Presunto agresor de jueza trató de obligar a Municipalidad y a vecinos a retirar cámaras de seguridad
José Roberto Ulloa Borrero, el sujeto detenido como sospechoso de agredir a la jueza Kattia Carballo, intentó en el pasado obligar a la Municipalidad de San Pablo de Heredia y a sus vecinos a retirar cámaras de videovigilancia colocadas en el residencial Lomas de San Pablo.
En diciembre de 2018, el sujeto interpuso un recurso de amparo contra el alcalde, luego de haber presentado denuncias ante varios departamentos de la Municipalidad por la colocación de varios dispositivos de seguridad de este tipo.
Ulloa alegó que sus denuncias sobre un negocio de videovigilancia y sus solicitudes de reunión no fueron respondidas a tiempo; sin embargo, en esa ocasión la entonces magistrada de la Sala IV, Marta Esquivel —hoy diputada electa—, determinó rechazar la petición, dado que la vía constitucional no era la correcta para el reclamo.
A mediados de ese mismo año, la Sala resolvió otro recurso interpuesto por Ulloa, en el cual se alegaba una lesión al derecho a la privacidad del domicilio, a la intimidad y a la imagen, debido a la instalación de cámaras de vigilancia en el residencial Lomas de San Pablo, en Heredia, que grababan el local comercial del amparado.
La Sala rechazó el recurso al considerar que las cámaras no invadían el espacio privado y que la denuncia sobre la mora administrativa debía ventilarse en la vía contencioso-administrativa.
Asimismo, determinó que las cámaras de seguridad no estaban colocadas de manera que invadieran el espacio privado del domicilio del amparado. Se estableció que se trataba de un local comercial y que los dispositivos estaban enfocados hacia zonas como calles y aceras, no al espacio más íntimo de las personas.
Además, la Sala indicó que no le corresponde examinar si los denunciados podían tomar decisiones sobre la seguridad del residencial ni gestionar denuncias sobre el uso indebido de bienes públicos, ni hacer valer disposiciones jurídicas de rango infraconstitucional.
Finalmente, en cuanto a la falta de respuesta a la denuncia presentada ante la Fuerza Pública, la Sala consideró que se trata de una cuestión de legalidad ordinaria que debe plantearse en la vía contencioso-administrativa.
Insistió en 2021
Luego, en 2021, Ulloa volvió a acudir a la Sala Constitucional, alegando un supuesto uso indebido de un logotipo de la Fuerza Pública en un grupo de WhatsApp de seguridad comunitaria, administrado por vecinos y con posible participación del entonces jefe de la Policía Municipal.
El reclamo principal del sujeto contra la Municipalidad de San Pablo de Heredia es que la Policía Municipal de San Pablo supuestamente creó un grupo de WhatsApp en 2015, administrado por una mujer y por el jefe policial Luis Moncada.
Este grupo, denominado "Urbanización Lomas de San Pablo" o "Seguridad Lomas de San Pablo", utilizaba un logotipo o imagen de la Fuerza Pública, correspondiente a programas preventivos, de manera indebida y sin fundamento legal.
Según Ulloa, ese grupo no era un servicio de seguridad pública de la Municipalidad, sino un grupo privado que realizaba cobros y utilizaba inadecuadamente imágenes de la Fuerza Pública.
También señaló que en el grupo se difundía información personal sin restricciones, como su dirección, imágenes de él, de su vehículo, así como de amigos y familiares, lo que —según alegó— lesionaba su derecho a la privacidad.
No obstante, la Municipalidad detalló que el grupo era una iniciativa vecinal de seguridad comunitaria y que las actuaciones de los administradores privados no son de su competencia.
Al igual que en los casos anteriores, los magistrados desestimaron el recurso de amparo, ya que no consta que el accionante haya interpuesto denuncia alguna contra el jefe de la Policía Municipal de San Pablo por las conductas que acusa.
Además, la Sala señaló que ese reclamo se basaba en conjeturas o consideraciones del sujeto, sin especificar actuaciones concretas por parte del oficial municipal. Por lo tanto, indicó que el amparado, si lo consideraba pertinente, debía interponer la denuncia correspondiente ante la Municipalidad accionada para que esta investigara y determinara lo que procediera.
Agresión a jueza
José Roberto Ulloa Borrero fue detenido el sábado 18 de abril de 2026, tras un allanamiento en su vivienda en Lagunilla de Heredia, como sospechoso de una agresión violenta contra la jueza de ejecución de la pena de Alajuela.
Según la denuncia, el viernes 17 de abril, Ulloa Borrero azuzó a su perro para que atacara a la funcionaria y posteriormente la agredió físicamente con puñetazos y patadas.
La víctima relató que el hombre la lanzó al pavimento, la arrastró del cabello y le restregó la cara contra el suelo, causándole lesiones visibles en la frente, la nariz y las extremidades.
Durante la agresión, el sujeto supuestamente gritó improperios relacionados con resoluciones judiciales emitidas por la jueza en meses anteriores. El abogado de la víctima indicó que ya existían amenazas previas y que el sospechoso incluso vigilaba los movimientos del hijo de la funcionaria mediante cámaras de seguridad.
Ulloa Borrero, de 48 años, enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía de Heredia, la cual analiza tramitar el caso bajo la figura de violencia de género, dado que el uso de un perro como instrumento de ataque implica violencia física y psicológica.
Está programada una audiencia para este lunes 20 de abril, a la 1:30 p. m., en el Juzgado Penal de Heredia, para determinar si se le imponen medidas cautelares.