Proyecto del Gobierno para regular minería genera posiciones divididas en el Congreso

La advertencia de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la posible inconstitucionalidad del proyecto del Gobierno para reactivar la minería a cielo abierto en Crucitas San Carlos, prohibida desde el 2010, generó reacciones encontradas entre los diputados. Mientras algunos respaldan el criterio del ente contralor, otros lo califican de inoportuno y alejado de la realidad que se vive en la zona.

El informe de la CGR señala que la propuesta del Poder Ejecutivo podría violentar el principio de no regresión ambiental, que impide retroceder en los niveles de protección ambiental ya alcanzados.

Además, cuestiona que se le otorgue al Consejo de Gobierno la potestad de adjudicar las concesiones mineras, sin una justificación técnica que respalde esta elección, lo que podría afectar la transparencia del proceso; también critica que la recuperación ambiental dependa sólo de un 20% del canon minero, que además puede destinarse a obras públicas.

La diputada independiente Kattia Cambronero, integrante de la Comisión de Ambiente, respaldó el criterio de la Contraloría, pues considera que la explotación buscada por el gobierno es un retroceso. La legisladora recordó que además de la minería a cielo abierto, el país prohíbe la utilización de mercurio y cianuro."Desde la presentación del proyecto de ley que permitiría la explotación en minera en la zona de Crucitas, manifestamos que dicho proyecto no era viable constitucionalmente, pues la minería metálica cielo abierto está prohibida en Costa Rica desde 2010 mediante la ley número 8904 que reformó el Código Minero", expresó.

Cambronero añadió que su despacho presentó una iniciativa que busca promover una minería artesanal regulada y con beneficios para las comunidades.

Desde el Frente Amplio, la diputada Priscilla Vindas también reconoció que ve positivamente el pronunciamiento, pues ella y su bancada se oponen a la exploración y explotación de minerales que Zapote propone para la Zona Norte.

Por su parte, Pilar Cisneros, diputada oficialista y jefa de fracción del Progreso Social Democrático (PPSD), desestimó la posición de la CGR.

"¿Qué más riesgo para el medio ambiente que el desastre ambiental que están causando ahí todos los oreros ilegales? Eso sí es un riesgo país. Toda la porquería que están dejando, todos los químicos que están usando, todos los ríos que están contaminando.

"Como siempre la contraloría pronunciándose en contra de poner orden y de que el oro se quede en Costa Rica en lugar de que se lo sigan robando", afirmó.

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) mostró posturas divididas. Monserrat Ruiz , diputada por Alajuela, indicó que el informe se está analizando con seriedad para considerar sus recomendaciones.

Mientras que Katherine Moreira, también liberacionista e integrante de la Comisión de Ambiente, señaló que las decisiones en Crucitas han sido "erráticas" y han provocado "consecuencias ambientales graves".

"Es evidente que se requieren acciones firmes, aunque no necesariamente en la línea del proyecto propuesto por el gobierno. Si se pretende avanzar en el aprovechamiento de este recurso, debe garantizarse que los beneficios económicos se distribuyan de manera equitativa, sirviendo como una herramienta real de desarrollo para la región, y que, además exista un compromiso claro con la recuperación del deterioro ambiental causado", indicó la legisladora.

La diputada independiente Cinthya Córdoba lanzó duras críticas al accionar institucional de los últimos gobiernos, incluida la Contraloría.

"¿Dónde estaba la Contraloría durante más de una década mientras el proyecto estaba estancado? El daño ya está hecho. Más bien, una buena administración permitiría regular la actividad, mitigar impactos y canalizar recursos a la conservación y al desarrollo local", opinó.

Córdoba añadió que el canon propuesto en el proyecto debe tener un enfoque ambiental claro, destinado a reforestación, servicios ambientales y compensaciones por daño ecológico. También señaló la posibilidad de usar estos recursos para saldar la deuda del país con los propietarios de terrenos dentro de parques nacionales.

Desde el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el jefe de fracción Alejandro Pacheco consideró "preocupante" que Costa Rica siga sin una regulación clara sobre minería en Crucitas.

"Hoy el oro se lo están llevando de manera descontrolada, sin que el Estado reciba los beneficios que le corresponden, y en muchos casos alimentando redes criminales.

"No podemos seguir permitiendo que el oro salga por canales informales, mientras el país no ve ni un colón y el ambiente paga las consecuencias", apuntó.