Este es un extracto de la conversación.

A partir de este mes de febrero, los diputados podrán retomar el control de su agenda para los últimos tres meses de este período constitucional. ¿Cuáles deberían ser las prioridades en las que ustedes deberían enfocarse?

Proyectos de seguridad que son realmente muy valiosos, que nosotros hemos impulsado y que, lastimosamente, en la discusión de jornadas extraordinarias no se convocaron.

Uno tiene que ver con el tema del sicariato. Ya esto está regulado en el Código Penal y, a pesar de que hace pocos días se aprobó en el plenario un proyecto de ley, esto no suma mucho porque viene a regular lo que ya está regulado.

Lo que nosotros queremos impulsar es un proyecto de ley para que, en los casos en donde no se compruebe que esta persona recibió algo a cambio, ya sea un pago, una promesa de pago remuneratoria o que esta persona se vio beneficiada, se les pueda agregar un agravante, al igual que si se comprobase.

Otro de los proyectos que debemos impulsar es el que busca que se levante el secreto bancario en casos de narcotráfico y crimen organizado. En este momento eso no sucede.

Sabemos que las herramientas para combatir el lavado de dinero y la legitimación de capitales son muy débiles. Realmente tenemos un recurso muy limitado.

La Fiscalía de Legitimación de Capitales realmente es muy pequeña y hemos trabajado estos tres años y poco más con ellos para precisamente ver cómo fortalecemos las competencias y qué otras herramientas pueden tener ellos para que ese grupo pequeño de personas, haciéndole frente a un fenómeno tan grande como el narcotráfico, realmente pueda hacer efectivo el levantamiento del secreto bancario en estos casos, porque si uno le toca la plata al narco, ahí es donde les duele.

Si les jodemos la plata, ahí no pueden estar comprando muchachos en las comunidades vulnerables para que se sumen a sus organizaciones criminales, que es lo que más nos duele en este momento.

Son muchachos de menos de 25 años los que están, lastimosamente, sumando las listas de homicidios en este país.

Por último, uno de los proyectos que estamos impulsando es que también la justicia tenga un poco de cara humana. Hay muchas personas que están en un estado de abandono que cometen delitos no violentos, pero por la Ley de Psicotrópicos estas personas van a la cárcel mínimo ocho años.

Imagínese, aquí en este país violar a un menor de edad empieza con una pena de cinco años y por una persona vender un puro de marihuana va a la cárcel mínimo ocho años.

Esto no puede ser. Tenemos que garantizar que estos delitos sean proporcionales, que tengan una cara de justicia restaurativa. ¿Para qué sirve meter a una persona ocho años a la cárcel si realmente esa persona lo que necesita son oportunidades?

Usted es miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. ¿Cuáles cree usted que han sido los errores del Poder Ejecutivo en su política contra el crimen?

Históricamente se ha sostenido una mesa tripartita con los tres supremos poderes de la República para poder entender un poco el fenómeno, saber qué están viendo las personas que administran la ley, qué podemos hacer nosotros de nuestra parte para garantizar que aquellos cambios necesarios se den de una manera oportuna y el Ejecutivo, más que todo en la parte preventiva como educativa, garantizar que los jóvenes y las muchachas también no caigan en el crimen organizado.

Esa mesa no existe. Nunca existió una voluntad de diálogo. Hoy vemos la realidad: tenemos un montón de comunidades en abandono.

Por otra parte, el Ejecutivo dice que en esta Asamblea no se le aprueban proyectos de ley y hace un berrinche, pero es que esos proyectos están malos. Algunos son inconstitucionales y otros no tienen ni pies ni cabeza.

Si queremos realmente garantizar seguridad, hay que invertir en prevención. Eso me lleva a uno de los temas en los que más ha fallado este gobierno: no ha invertido en prevención desde el año pasado.

El presupuesto para prevención es cero en el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Esta entidad es quien da presupuesto a organizaciones que se dedican a la prevención y que trabajan con organizaciones de la sociedad civil para llegar a las comunidades y prevenir el delito.

Usted ha sido una de las voces más críticas de esta Asamblea Legislativa acerca del desempeño de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), al punto de impulsar su cierre. ¿Por qué hay que cerrar esta institución y qué piensa de los cuestionamientos en los que está envuelta por el manejo de la aparente amenaza de muerte contra el presidente, Rodrigo Chaves?

Nosotros somos firmes creyentes de que la DIS tiene que cerrarse.

Actualmente, los recursos que se destinan a la DIS no sabemos cómo se invierten ni cómo se ejecutan.

