Proponen duplicar penas de cárcel por delitos ambientales
Ariel Robles, diputado del Frente Amplio. (Archivo/CRH).
(CRHoy.com) -La bancada legislativa del Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de ley para duplicar las penas de cárcel por delitos contra el patrimonio natural.
El objetivo principal de la iniciativa es permitir la aplicación de las herramientas contempladas en la Ley contra la Delincuencia Organizada, tales como la ampliación de los plazos de investigación y la posibilidad de realizar intervenciones de las comunicaciones y segundo, equiparar las condenas por delitos ambientales, al incluir el agravante de ser realizadas por organizaciones criminales.
El texto incluye adiciones en artículos puntuales de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley Pesca y Acuicultura y la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas.
En las tres legislaciones se aumenta, por el agravante de ser crimen organizado, en un 50% las penas de prisión cuando "…esas conductas ilícitas sean cometidas por un grupo estructurado de dos o más personas que haya existido durante cierto tiempo y que haya actuado concertadamente con el propósito de cometer dichos delitos."
De esta forma, los delitos ambientales serían considerados dentro de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que establece que "delito grave es el que dentro de su rango de penas pueda ser sancionado con prisión de cuatro años o más."
El diputado Ariel Robles mencionó que si se aprueba la iniciativa, se dotaría a la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público y a las demás autoridades de las herramientas jurídicas necesarias para investigar estas conductas ilícitas cuando son cometidas por redes de crimen organizado y castigarlas con penas mayores.
Según el legislador, en Costa Rica operan en la actualidad verdaderas redes de crimen organizado, como las dedicadas a la tala ilegal para la extracción de madera o al tráfico de especies de flora y fauna en peligro de
extinción.
Recordó que actualmente más del 95% de los delitos tipificados en la legislación existente se sancionan con el pago de multas o con penas de cárcel cuyo máximo es igual o menor a tres años, lo que hace más difícil sentar precedentes para evitar o disminuir crímenes similares en el futuro.
"La gran mayoría de los delitos ambientales no se consideran delitos graves, lo que genera una imposibilidad de aplicar a estos crímenes las herramientas existentes en la ley para perseguir a la delincuencia organizada y castigarla", dijo Robles.