Proyecto contra estafas electrónicas sigue estancado en comisión legislativa
El proyecto de ley que busca proteger a los consumidores de estafas electrónicas continúa estancado en la Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa, pese a recibir un dictamen afirmativo desde hace varios meses.
Se trata del expediente 23.908, titulado "Ley de protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica, ya sea pública o privada, autorizada para este fin", presentado por el diputado Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional (PLN).
El texto se sometió a diversas mociones y modificaciones en la Comisión de Asuntos Jurídicos, hasta llegar a su versión actual. Posteriormente, se remitió a la Comisión Plena Tercera para su discusión en primer y segundo debate, proceso aún sin concretar.
Votación incierta
Actualmente, la Comisión Plena Tercera se encuentra discutiendo las mociones del expediente 23.843, referente a la "Ley para Organizaciones Socioproductivas". Mientras tanto, la votación del proyecto contra las estafas electrónicas sigue sin una fecha definida.
El aumento de casos y las críticas al texto provocaron que la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentara mociones de fondo, vía artículo 137, para modificar el contenido del proyecto. Con esos cambios, se retiró la responsabilidad directa de las entidades bancarias en casos de estafas informáticas.
Además, se eliminó un artículo transitorio que obligaba a las entidades financieras a reintegrar el dinero a las víctimas de estafa, siempre que hubieran presentado un reclamo administrativo antes de la entrada en vigor de la ley.
"Las entidades financieras, públicas y privadas, deberán proceder a la devolución de los recursos que logró identificar como provenientes de fraudes, siempre que cuente con suficientes elementos de prueba que permitan concluir el carácter ilegítimo de la transacción. Ni las entidades financieras ni sus funcionarios serán responsables por la devolución de dichos recursos cuando se trató de una operación ilegítima y no de una auto estafa según la definición de la presente ley", expone el texto actualizado.
Rol de la Sugef
También se descartó la participación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en la supervisión del protocolo de emergencia y atención que los bancos estarían obligados a implementar en estos casos.
"Las entidades financieras deberán reportar a la Superintendencia General de Entidades Financieras las cuentas, y las personas titulares de estas, que haya logrado determinar que han sido utilizadas para recibir fondos provenientes de fraudes electrónicos".
CR Hoy consultó al diputado Izquierdo, también presidente de la comisión, a fin de conocer el estatus del texto y una fecha tentativa para su votación. No obstante, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
ABC se pronuncia a cambios
Desde su presentación, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) manifestó su posición sobre el proyecto de ley que busca brindar mayor protección a las personas víctimas de estafas electrónicas.
En septiembre pasado, la entidad emitió un comunicado oficial en el que expresó su postura respecto a la iniciativa.
"Cualquier marco normativo que se genere con el fin de enfrentar las estafas bancarias debe mantener un equilibrio entre los deberes y derechos de todas las partes involucradas. Un elemento clave para ese balance es la inclusión de causales de exención de responsabilidad, particularmente cuando existe dolo —es decir, un fraude simulado por parte del propio usuario— o culpa grave, que corresponde a un descuido en el deber de resguardar claves y accesos a sistemas de banca en línea.
La ausencia de estas excepciones genera incentivos para el auto fraude y termina elevando los costos de todo el sistema financiero", señaló la ABC en el comunicado.
Por su parte, Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC, enfatizó sobre las responsabilidades.
"Las estafas bancarias son un fenómeno del crimen organizado que requiere un frente común. Los responsables son los criminales, no los bancos ni mucho menos las víctimas. Por eso es fundamental avanzar en un marco legal que equilibre derechos y deberes de todos los actores, para que se ataque la causa del problema y no se limite el acceso a los servicios financieros".
Asimismo, Mario Gómez, asesor jurídico de la entidad, insistió en cuál es la causa de la incidencia.
"Lamentablemente, la mayoría de los casos de estafas no se producen porque se vulneren los sistemas de seguridad de los bancos, sino porque las personas usuarias son engañadas por delincuentes. Esto evidencia la importancia de reforzar la educación financiera y digital, y de contar con una normativa equilibrada que distribuya de forma justa la responsabilidad, sin revictimizar a quienes han perdido sus ahorros".