Además, estamos viendo que la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado realmente no cumple ninguna función de seguridad nacional. Está adscrita al Ministerio de la Presidencia.

Para lo que se utiliza la DIS es para espionaje político meramente de sus adversarios.

La denuncia que se hace en contra de Estela Chinchilla —señalada por las aparentes amenazas en contra de Chaves— claramente son montajes, verdades muy estiradas para complacer un complejo de persecución.

Aquí nadie está atentando contra la integridad y la seguridad del presidente y, si eso fuese cierto, pues se hubiese manejado de una manera completamente distinta.

Aquí lo que se está utilizando son recursos públicos para seguir haciendo campañas políticas de un gobierno que nunca ha dejado de hacer campaña, pero que en este momento es aún más descarado.

¿Cuál es la evaluación que usted hace del gobierno de Rodrigo Chaves de cara al cierre de su mandato?

Es el peor gobierno que yo he visto en mis 32 años de vida. Nunca he visto un peor gobierno.

Hay gobiernos que han dejado de hacer. Hay gobiernos que han sido corruptos. Este gobierno le abrió las puertas al narcotráfico.

Ha hecho cualquier cantidad de corrupción y chanchullos en todas las instituciones públicas que han podido. Han utilizado las instituciones públicas para sus antojos políticos y, encima de esto, han dejado de invertir en los temas fundamentales que necesitamos como sociedad, que son educación, salud y seguridad.

¿Cómo es posible que un ministro de Hacienda diga que no le va a girar fondos al OIJ y a la Fiscalía en un momento en donde cada año rompemos un récord de homicidios?

Es un sinsentido.

En educación han sido cuatro años de estancamiento. Los muchachos salen del colegio con un nivel de comprensión de lectura de cuarto año de la escuela.

La calidad de nuestra educación es una de nuestras mayores ventajas a nivel competitivo en temas laborales.

Por eso vienen las empresas acá, porque tenemos un muy buen recurso humano que no se encuentra en otros países.

Ese recurso humano, nuestra estabilidad, nuestra seguridad eran temas fundamentales para la inversión extranjera y eso lo estamos perdiendo.

No es porque no aprobamos el proyecto de jornadas de 12 horas que se están yendo las empresas. No, no, no. Es que cada vez tenemos un recurso peor formado.

Encima de todo eso, tenemos un ambiente político hostil, con un presidente que tiene arrebatos cada tanto, que ataca a la prensa, que ataca a cualquier opositor, cosas nunca vistas y que, encima de eso, tenemos un ambiente de inseguridad terrible.

¿Qué representa el continuismo en la figura de Laura Fernández?

Es la pérdida total y absoluta de la Costa Rica que conocemos en este momento.

Es la pérdida de la institucionalidad y de la independencia de todas las instituciones, donde hay personas que conocen la institución desde adentro y que tienen un criterio científico. Todo eso se ha perdido y se ha reemplazado por un criterio político y mezquino.

El continuismo es una ruta hacia el autoritarismo.

Hay un diputado oficialista que nos manda acá todos los días un numerito de que ya nos está faltando menos días para salir de acá. Curiosamente, él fue quien nos dijo que fuéramos haciendo maletas.

Lo que esta gente quiere —el oficialismo— es desaparecer a la oposición del escenario político. Eso no es democracia.

Para realmente ser un demócrata, uno tiene que sentarse en la mesa con aquellos que piensan igual que uno, pero, sobre todo, con los que no piensan igual que uno, para hacer un país donde todos podamos vivir tranquilos.

Esta entrevista se publicará cinco días antes de las elecciones nacionales del 1.º de febrero. ¿Cuál es su mensaje a los ciudadanos en medio de esta coyuntura y, sobre todo, al sector joven que engrosa el porcentaje de indecisos?

En esta elección está en juego todo.

Está en juego todo lo que nosotros conocemos como país.

A muchas personas les han vendido la idea de que este es un cambio, que el país ha cambiado, que ha mejorado, pero la verdad es que no ha cambiado nada.

Las cosas han cambiado y mejorado para las élites, quienes se terminan beneficiando de las decisiones que se toman desde las instituciones públicas.

Pero no ha cambiado nada en realidad en estos cuatro años.

En los barrios las personas se sienten más inseguras. Las personas tienen miedo.

El ambiente electoral no ha calentado porque la gente no quiere salir a la calle ni dar adhesiones a un partido político porque tienen miedo a represalias.

Hay que reflexionar y votar informado.

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