Proyecto busca excluir inversión en educación pública de regla fiscal
Un nuevo proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa busca sacar la inversión en educación pública de las limitaciones impuestas por la regla fiscal, establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.412, parte de un texto elaborado por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y fue trabajado posteriormente por diputaciones que integran la Comisión Especial de Educación del Congreso.
El proyecto propone que quede excluida de la regla fiscal toda la inversión vinculada al derecho a la educación pública, desde preescolar hasta la educación universitaria, incluyendo los programas y servicios que garantizan el acceso, permanencia y conclusión de los estudios, como becas, comedores escolares y transporte estudiantil.
Según la propuesta, esta exclusión permitiría restablecer el cumplimiento del mandato constitucional que obliga al Estado a destinar al menos el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública. Dicho mandato fue reiterado recientemente por la Sala Constitucional, que señaló que ese porcentaje constituye un fondo de origen constitucional que no puede ser reducido ni condicionado por leyes ordinarias, como la regla fiscal.
El proyecto deberá ahora seguir su trámite legislativo, en medio del debate entre la necesidad de mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado en materia educativa.
¿Qué es la regla fiscal?
La regla fiscal es un mecanismo incorporado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que limita el crecimiento del gasto público cuando la deuda del Gobierno Central supera determinados umbrales del Producto Interno Bruto (PIB). Su aplicación establece topes anuales al aumento del gasto corriente —incluidos salarios, transferencias e inversión— y se vuelve más restrictiva conforme aumenta el nivel de endeudamiento del país.
Para este 2026 este límite al crecimiento del gasto público se fijó en un 5,81 %.
La norma es supervisada por el Ministerio de Hacienda y busca contener el déficit y estabilizar las finanzas públicas, aunque su implementación ha generado cuestionamientos por el impacto en áreas con protección constitucional, como la educación, la salud y la seguridad.