Procuraduría analizará si se convierte en querellante en causa por nombramientos en la CCSS
Tras trasladar denuncia a la Fiscalía
(CRHoy.com) La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) participa como ofendida y víctima en la causa penal que se sigue contra la presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) Marta Esquivel y varios integrantes de la junta directiva por el caso de nombramientos irregulares; sin embargo, también analizará si se constituye en querellante y actor civil.
Así lo confirmó la entidad la mañana de este miércoles, luego de que trascendiera que habían trasladado una denuncia que ingresó a la PEP ante la Fiscalía por este mismo caso.
La denuncia es la DEP-179-2023, y en ella figura Marta Esquivel Rodríguez.
También se encuentran los integrantes de la Junta Directiva de la CCSS: Juan Ignacio Monge Vargas, Marco Tulio Escobedo Aguilar (representantes del Estado); Roberto Antonio Quirós Coronado, Lizbeth Salazar Sánchez, Adrián Torrealba Navas (representantes del sector patronal); María Isabel Camareno Camareno, Jorge Porras López y José Luis Castro Vázquez (representantes de los trabajadores).
En la investigación se estudian posibles inelegibilidades e incompatibilidad con los puestos, así como procurar beneficios ilegítimos laborales para un compañero integrante de la junta directiva también acusado: Juan Ignacio Monge Vargas, al presuntamente favorecerlo con el nombramiento ilegal de Gerente General.
El nombramiento aparentemente ilegítimo de Monge fue revelado por CRHoy.com el 29 de junio pasado. El nombramiento se había dado el pasado 22 de junio, cuando el máximo órgano colegiado acordó nombrar al entonces representante del Gobierno en la Junta, a solo una semana de que pusiera su renuncia.
El Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR) confirmó a CRHoy.com en ese momento que el directivo no estaba colegiado, lo cual era contrario a la normativa interna.
Luego del fallido nombramiento, en la gerencia nombraron al funcionario como su jefe de despacho.
Según la PEP, debido a que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, tiene abierta la causa penal bajo el expediente 23-000209-1218-PE por los mismos hechos, se decidió trasladar la documentación y datos en su poder al Ministerio Público, para que sea esta entidad sea la que realice la valoración jurídica.