Proyecto busca excluir de elecciones a partidos que incumplan medidas contra violencia política hacia mujeres
Un proyecto de ley presentado en la corriente legislativa pretende impedir que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inscriba a los partidos políticos que violen las obligaciones establecidas en la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres.
La iniciativa —impulsada por la diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de la Mujer, Carolina Delgado Ramírez— propone reformas a dicha ley y al Código Electoral. Según la exposición de motivos, la sanción "resulta coherente con el principio de proporcionalidad reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos".
Nuevas obligaciones y sanciones
El texto plantea que los partidos deban entregar al TSE un informe anual sobre el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.
Además de la prohibición de participar en las elecciones, el texto propone que las agrupaciones que no cumplan y reciban deuda política sufran una retención del 50% de su contribución estatal por seis meses. Si el incumplimiento persiste, perderían ese monto de forma definitiva.
La ley vigente obliga a los partidos a:
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Garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y erradicar toda forma de discriminación y sexismo.
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Diseñar y aplicar políticas, protocolos y reglamentos para prevenir y sancionar la violencia política en todas sus estructuras y procesos internos.
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Crear órganos internos encargados de investigar denuncias por violencia política contra las mujeres.
La propuesta también introduce mejoras en los procedimientos, definiciones, plazos y medidas cautelares incluidos en la Ley n.° 10.235, y abarca responsabilidades de partidos, municipalidades, instituciones públicas y la Asamblea Legislativa.
Mayoría de partidos incumplen
En septiembre pasado trascendió que la mayoría de las agrupaciones políticas del país no cumplen con sus políticas internas en esta materia. Así lo advirtió la magistrada suplente del TSE, Wendy González, durante un foro especializado.
Datos del Tribunal indican que solo 13 partidos inscritos a escala nacional cumplen con la normativa, mientras que 21 la incumplen. En el nivel cantonal la situación es más grave: únicamente tres partidos aplican la ley y veinte la ignoran.
González recordó que, según el artículo 6, todos los partidos e instituciones públicas deben contar con políticas internas para investigar denuncias, con procedimientos y sanciones claras. El artículo 7 permite retener un 25% de la deuda política cuando una agrupación incumple, pero en la práctica no se aplica.
"Aquí aplica 'hecha la ley, hecha la trampa' —dijo—. Los partidos no reportan gasto en capacitación, sino solo en organización; por lo tanto, el TSE no tiene cómo retener ese rubro".
Hasta ahora ningún partido ha sido sancionado. La magistrada también aclaró que no corresponde al TSE investigar los incumplimientos, sino a cada organización mediante sus propios mecanismos internos.
En carne propia
La urgencia de fortalecer las medidas contra la violencia política hacia las mujeres no es un asunto abstracto. Un reciente estudio del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina y Kantar IBOPE Media reveló que cinco diputadas se han convertido en los principales blancos de agresiones en redes sociales.
Se trata de las liberacionistas Dinorah Barquero y Rosaura Méndez; la frenteamplista Sofía Guillén; y las independientes Johanna Obando y Gloria Navas.
Los ataques van desde amenazas a la integridad física hasta burlas por la apariencia e incluso "invitaciones" a abandonar sus cargos para dedicarse a labores domésticas.
De acuerdo con el informe, las amenazas a la integridad son la forma predominante de violencia que enfrentan las legisladoras. El estudio identificó cuatro tipos principales:
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Amenazas a la integridad (38 %): Advertencias o intimidaciones dirigidas a las diputadas, usualmente como reacción inmediata a posiciones políticas que contradicen las del Poder Ejecutivo u otros actores influyentes.
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Burlas sobre el físico y la edad (33 %): Memes y comentarios ofensivos que se generan a partir de declaraciones o posturas públicas de las legisladoras.
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Escarnio a las propuestas (15 %): Ataques que descalifican o ridiculizan las iniciativas impulsadas por mujeres, sin atender el contenido de sus planteamientos.
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Rol tradicional (14 %): Mensajes que buscan relegarlas al espacio doméstico y las "invitan" a abandonar sus funciones políticas.