Programa de UCR clama por mejores garantías en libertad de expresión tras condena a periodista

(CRHoy.com) El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica (Proledi-UCR) externó su preocupación por la condena por difamación impuesta el lunes contra el periodista Marlon Mora Jiménez.

Mediante un pronunciamiento, emitido horas después de que se conociera el fallo, el ente criticó la sentencia del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José contra el comunicador, por considerar que no se fundamentó en criterios de convencionalidad.

Dicha resolución ordenó al expresidente del Colegio de Periodistas (Colper) a cancelar una multa de ¢600.000 y ¢15 millones por daños morales, en perjuicio del abogado y excandidato presidencial, Juan Diego Castro Fernández.

A criterio del Programa, existe vasta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sostienen que la sanción penal "tiene graves consecuencias de autocensuras en el ejercicio de la libertad de prensa y en el control democrático de los asuntos públicos; y que resulta gravosa para el ejercicio de la libertad libre y desinhibido de la expresión".

Los académicos abonaron que las expresiones en asuntos de interés colectivo en el marco de una campaña electoral "se encuentran en especialmente protegidas".

En tal sentido, indicaron que "es cuestionable y preocupante que se condene al director de un medio de comunicación (canal Quince, de la Universidad de Costa Rica) por garantizar el amplio ejercicio de la libertad de expresión y de la crítica política de estudiantes universitarios.

Bajo esa línea, el Programa trajo a colación la sentencia del caso del excandidato Ricardo Nicolás Canese Krivoshein contra Paraguay, al destacar:

"El Tribunal considera indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades estatales que gobernarán un  Estado. La formación de la voluntad colectiva mediante el ejercicio del sufragio individual se nutre de las diferentes opciones que presentan los partidos políticos a través de los candidatos que los representan. El debate democrático implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información.  Es preciso que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad  e idoneidad de los candidatos, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones de manera que los electores puedan formar su criterio para votar".

También reseñó que en el caso del periodista Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica, la Comisión Interamericana alegó que las sanciones penales impuestas al comunicador provocaron un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión, acallando con ello información sobre asuntos de interés público.

Dicha instancia recalcó que los castigos penales sobre difamación, injurias y calumnias, cuando se refieren a manifestaciones de interés público, contravienen el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues no existe un interés social imperativo que justifique tal sanción.

"Nos sumamos a las voces que claman por avanzar hacia más y mejores garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en Costa Rica y rechazamos los intentos por debilitarla", puntualiza el pronunciamiento.

El caso que dio pie a la sentencia contra Mora Jiménez -quien anunció que apelará lo resuelto- es originado por una querella y una acción civil resarcitoria presentadas por Castro Fernández, a raíz de manifestaciones realizadas el 6 de diciembre de 2017 por una estudiante de Derecho de apellidos Campos Rodríguez, en el espacio de sátira Suave un Toque. Esas declaraciones se relacionaban al jurista, que entonces era el aspirante del Partido Integración Nacional (PIN).