Procuraduría se suma a investigación penal por compra de Parque Empresarial del Pacífico

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) se sumó a la causa penal 21-000209-1218-PE en la que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) investiga la presunta compra irregular del Parque Empresarial del Pacífico por parte del Fondo Inmobiliario de Inversión No Diversificado (FIIND) de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI).

¿En qué consiste esta acción? Apersonarse es comparecer o presentarse como actor involucrado en un asunto judicial o policial.

En este caso, la PEP confirmó ante consulta de este medio que participa de esa manera (como representante del Estado) en el proceso por la presunta compra con sobreprecio del inmueble de bodegas, ubicado en Caldera, Puntarenas.

De momento, la investigación penal no cuenta con imputados individualizados.

La Fiscalía tiene bajo la lupa esta adquisición tras la denuncia de un grupo de inversionistas de la SAFI, pues se pagó más de $70 millones por el parque en el 2020 y en el último avalúo, realizado a mediados de 2023, presentado ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval) se tasó su valor en $28 millones.

El inmueble fue comprado a una sociedad anónima vinculada con el exdiputado Humberto Vargas Corrales, quien fue diputado por San José del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en el período 2018-2022.

Debido a que varios funcionarios públicos del banco participaron en el Comité de Riesgos y el Comité de Inversiones, la PEP (que promueve la ética y la transparencia en el ámbito público) determinó que era necesaria su intervención desde el 22 de octubre de 2021.

"La Procuraduría de la Ética Pública está apersonada en la causa 21-209-1218-PE, sobre el caso de  Parque Empresarial del Pacífico, por parte de la SAFI del BCR.

Al encontrarse la causa en etapa de investigación en la Fapta, no podemos brindar mayor información", contestaron.

Directiva lo temía

La junta directiva del BCR en su sesión del lunes 4 de marzo del 2024, según el acta de sesión ordinaria 11-24 (virtual) se cuestionó si las presuntas irregularidades que se investigan por la compra del parque empresarial y otros posibles hechos ilegales podrían perjudicar directamente al banco, pese a que son inversiones que no pertenecen directamente a la entidad.

En el artículo 18 de la sesión discutida ese día, agendado como "Asuntos de la Junta Directiva General", la vicepresidenta del banco, Mahity Flores, se refirió a la responsabilidad que tienen los miembros de la junta directiva sobre las decisiones de aprobación que toma el Comité de Créditos y una posible repercusión con la Procuraduría General de la República (PGR).

Pese a que ya habían recibido un criterio jurídico por parte de 2 especialistas del banco, la junta directiva acordó encomendar a la Gerencia Corporativa Jurídica enviar una consulta general a la PGR sobre las posibles repercusiones.

En el artículo posterior, Flores se refirió nuevamente a la responsabilidad solidaria que podría tener el BCR sobre sus subsidiarias, por lo que también sugirió hacer una consulta sobre el tema.

"No es solamente un tema de (BCR) SAFI, porque la consulta iría, en general, respecto de las actuaciones de las subsidiarias que tiene este conglomerado y creo que lo prudente es, reitero, ir a la Procuraduría General de la República (PGR) a plantear el supuesto de hecho y la consulta", dijo.

Como parte del acuerdo se estableció un plazo de 3 semanas para la atención de este requerimiento, mismo que se cumplió el pasado mes de abril, por lo que se consultó al BCR por la respuesta que les dio la PGR.

Se consultó al banco por las respuestas emitidas por la PEP y, a través de un correo electrónico, la oficina de prensa indicó que a este 3 de mayo aún no tenían un resultado positivo.

Informe reciente

La Unidad de Investigaciones del BCR elaboró el informe FI-1074-2024, con fecha del 27 de febrero de este año, tras investigar hechos que habrían sucedido el 19 de junio del 2023 con la supuesta destrucción de 2 discos duros de computadoras institucionales.

Los equipos pertenecían a Juan Carlos Bolaños Azofeifa, exgerente de banca corporativa, y Álvaro Camacho de la O, quien fungió como subgerente de esa misma oficina, quienes renunciaron a sus cargos ese mismo día: el 19 de junio de 2023.

Los jerarcas bancarios habrían solicitado a una funcionaria, subcontratada por la entidad para servicios de Tecnologías de Información (T.I.) la destrucción de 2 discos duros que podrían contener información clave relacionada con la presunta compra irregular del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), situado en Caldera de Esparza de Puntarenas.

Ambos exfuncionarios habrían indicado a la ingeniera en sistemas que la orden de destruir los aparatos la giró Soto, quien este 29 de abril rechazó tales afirmaciones tras ser consultado por CRHoy.com al respecto.

Por esos señalamientos, la Unidad de Investigaciones del BCR sugirió al Ministerio Público abrir un proceso penal por supuesto incumplimiento de deberes. No obstante, a este 3 de mayo de 2024, no existía ninguna causas abierta contra Soto por este caso.

Según describe el oficio remitido a la fiscalía, la oficina que estuvo a cargo de investigar el caso se enteró de lo sucedido 4 días después de la desaparición de los archivos, por lo que se dieron a la tarea de buscar a donde se habían guardado.

Según lo expuesto por los criminólogos, la documentación que habría desaparecido tras la destrucción de los discos duros está relacionada con la adquisición del parque empresarial en el 2020.

El informe sugirió abrir una investigación penal contra Soto, debido a que ellos no pudieron determinar su participación en los hechos denunciados no obstante indicaron que pudo incurrir en un posible incumplimiento de deberes al presuntamente no denunciar lo acontecido con los equipos institucionales.

Tres expedientes juntos

La fiscalía unificó bajo una sola causa penal las investigaciones por la presunta compra irregular con sobreprecio del parque, la de la eliminación de la información en los archivos de altos mandos del banco y recientemente una tercera por administración fraudulenta.

La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó que el expediente 23-017883-0042-PE para indagar la supuesta desaparición de información de computadoras asignadas a 2 jerarcas de la entidad financiera, ahora será parte de la causa 21-000209-1218-PE donde se siguen las pesquisas para indagar posibles delitos en la negociación del PEP.

Lo mismo sucedió con la 24-000013-0619-PE, interpuesta este año por al menos 170 inversionistas de la SAFI, donde se denunció administración fraudulenta.

"La Fapta informó que las causas se tramitan de manera conjunta, por lo que el delito, por ahora, es el mismo: sobreprecio irregular. Sin embargo, esto podría cambiar, según el avance de la investigación.

El caso se sigue contra ignorado, es decir, hasta este momento no hay personas imputadas individualizadas", indicaron.

Pero al final hicieron la salvedad de que no descartan que "esto podría cambiar, según el avance de la investigación".

A estas diligencias se suma la investigación que abrió la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la cual, según su oficina de prensa, se encuentra en etapa de planteamiento de recursos por parte de los involucrados, en el ejercicio de su derecho de defensa.

El primero proceso culminó el 29 de junio del 2023 y se dio inicio a un proceso administrativo desde julio del mismo año.

La Superintendencia General de Valores (Sugeval) indicó que se ejecuten todas las etapas procesales correspondientes, que se podrá aplicar lo que la normativa dispone en relación con la comunicación de hechos relevantes.