Proceso contra directora del MEP por 29 denuncias lleva 2 meses sin avance

El órgano director del Ministerio de Educación Pública (MEP) tiene frenado desde hace más de dos meses el proceso disciplinario ordinario que se abrió contra Fressy Aguilar Chinchilla, jefa de la Dirección de Recursos Tecnológicos de la Educación (DRTE).

Contra la directora se tramita el expediente OD-001-2024, en el cual se indagan 29 denuncias por supuesto abuso de autoridad, incumplimiento injustificado de deberes, acoso y/o hostigamiento laboral,  incorrecta implementación de la normativa atinente al Teletrabajo y Desconexión Digital, interpuestas por funcionarios de varios departamentos de la cartera.

Contra Aguilar también existen procesos penales por la supuesta comisión de "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes vinculados con el incumplimiento al deber de probidad establecidos en la normativa penal especial en nuestro país", según detalla la notificación de traslado de cargos del proceso.

Según consta en la resolución N°OD-006-2024, a la que crhoy.com tuvo acceso, el órgano director notificó a las partes el pasado 14 de junio que se suspendía la audiencia de testigos y/o denunciantes programada para ese mismo día y para el 19 de junio de este año, pese a que se había confirmado desde mayo el inicio de esta etapa del proceso.

La reprogramación se hizo debido a que el abogado de Aguilar presentó un recurso de apelación "por nulidades de actuación y solicitud de recusación de las integrantes de este órgano director".

En vista de esto, los funcionarios a cargo tomaron la decisión de suspender las audiencias hasta que no se resolvieran los recursos y solicitudes planteadas por la defensa de la directora de la DRTE.

Al impugnarse el órgano director, un grupo de denunciantes solicitó una copia del expediente del cual ellos son parte, desde hace un mes, sin embargo, no se les otorgó.

Posteriormente, varios de ellos acudieron personalmente el 5 de agosto al despacho de la ministra Anna Katherina Müller Castro para pedir el documento, donde las atendió una de las funcionarias de apellido Álvarez, quien les notificó que el abogado de la jerarca, Irving Matthew, no podía atenderlas y sería de forma escrita mediante un oficio que les darían una respuesta.

Según contaron a CRHoy.com, varios funcionarios que iban a participar en dicha audiencia, de momento desconocen sobre la fecha de reprogramación, pese a las insistentes consultas a la jerarca.

"En este momento el órgano director está aplazado hasta que la ministra responda porque ese documento lo tiene ella en el despacho", explicó uno de los funcionarios involucrado en el proceso.

Incluso señalaron que tienen prueba adicional que no han podido presentar y que hasta el momento "todo sigue marchando de la misma forma, bajo el mismo acoso".

Se enviaron el pasado viernes 16 de agosto las siguientes preguntas al MEP para conocer el avance del caso y fue hasta este miércoles que enviaron varios puntos sobre lo solicitado:

• Funcionarios de la Dirección de Recursos Tecnológicos interponen denuncias ante la Dirección de Inspección de Trabajo por acaso laboral e incumplimiento de deberes.
• El Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP realiza una investigación preliminar número 397-2023 sobre las denuncias recibidas (oficio DVM-A-DGTH-DAD-0043-2024 del 14 de febrero del 2024)
• La ministra integra órgano director del procedimiento (resolución 506-2024 del 11 de marzo del 2024)
• El órgano director da inicio al procedimiento y hace el traslado de cargos a la funcionaria (resolución OD-001-2024 del 18 de abril del 2024)
• El 14 de junio del 2024 el órgano director realiza la audiencia oral y privada.
• La representación legal de la funcionaria Fressy Aguilar Chinchilla interpone incidente de nulidad absoluta por vicios en el procedimiento por violación al debido proceso, principio de imputación e intimación, derecho de defensa, prescripción y desviación de poder.
• El 15 de julio del 2024 el órgano director del procedimiento remite al despacho de la Ministra, la transcripción del acta de la audiencia oral y privada desarrollada.
• El expediente se encuentra en el despacho de la Ministra para resolver el incidente de nulidad, lo que se hará en el transcurso de esta semana".

Denunciada por 36 personas

La causa administrativa se abrió luego de que 36 personas presentaran un documento firmado en conjunto para denunciar las supuestas faltas que el MEP califica como graves, que en apariencia cometió la directora de la DRTE desde su llegada al cargo el 9 de mayo del 2022.

Según el traslado de cargos, mediante resolución N°0506-MEP-2024 del 11 marzo del 2024, la ministra ordenó la apertura del procedimiento para establecer la responsabilidad administrativa y penal de la Aguilar, pero han pasado cinco meses sin avance.

(…) por la presunta comisión de faltas graves o de alguna gravedad en detrimento de los deberes y obligaciones del cargo en materia de control interno, presuntas conductas de acoso y/o hostigamiento laboral, presuntas faltas a la implementación de la normativa que regula el teletrabajo y presunta comisión de delitos en contra de la función pública; razón por la cual, por medio de la Resolución de cita, se designa a la Licda. Marcela Chaves Pérez, a la Licda. María José Ramírez Benavides y a la Licda. Elizabeth Villalobos Montero, como Órgano Director Colegiado del procedimiento administrativo disciplinario de cita", destaca el documento al que este medio tuvo acceso.

Una importante cantidad de funcionarios han presentado diversas denuncias ante la ministra, los viceministros del MEP y otras instancias sobre las presuntas  irregularidades en la gestión de la directora.

Algunas de las denuncias vigentes por las que se investigan a Aguilar son:

• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, denuncias por discriminación y violación a la normativa laboral.
• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 3 denuncias por acoso laboral, algunas ya resueltas a favor de las víctimas (funcionarios de la DRTE) por el
  Departamento de Inspección y otras en proceso de resolución.
• Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa, por el cierre de programas de tecnología, tras rompimiento de convenio con la Fundación Omar
  Dengo, decisiones sin considerar el criterio técnico emitidos, proceso que está en investigación.
• Colegios profesionales COLYPRO y Colegio de Profesionales en Orientación por afectaciones a las condiciones laborales de sus afiliados.
• Departamento de Salud Ocupacional, por deterioro del ambiente laboral y organizacional y afectaciones a las condiciones de los funcionarios.
• En la Contraloría General de la República, por irregularidades en la gestión presupuestaria.
• Comisión Institucional de Teletrabajo, por violación a la ley de Teletrabajo y reglamento de teletrabajo del MEP, así como normativa conexa.
• En la Defensoría de los Habitantes, se generó el informe N° OFICIO N°09536-2023 del 29/09/23, el cual no ha sido acatado, según denuncian los funcionarios.
• Organizaciones gremiales como SEC, ANDE y APSE, por afectaciones a las condiciones laborales de sus afiliados.
• Sala Constitucional, por violación a derechos constitucionales de los funcionarios.