Proceso por permisos otorgados a Blue Flame lleva 6 años y se resolverá hasta 2027
Un conflicto judicial sobre la operación de la planta de Blue Flame en Pozos de Santa Ana, iniciado en 2020, no llegará a juicio sino hasta abril de 2027, luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo pospusiera la audiencia prevista para diciembre de este año, en medio de las investigaciones abiertas tras la explosión del 7 de marzo de 2026.
La causa investiga la legalidad de permisos ambientales, municipales y técnicos otorgados para la planta envasadora de gas licuado de petróleo (GLP) en Pozos de Santa Ana, escenario de la explosión ocurrida el 7 de marzo de 2026.
Una exintegrante de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Pozos de Santa Ana continuó con una acción legal iniciada por la Asociación y que fue archivada en el 2021, luego de que la ADI desistiera. La demanda era contra la Municipalidad de Santa Ana, el ICE y la Contraloría por permisos otorgados a Blue Flame.
La representación legal de la empresa dijo que no estaba autorizado para dar declaraciones sobre los procesos de la gasera.
Vecinos cuestionaron permisos
La causa judicial investiga permisos otorgados para la instalación y operación de la planta gasera en una zona que durante los últimos años experimentó un importante crecimiento urbano, comercial y logístico.
Desde las primeras acciones legales, vecinos de Pozos advirtieron sobre riesgos asociados al almacenamiento y comercialización de GLP cerca de sectores residenciales y líneas eléctricas de alta tensión.
Gasera demandó a dirigente comunal
En medio del conflicto judicial, la empresa gasera también presentó una demanda contra la exintegrante de la asociación que decidió continuar por su cuenta con el proceso.
La acción legal surgió mientras vecinos impulsaban trámites administrativos y judiciales contra la operación de la planta.
El caso tomó un nuevo giro tras la explosión ocurrida en las instalaciones de la empresa, el pasado 7 de marzo.
Después de la emergencia, informes técnicos del Cuerpo de Bomberos y del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) señalaron múltiples incumplimientos críticos relacionados con sistemas de protección contra incendios, válvulas de seguridad, alarmas y mecanismos de supresión.
Además, la Fiscalía Anticorrupción (FAPTA) investiga la existencia de una red de funcionarios del Minae dedicada a alterar informes técnicos y falsificar firmas digitales para beneficiar a empresas gaseras, entre ellas Blue Flame.
Paralelamente, el Minae mantiene vigente una medida cautelar que suspendió la operación de la planta original en Santa Ana mientras continúan las investigaciones administrativas y penales.
Recurso de amparo reciente
Un vecino de la urbanización Montaña presentó un recurso de amparo contra la empresa, tras la emergencia de hace 3 meses.
La acción judicial cuestiona la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades después del incidente, así como la aparente continuidad operativa de la empresa pese a las medidas adoptadas por el Minae.
Además, el recurso plantea dudas sobre el uso de suelo otorgado a la propiedad y posibles irregularidades relacionadas con permisos y condiciones de operación señaladas en resoluciones emitidas por el ministerio.
El documento también expone preocupación porque, aparentemente, Blue Flame continúa operando de manera indirecta o desde otras instalaciones, pese a que el Minae suspendió las operaciones de la planta original el pasado 13 de marzo.
Ese señalamiento tomó fuerza luego de que la propia empresa publicara el 7 de abril en sus redes sociales que mantenía operaciones activas semanas después de la suspensión ordenada por las autoridades.