Presupuesto para cárcel y negativa de Hacienda a plazas del OIJ contradicen versión de Chaves sobre diputados
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, hizo un llamado este miércoles durante su programa televisivo semanal en el que aseguró que la Asamblea Legislativa "no ha aprobado" leyes para combatir la criminalidad ante una supuesta negativa, a su criterio, para nueva infraestructura carcelaria.
Esto lo defendió durante la inauguración de escáneres antidroga, que aún no funcionan, en puertos de Caldera y Limón.
"Mientras la Asamblea Legislativa no ha querido aprobar leyes que impidan esa puerta rotativa, que guarden separados de la sociedad (cárceles) a personas que lastimosamente representan un peligro claro, evidente y presente para el resto de la sociedad. (…) Es una bofetada para aquellos que prefieren construir excusas en vez de cárceles seguras, en vez de leyes fuertes, en vez de aplicar justicia", expresó el mandatario.
"Le hago un llamado a los señores y señoras diputadas: vean, ¿qué parte no han entiendo compatriotas diputados?", sumó.
Sin embargo, esta versión se contradice con la aprobación reciente, en el Congreso, en segundo y último debate de la segunda modificación presupuestaria del 2025 que incluye los ₡8.000 millones para construir la extensión de La Reforma o Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).
Además, se suma que es el Ministerio de Hacienda el que se opone a girar ₡6.000 millones para incrementar el aumento de plazas en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para combatir la criminalidad.
Presupuesto para extensión de La Reforma
El Congreso de la República aprobó el 16 de setiembre de forma unánime, con el voto afirmativo de 42 diputados en segundo debate, la segunda modificación presupuestaria del 2025, que contiene cerca de ₡8.000 millones, para iniciar la construcción del CACCO o extensión del centro penitenciario La Reforma.
Se trata del expediente 25.137 que incluye la "Segunda Modificación Legislativa de la Ley 10.620, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2025, de 6 de diciembre de 2024".
A favor del texto se inclinaron el Partido Liberación Nacional (PLN), PUSC, Nueva República, el chavismo, Frente Amplio y diputaciones independientes.
Los ₡7.870 millones, aprobados de previo en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, representan un 40% de los recursos la ampliación centro penitenciario.
El CACCO es un proyecto que el Ejecutivo y el ministerio de Justicia y Paz mantuvieron con carácter confidencial hasta revelar, la semana anterior, que se construirá como una extensión en terrenos del Centro Penitenciario La Reforma, en Alajuela.
El otro 60% de la cárcel, cerca de $23 millones (unos ₡11.500 millones), el Gobierno los avaló dentro del Presupuesto Ordinario de 2026 que Hacienda presentó el lunes anterior en la Asamblea Legislativa y que se someterá a discusión por los diputados en el mes de noviembre próximo.
Hacienda no gira recursos para OIJ
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicitó al ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, reconsiderar la decisión y dejar de bloquear la transferencia de ₡6.000 millones para dotar de más personal a la policía judicial y al Ministerio Público.
En julio pasado, el Gobierno dispuso no trasladar estos recursos esenciales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado mediante la contratación de más fiscales, agentes, investigadores y funcionarios dedicados a estas tareas.
Esto ocurrió a pesar de que el dinero ya estaba presupuestado dentro del plan de gastos del sector público para el 2025. Zúñiga denunció que, aunque se negaron los fondos al OIJ y a la Fiscalía, con la misma partida presupuestaria se está inyectando dinero a otros cuerpos policiales.
Una semana después de indicar que los recursos no se podrían otorgar al Organismo por falta de presupuesto, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, confirmó que Hacienda sí le estaba transfiriendo a la Fuerza Pública lo necesario para financiar la contratación de más oficiales.
"Discriminación sin sentido"
Para Zúñiga, garantizarle a esa policía el dinero sin que lo hubiera solicitado, y negárselo al OIJ pese a estar establecido en la misma ley, constituye una discriminación sin sentido que afecta el trabajo de las investigaciones.
La ausencia de las plazas que el Gobierno de Rodrigo Chaves negó al OIJ para contratar nuevos agentes afecta principalmente las investigaciones sobre corrupción, narcotráfico y crimen organizado.
Las 255 plazas acordadas con la Asamblea Legislativa desde el año pasado para reforzar la policía judicial estaban destinadas a oficinas encargadas de atender este tipo de delitos que flagelan al país.
El Poder Ejecutivo se negó a financiar nuevos puestos de trabajo para el OIJ y el Ministerio Público, pese a que los fondos ya estaban incorporados en el presupuesto del 2025. Aunque los diputados ya los habían aprobado, el Ministerio de Hacienda notificó recientemente al Poder Judicial que no transferiría el dinero.
La intención de la policía judicial es aumentar personal debido al alto volumen de casos, el incremento de homicidios, la proliferación de bandas y el auge de actos de corrupción en la gestión pública, así como los intentos del crimen organizado por penetrar el Estado.
De los ₡9.346 millones presupuestados, solo se trasladó un tercio.