Procuraduría: Pago de prohibición a la viceministra de Presidencia es ilegal
La Procuraduría General de la República determinó este miércoles que el pago de prohibición a la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga Aponte carece de base legal.
Así lo afirmó Julio César Mesén Montoya, Procurador de Hacienda, quien realizó un estudio legal sobre el tema a solicitud de Sergio Alfaro Salas, ministro de la Presidencia.
Según la conclusión a la que llega Mesén, para "tener derecho a la compensación económica derivada de esa prohibición −que consiste en un 65% calculado sobre el salario base− es indispensable ocupar uno de los puestos afectados por la restricción, ostentar una profesión liberal, y estar en posibilidad efectiva de ejercerla, lo que implica estar incorporado al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que así se requiera para el ejercicio liberal de la profesión".
Zuñiga Aponte es egresada de Derecho, pero no ostenta el título de abogada y, en consecuencia, no se puede incorporar al Colegio de Abogados, otro de los requisitos que exige la ley para disfrutar de este beneficio, según indica Mesén.
La viceministra libra un pulso con algunos diputados, pues los legisladores sostienen que el pago de ese plus no es correcto, un rubro por el que Zúñiga ha recibido unos ¢31 millones de más en el salario que le corresponde como viceministra.
