Procuraduría buscará cobrar daño por presunta malversación en caso contra director de Bomberos
Acusaron a funcionarios por supuesto encargo irregular para diseñar de escultura
La Procuraduría confirmó que buscará cobrar el daño social ocasionado a la hacienda pública, ante la presunta malversación de fondos de la que se acusa al director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves.
Todavía no se ha establecido el monto económico a reclamar, porque el plazo para la demanda civil vence el 22 de marzo de 2024.
Será la Procuraduría de la Ética Pública que presente una acción civil resarcitoria, bajo el expediente judicial 21-182-1218-PE, en el cual figuran como imputados Chaves y 3 altos funcionarios más.
Ante la consulta de CRHoy, la Procuraduría señaló que es potestad del Instituto Nacional de Seguros realizar el cobro del daño moral o patrimonial, al ser una institución con personería jurídica propia.
En el INS se encuentran valorando la viabilidad de presentar la querella y/o acción civil resarcitoria. Hasta la mañana de hoy martes la decisión no estaba tomada, dado que la ley les otorga 10 días de plazo.
Supuesto uso irregular de vehículo y encargo de escultura
El principal acusado por la Fiscalía es Héctor Chaves, director de Bomberos, señalado de presuntamente haber cometido cuatro delitos: malversación, influencia contra la Hacienda Pública, falsedad ideológica y peculado de uso.
En apariencia, habría utilizado un vehículo institucional para fines personales. Adicionalmente, se presume que participó en la instrucción de contratar a un artista para diseñar una escultura, con fondos de la caja chica de la entidad, sin concurso de por medio.
Otros tres altos funcionarios administrativos, de apellidos Mora Montenegro, Chacón Morales y Alvarado Mesén, también fueron acusados por el Ministerio Público.
Chaves indicó a CRHoy.com que se abstendrá de dar declaraciones, en tanto desconoce la acusación.
Por su parte, el Benemérito Cuerpo de Bomberos señaló este lunes que, a lo largo de 3 años, la Institución ha brindado toda la información que ha sido solicitada, por el Ministerio Público y los entes competentes, con el objetivo de poder aclarar cualquier proceso que se investigue.