Proyecto para bajar impuesto a combustibles afectaría recursos a instituciones
(CRHoy.com).- El proyecto de ley que pretende bajar el impuesto único a los combustibles afectaría a diferentes instituciones que reciben recursos de ese tributo.
La iniciativa legislativa se denomina "Ley para la Reactivación Económica, la Generación de Empleo y la Prosperidad" y busca la modificación de los artículos 1 y 3 de la Ley 8114, "Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias". Actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos.
Una tercera parte de dicho impuesto, por litro de combustible, se distribuye de la siguiente manera: un 66% a la Caja Única del Estado a cargo del Ministerio de Hacienda; un 29% al Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi); un 4% al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) y un 1% se divide entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y a la Cruz Roja.
El objetivo de hacer las reformas, según los legisladores que presentaron el proyecto, es para que Costa Rica sea más competitiva con el resto de Centroamérica, ya que es el país que tiene los precios más altos de los combustibles.
Indicaron que si el impuesto se nivela a los porcentajes del resto de la región, el mercado nacional se podría dinamizar.
Según los diputados, por medio de un efecto multiplicador en el Producto Interno Bruto (PIB), éste podría aumentar en ¢780 mil millones y permitiría una recuperación parcial de los recursos fiscales por medio del IVA y del impuesto sobre la Renda, de al menos 42% del costo fiscal incurrido con la rebaja impositiva.
Sin embargo, la Contraloría, mediante un criterio enviado a Roberto Thompson, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, el 27 de setiembre pasado, advirtió que dicha iniciativa afectaría los ingresos a estas instituciones.
"Se sugiere valorar el eventual impacto de este proyecto", señaló el ente contralor.
Indicaron que es relevante considerar que el Impuesto Único sobre Combustibles, desde su creación, consolidó diferentes gravámenes ya existentes, algunos de los cuales tenían un propósito específico, tanto de orden ambiental como para la financiación de infraestructura vial y su mantenimiento.
Los diputados que impulsan esta iniciativa son todos de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).