ley.