Procuraduría reprocha actuación de exdiputado: “Violentó el deber de probidad”

El juicio se lleva a cabo en los Tribunales de Goicoechea.

(CRHoy.com) La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó el pago de ₡2 millones por el concepto de daño social contra el exdiputado Víctor Hugo Víquez tras ser acusado por el presunto delito de tráfico de influencias.

La solicitud fue hecha por Paola Madriz, representante de la PGR, durante la etapa de conclusiones del juicio que se lleva a cabo en el II Circuito Judicial.

Tanto el Ministerio Público, así como la Procuraduría acusaron a Víquez luego de que le enviara mensajes a Vanessa Rosales, expresidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), y la presionara -según relató ella- para que se descalificara a un oferente en una contratación de emergencia.

Según Madriz, la influencia de Víquez fue efectiva y a su criterio no se justifica el actuar del exdiputado. Además, dijo que a su criterio sí se cometió delito y que además se acreditó un daño.

"No queda duda que don Víctor como funcionario público, y parte del primer poder de la República, violentó el deber de probidad… él se debía a la colectividad, a la sociedad y violentó de ese principio de manera grosera…", comentó la representante de la PGR.

Madriz, también reprochó que se buscó un interés particular y criticó fuertemente la influencia que se buscaba con los mensajes enviados a Rosales. Asimismo, expresó que con estos hechos se pierde la confianza en los funcionarios públicos y manifestó que se dio un efecto negativo.

A primera hora, la Fiscalía solicitó una condena de 4 años de prisión y que se le inhabilite de ejercer cargos públicos por 5 años.

Según detallaron las autoridades en sus exposiciones, Víquez intercedió a favor de Juan Carlos Bolaños. La contratación se relacionaba con unas obras en el año 2013 para evitar deslizamientos en un camino que se dirigía hacia el Rodeo de Mora.