Propuesta busca recortar pluses abusivos de 230 mil empleados públicos
100 mil empleados no se verían afectados, entre ellos policías y maestros
Los salarios mensuales de aproximadamente 230 mil empleados públicos están expuestos a modificaciones o recortes en caso de aprobarse la ley que pretende ordenar los pluses salariales del sector público.
Los beneficios que reciben esos empleados del sector público se sostienen con los impuestos que pagamos todos los costarricenses y con préstamos que adquiere el gobierno cada año para financiar la planilla pública.
El proyecto de ley que empezará a discutirse en la Asamblea Legislativa el próximo martes pretende ordenar y regular seis pluses salariales que inflan la planilla del sector público, sin modificar los salarios base de los servidores públicos.
Estos pluses salariales le salen más caros al Gobierno que los mismos salarios base, ya que por cada ¢100 que el gobierno paga en salario base, debe pagar ¢110 en pluses salariales. Para el 2016 el Gobierno pagó ¢5.8 millones de millones de colones en remuneraciones, monto que creció en 4.5% si se compara con los datos del 2015.
La planilla del Estado es uno de los principales disparadores del gasto público.
Los empleados que podrían ver reducciones en sus salarios son aquellos que reciben pluses repetidos o anualidades mayores al 2,56%, máximo propuesto en el proyecto de ley.
Sandra Piszk, Diputada PLN.
"Por ejemplo hay personas a las que actualmente se les paga prohibición y dedicación exclusiva al mismo tiempo, la ley indica que se les paga uno u otro. También las instituciones estarían en la obligación de revisar contratos y definir cuántos funcionarios con prohibición y disponibilidad necesitan en realidad y a aquellos a quienes no sea necesario pagarlo, se les deja de pagar" explicó Sandra Piszk, proponente del proyecto de ley.
Otro de los cambios importantes se notaría en el tema de las anualidades que tendrían un tope y además un sistema de evaluación más riguroso que el actual.
"Los cambios en las anualidades pueden aplicarse de inmediato. Este rubro es una expectativa de derecho y no un derecho adquirido, si usted es un buen empleado y tiene calificación excelente tiene derecho al beneficio y no se le afectará su salario, si no es buen empleado entonces no recibirá el beneficio. Nadie les va a tocar los salarios base, pero los pluses hay que revisarlos" agregó Piszk.
Quedarían fuera de la cobertura de la nueva ley aproximadamente 100 mil empleados que pertenecen al Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, al Ministerio de Educación Pública y a las instituciones que cuentan con salario único como los Bancos Estatales, la Contraloría General de la República o Correos de Costa Rica.
Además de dedicación exclusiva, prohibición y anualidades, la ley pretende regular otros pluses como la carrera profesional, disponibilidad y el zonaje.
¿Qué viene?
El proyecto de ley iniciará su paso por la Asamblea Legislativa el próximo martes, cuando llegue a la Comisión de Asuntos Sociales la Contralora General de la República, que dará la opinión legal de la institución con respecto a los cambios propuestos.
Los sindicatos de BUSSCO y Patria Justa fueron convocados para dar su opinión la próxima semana, sin embargo dijeron que no podrían asistir hasta finales de mes.
También fueron convocados a la comisión el Poder Judicial, el Ministerio de Hacienda, Presidencia, Ministerio de Trabajo, UCR, CCSS y la dirección de Servicio Civil.
Además se les consultó el proyecto a más de 200 instituciones desde diciembre anterior, incluyendo todo el sector público y las Municipalidades, sin embargo hasta este miércoles solamente 19 habían enviado sus observaciones al proyecto.
La presidenta de la Comisión, Karla Prendas, ve un panorama difícil para el proyecto. "Es complejo, hay muchos criterios encontrados y me parece que quién tiene que tener la definición es la fracción oficialista y el Gobierno pero ellos un día dicen una cosa, otro día otra, le dicen una cosa a los sindicatos y a los diputados nos dicen otras cosa… ya hay varias mociones y ni siquiera hemos empezado".
Laura Garro junto al legislador Franklin Corella en una sesión de Plenario
En el PAC indican que están abiertos a una discusión sana de todos los aspectos del proyecto y no descartan presentar algunas mociones. "No es un tema de cálculos políticos ni ganas de afectar a ningún trabajador en particular, es un tema que debemos abordar por responsabilidad fiscal. Estamos de acuerdo en la regulación de los pluses salariales y de convenciones colectivas, no tiene sentido que en un país como el nuestro existan 14 regímenes de empleo y lo que no se vale es que los sindicatos convoquen a huelgas y bloqueos solo por la discusión de un proyecto" agregó el diputado Franklin Corella.
El Frente Amplio se opone al proyecto de ley y apoya la iniciativa de los sindicatos de manifestarse en las calles, aseguran que ya preparan varias mociones de fondo en contra de los cambios que se proponen. "En el Frente Amplio no estamos de acuerdo, pero no lo hemos detenido. Nos ha tomado por sorpresa que el Gobierno cediera a presiones de cámaras de algunas fracciones y decidiera enviarlo a extraordinarias" explicó la diputada Patricia Mora.
"Hemos estado trabajando en mociones de fondo, es un proyecto inaceptable porque toca el estatuto de la negociación de convención colectiva y lo afectada en dos direcciones, primero se le quita a los sindicatos el monopolio que el código de trabajo da para la representación y la posibilidad de negociar sus condiciones salariales y segundo, establece que la convención colectiva caduca a los dos años si no es denunciada por alguna de las partes". agregó Mora.
Además, el Frente Amplio no está de acuerdo en tocar los pluses que ya han adquirido los trabajadores a lo largo de los años. El Gobierno aún no define si se le dará vía rápida al proyecto de ley o si se tramitará normalmente
Odiosas diferencias
Las diferencias salariales no solo existen entre los empleados públicos y privados, sino también a nivel interno del Gobierno; todas son generadas por los distintos pluses salariales a los que tienen acceso algunos trabajadores.
Por ejemplo, entre empleados del Gobierno Central y de las instituciones autónomas existe hasta un 600% de diferencia para un mismo puesto profesional.
Según el INEC, en el país hay 1.572.004 empleados, de ellos, solo 330.000 pertenecen al sector público y los demás al sector privado.
El ingreso promedio de los empleados privados ronda los ¢384.000 mientras que el promedio de los trabajadores públicos rondan ¢830.000 colones al mes.