Presunto miembro de Los Gery acusado de amenazar juez, tenía contactos narco “de alto nivel”
Agentes judiciales lo colocan como uno de los principales proveedores de la organización, según el expediente judicial 18-000817-0071-PE
(CRHoy.com).-El sujeto de apellido Pérez, quien figura como sospechoso de formar parte de la temida banda narco apodada Los Gery, y recientemente acusado por amenazar de muerte a un juez de la República por ordenar enviarlo a prisión, tenía un importante rol de proveedor y almacenador de droga dentro de la agrupación delictiva que operaba en La Unión.
Así lo describe el expediente 18-000817-0071-PE en el legajo de investigación que el Ministerio Público tomó para acusar al presunto clan criminal.
La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos confirmó que el imputado Pérez figura dentro de esa causa, en la que fue acusado por el presunto delito de tráfico de drogas.
"Alias "Negro" almacena gran cantidad de droga en su vivienda, sin embargo, el factor más importante es que se ha posicionado como el proveedor de drogas del interceptado Pérez Cordero -otro miembro del grupo-", destaca uno de los informes judiciales incluidos en el documento.
En la relación de hechos donde se describe la forma cómo opera la organización liderada por los hermanos Campos Barrantes, señalan que se dedica al "tráfico, almacenamiento, distribución, preparación y venta de drogas de uso no autorizado a nivel nacional y tiene como puntos principales de actividad la provincia de Cartago, cantón de La Unión, así mismo el grupo criminal delega en terceras personas la ejecución material de homicidios y delitos contra la integridad física", indica el expediente.
En una de las solicitudes de ampliación de prisión preventiva, se añade que el nicaragüense tenía una posición importante ante sus altos mandos, incluso se movilizaba entre dos viviendas.
"Ha tenido contactos con personas de alto nivel en temas de narcotráfico, se le tiene ubicada una casa en el sector de Los Guido a través de seguimientos y con el insumo de la intervención, sin embargo, una segunda casa en San Diego de La Unión no ha sido posible, la cual de acuerdo a lo recopilada en dónde (sic) almacena gran cantidad de drogas", reseña la investigación.
Acusado por las amenazas
Tal como lo dio a conocer CRHoy.com esta semana, la Fiscalía de La Unión acusó a Pérez por aparentes intimidaciones en perjuicio de un juez de Cartago de apellido Barahona y solicitó apertura de juicio en su contra el pasado 9 de junio.
La acusación, tramitada bajo la sumaria 22-001290-0058-PE, es por presuntas amenazas en perjuicio de un funcionario público, delito estipulado en el artículo 316 del Código Penal, que lo sanciona con entre un mes y dos años de prisión. El ilícito se tipifica en caso de intimidaciones a un servidor a causa de sus funciones, dirigiéndose al personal o públicamente, o mediante comunicación escrita, telegráfica o por vía jerárquica.
Mediante un correo, el juzgador aseguró que las amenazas responden al voto 251-22 que emitió el 23 de marzo y con el cual ordenó el restablecimiento de las medidas cautelares contra 24 integrantes del grupo, entre ellos, el imputado.
Por esa misma determinación, el juez fue denunciado y querellado (acusado de forma privada) por el defensor de un sospechoso de integrar la banda de apellidos Rojas Madrigal, Rafael Guillén Monge, quien le achaca al decisor un aparente prevaricato (dictado de resoluciones contrarias a la ley), un presunto incumplimiento de deberes, un posible abuso de autoridad y una supuesta privación ilegítima de libertad agravada.
"Es decir, primero se me amenaza y luego se me denuncia por haber restablecido las medidas cautelares de los supuestos miembros de la organización delictiva (en su momento puestos todos en libertad). De esta forma, además, se me descalifica para conocer en lo sucesivo de algún otro recurso de apelación que llegue a presentar en dicho caso", señaló Barahona Montero en un descargo enviado a CRHoy.com
Perfil del presunto narcotraficante
Como parte de la causa 18-000817-0071-PE, la Fiscalía incluyó en el material probatorio para acusación intervenciones telefónicas usadas durante la investigación de la banda de Los Gery, mismas que exponen los supuestos perfiles criminales de sus miembros, entre ellos el de Pérez.
CRHoy.com tuvo acceso a este expediente en el cual se señala a "Negro" como uno de los principales proveedores de droga de la agrupación.
"Alias "NEGRO", ha cumplido el rol de distribuidor y vendedor de estupefacientes para la organización de los hermanos Campos Barrantes. Tiene relación directa con **** Pérez Cordero, otro vendedor y distribuidor de drogas de la organización, lo cual se acreditó mediante la intervención telefónica", describe el documento judicial.
Una de las razones por las que los agentes solicitaron intervenir sus comunicaciones es porque en la investigación se determinó que "almacena gran cantidad de droga en su vivienda" y que "dentro del escalafón criminal de la organización estaría en un alto nivel".
En una de las conversaciones interceptadas se logró documentar que otro miembro de la organización "le solicita media onza de marihuana a Pérez, este se la vende en trece mil colones. Al final el tercero le dice que prefiere pagarle ese dinero que comprar otra marihuana de mala calidad que venden en la calle".
Además se le describe como "miembro activo de la organización criminal, es vendedor terminal pero también proveedor de otros sujetos, durante el tiempo en el que *** Jiménez Bastos fue bajado de nivel jerárquico, *** dijo que él era el nuevo jefe de San Martín, "El Preca".
Incluso a este nicaragüense lo habían detenido el 13 de febrero del 2020 en San Diego de La Unión, en las afueras de la cuartería "La Managuita", sobre vía pública, luego de corroborar que estaba vendiendo marihuana, cocaína y cocaína base crack a los adictos de la zona.
Según la reseña del OIJ, en esa ocasión también vendió un envoltorio de plástico que contenía clorhidrato de cocaína base crack a un colaborador de la policía judicial", hechos tangibles en el acta de secuestro número 0067547 de dicho expediente.
A ese decomiso se le liga con otros registrados por los judiciales el 31 de enero, 17 de febrero y 14 de febrero de 2020, documentados en los folios del 2503 al 2505 y 2705 al 2715.