Proponen tipificar el delito penal de “tráfico de tierras”
Proyecto presentado por el Frente Amplio
Árboles talados en el Caribe Sur. CRH/Con fines ilustrativos
El diputado del Frente Amplio (FA) Antonio Ortega presentó este miércoles una reforma al Código Penal y a la Ley Forestal, para tipificar el delito de "tráfico de tierras" y combatir la gentrificación.
Ortega indicó que al no existir un delito como este, ha impedido enjuiciar a personas o incluso empresas que se han valido de vacíos legales para afectar ecosistemas.
El frenteamplista agregó que el análisis de casos recientes donde se ha presentado este tráfico ilegal de tierras afectando Parques Nacional o Áreas de Conservación, incluso se puede constatar la figura del crimen organizado.
El proyecto también propone actualizar el delito de usurpación de tierras que se indica en el Código Penal, para adecuarlo a las necesidades actuales del patrimonio público.
El plan también extiende la responsabilidad penal a personas jurídicas, es decir, empresas que caigan en estas conductas delictivas.
"Hay un vacío legal donde las personas jurídicas estaban quedando exentos de ser juzgados de estos temas", indicó Ortega.
Comentó que el proyecto también aclara la estrecha relación entre los delitos ambientales y la corrupción en la función pública.
Recordó el ejemplo de la funcionaria del Sinac de apellido Rivera que no quiso seguir una orden del ministro de Ambiente, de borrar del mapa de una finca privada de un empresario afín al gobierno, los humedales que ahí se ubican y protegidos por la Convención Ramsar.
Penas
El proyecto de ley señala los siguientes cambios en la normativa.
Por ejemplo, el artículo 227 del Código Penal establecería una pena de prisión de 6 meses a 8 años de prisión o bien de 50 a 200 días multa cuando se den las siguientes situaciones:
- Ocupación ilegal de terrenos públicos
- Explotación de bosques nacionales sin autorización
- Explotación ilegal de minerales
- Abandono de terrenos después de explotación
- Promoción de explotación ilegal
Además, se agrega un artículo 227 bis para la responsabilidad penal a gerentes de sociedades.
También la reforma a la Ley Forestal en su artículo 3 para el delito de "tráfico de tierras", como la usurpación, apropiación ilegal y comercio de tierras.
Y una reforma a esa misma ley en su artículo 58 bis, para establecer una prisión de dos a ocho años por tráfico ilegal de tierras.
Se agrava la pena de cinco a 10 años de cárcel, si es realizado por servidores públicos o si se afectan áreas sensibles.
Y una pena de 10 a 20 años si es cometido bajo la modalidad de crimen organizado.
Ortega insiste que se debe actualizar la legislación al manejo de crimen organizado en este tipo de actividades que son cada vez más recurrentes.
La iniciativa inicia ahora su camino legislativo.