Procuraduría General analiza abrir expediente para investigar 40 adjudicaciones de Racsa
La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que analiza abrir un expediente para investigar la denuncia que recibieron sobre los presuntos contratos irregulares que habría tramitado Radiográfica Costarricense (Racsa) durante el último año.
El ente detalló que analizó la información recibida el pasado 8 de diciembre, la cual fue referida a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
"A la misma se le asignó el número DEP-393-2023 y, actualmente, se encuentra en análisis de admisibilidad", indicaron ante consulta de este medio.
Esta misma semana, el Ministerio Público confirmó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está a cargo de la solicitud para investigar las presuntas irregularidades que habrían mediado en las contrataciones gestionadas por medio del Sistema Integrado de Compras (Sicop), mediante Racsa.
El caso fue conocido hace dos semanas, luego de que 17 diputados firmaran el documento y lo remitieran a la Fiscalía General de la República para que se indagara sobre cuatro puntos específicos de supuestas inconsistencias que habrían sucedido en la adjudicación de contratos para Racsa o en los que esta medió para que fueran administrados por terceros.
La Contraloría General de la República (CGR) también informó que recibieron la información y solicitud de una gestión para investigar si hubo alguna irregularidad en los aspectos que el órgano debe supervisar, por lo que están analizando el proceder con este caso.
"En relación con lo consultado y en virtud de lo que establece la Ley General de Control Interno y la Ley Contra la Corrupción, no se puede confirmar la identidad del denunciante. No obstante, en relación con el tema se recibió una denuncia que actualmente se encuentra en fase de admisibilidad. No se podría brindar mayor información al respecto en atención de la normativa vigente", indicaron en el Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la CGR.
40 adjudicaciones "a dedo"
La denuncia señala, basada en datos de SICOP del 01 de diciembre 2022 al 02 de noviembre 2023, que Racsa "resultó favorecida en más de 40 adjudicaciones, de las cuales todas han sido licitaciones por excepción".
El documento hace énfasis en que se hicieron las gestiones sin concurso de oferentes, por lo que las califican como elecciones "a dedo" por sumas millonarias provenientes de fondos públicos.
La investigación en curso estudia adjudicaciones hechas por Racsa para Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Planificación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Banco Central, ICE, COSEVI, CTP, CCSS, IAFA, SINAC, SINEM, CNP, Centro Nacional de Música, Junta Administrativa de Migración y Extranjería, Junta Administrativa Imprenta Nacional.
Por ese motivo se solicitó analizar si se cometieron los delitos penales de incumplimiento de deberes, influencia contra la hacienda pública, sobreprecio irregular, fraude de ley en función administrativa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito; posible lesión a los deberes de probidad, transparencia e Independencia; posible lesión y debilitamiento al Sistema de Control Interno; posible corrupción.
El texto que tiene el Ministerio Público, a donde llegó firmado por 17 diputados, enumera cuatro casos en los que se duda de la transparencia de las gestiones de Racsa, entre los que figuran el convenio con Oracle, las tobilleras electrónicas que están bajo operación de una compañía brasileña, la firma con Datasys para la red 5G y negocios con Cisco.