Procuraduría reclama ¢12 millones a jerarcas de Sugeval acusados por caso Aldesa
Monto corresponde a indemnización por daños sociales derivados de actos contra los deberes de la función pública
(CRHoy.com) La Procuraduría General de la República (PGR) reclamará ¢12 millones a los jerarcas de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) por un aparente incumplimiento de deberes de fiscalización y supervisión del Grupo Financiero Aldesa.
El monto corresponde a una indemnización por el daño social derivado de supuestos actos en perjuicio de los deberes de la función pública, según se extrae de la acción civil resarcitoria, detalló la oficina de prensa de la Abogacía del Estado ante consulta de CRHoy.com.
La demanda es por ¢2 millones para cada uno de los imputados en la causa 21-000054-0621-PE: la superintendente general María Lucía Fernández Garita; así como los directores de las divisiones de Asesoría Jurídica, Luis González Aguilar; de Supervisión de Fondos y Emisores, Rodrigo Segura Cano; de Supervisión de Mercado de Valores, Karla Arias Hernández; y de Oferta Pública de Valores, Patricia Mata Solís; y el exindentente Isaac Castro Esquivel.
"A esta determinación económica del daño social, deberán sumársele los intereses sobre esa cantidad, como perjuicio y por ser consecuencia del daño producido, calculados, desde el momento de realizados los hechos, hasta su efectivo pago", señaló el departamento de comunicaciones.
El ente procurador además pretende que se reconozcan las costas del proceso atribuidas solidariamente a los encartados.
La Abogacía del Estado también interpuso una querella -acusación privada- contra los funcionarios enlistados. La pieza en cuestión, al igual que la formulada por la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, remitió ocho meses atrás al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José.
El órgano jurisdiccional -como lo dio a conocer este medio el 25 de julio- conocerá la acusación, la querella y la acción civil resarcitoria en una audiencia preliminar señalada para celebrarse entre el 20 y 30 de setiembre próximos.
Aunque esos documentos son de carácter privado hasta su lectura en un debate oral, la oficina de prensa del Ministerio Público adelantó a CRHoy.com que se le atribuye a los endilgados un presunto incumplimiento de sus deberes de fiscalización y regulación de la empresa, en los términos dispuestos en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Ley Reguladora del Mercado de Valores, los reglamentos de Oferta Pública y de Intermediación y Actividades Complementarias, así como el acuerdo 08-08 de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
De vuelta a la mesa
El caso Aldesa retomó relevancia el 18 de julio anterior, cuando el fiscal general interino, Warner Molina Ruiz, hizo un informe sobre las investigaciones de aparente estafa y administración fraudulenta seguidas contra la compañía, sus directores y gerentes.
Por escrito, el jefe del Ministerio Público se sacudió de una serie de críticas contra la institución que encabeza, realizadas por la inversionista -y posible víctima- Flora Fernández Amón, en una carta enviada el 1° de julio a los magistrados. En ese descargo, el jerarca reveló la formulación de una acusación contra seis altos personeros de la Superintendencia. Este medio dio a conocer que entre los encartados estaba Fernández Garita, pero fue hasta tres días después que reveló las demás identidades.
El fiscal general explicó que la causa 21-000054-0621-PE se separó del legajo principal 19-000157-1220-PE, dado que las penas para el delito (entre uno y cuatro años de inhabilitación) por el que se investigó y acusó a los servidores públicos son bajas y existía riesgo de que los hechos prescribieran. Con la pieza acusatoria, el plazo de extinción de la persecución penal se congeló.
"Dentro del caso teníamos también en investigación la función que debieron cumplir y que no cumplieron, a nuestro juicio, los funcionarios de la Superintendencia General de Valores, que es la entidad llamada a controlar y supervisar, e inclusive, autorizar, operaciones de algunos intermediarios bursátiles.
"En este caso nosotros encontramos elementos suficientes para determinar que la Sugeval no hizo el trabajo que le correspondía. Eso empezando desde la propia superintendente, hasta cinco directores importantes de esa institución. Y por eso se les acusó de incumplimiento de deberes", manifestó Molina Ruiz al explicar la acusación formulada.
Dicho aparente incumplimiento incluye a Castro Esquivel, toda vez que laboró como intendente al momento de los hechos, cargo que dejó el 20 de enero de 2020. Cuatro meses y medio después, fue juramentado como viceministro de Hacienda por el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.
Sobre estos hechos, Fernández Garita indicó a este medio que no se iba a pronunciar sobre el fondo del asunto por estar en curso. "Me encuentro tranquila y confiada en nuestro sistema de administración de justicia, donde se verificará la verdad real de los hechos y que he actuado a derecho bajo las normas legales", comentó por escrito a través de su departamento de comunicaciones.
En igual sentido, se pronunciaron los demás endilgados ante una solicitud de este CRHoy.com: "No vamos a referirnos al tema por tratarse de un asunto que está dentro de un proceso judicial en curso".
Castro Esquivel, por su parte, no atendió los mensajes que se enviaron a su teléfono celular el 20 de julio.
La sumaria medular, en cambio, avanza en la fase de investigación. Paralelamente, el Juzgado Concursal del I Circuito Judicial de San José resolvió el 22 de julio convertir el convenio preventivo de acreedores peticionado por Aldesa en uno de liquidación, que antes de la entrada en vigencia de la Ley Concursal de Costa Rica, el 1° de diciembre pasado, se conocía como "quiebra".
Esto a su vez, motivó que afectados por el impago eleven a la Fiscalía -por ahora, informalmente- un pedido para que se abra una nueva pesquisa por aparente concurso fraudulento.