¿Presiones efectivas? Proyecto contra distorsión en mercado del cemento cumple un año olvidado
Iniciativa no avanzó durante administración anterior luego de presiones de Juan Carlos Bolaños
Uno de los deseos del importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños, quedó plasmado de forma tajante en dos páginas del informe de mayoría emitido por la comisión legislativa que analizó el tema.
Bolaños deseaba frenar a toda costa un proyecto de ley presentado por el entonces diputado de Acción Ciudadana (PAC) Marco Vinicio Redondo el 6 de octubre de 2015, tan solo un mes antes de ese encuentro en Casa Presidencial.
La presión entonces tuvo éxito. Efectivamente el proyecto no fue convocado para su discusión en la Asamblea Legislativa durante el periodo de sesiones extraordinarias comprendido entre el 1° de diciembre de 2015 y el 30 de abril de 2016.
Con el tiempo fue retomado y aunque a nivel político y posteriormente judicial estalló el escándalo y todas sus investigaciones, la iniciativa finalmente recibió un dictamen de comisión el pasado 21 de marzo de 2018, con miras a una eventual aprobación.
Esa, sin embargo, fue la última vez que la iniciativa fue motivo de discusión a nivel legislativo.
Un año exacto después, ni el nuevo gobierno de Carlos Alvarado, ni la nueva fracción oficialista del PAC han intentado retomar el proyecto, el cual, ahora corre el riesgo de terminar en el archivo ante el vencimiento este 2019 de su plazo vida política.
Distorsión tributaria
El proyecto partía de un problema existente en el mercado. La ley vigente obliga a las empresas que produzcan o importen cemento a pagar un 5% de impuesto, con la distorsión de que eso rige únicamente para las que se encuentren instaladas en las provincias de Cartago, San José y Guanacaste.
Esto implica que cualquier compañía instalada fuera de ese territorio, no tiene que hacer el pago. El proyecto de Redondo nivelaba la cancha para todos, según recordó en entrevista con CRHoy.
"Cuando lo presentamos lo hicimos con el deseo de equilibrar la cancha, en estos instantes cualquiera que importe cemento tiene un 5% de margen que le permite manejar estrategias de mercado que obviamente les genera un beneficio… no me extrañaría que persistan presiones, lo manifesté incluso cuando se dio el informe del cementazo porque me parecía inaudito que hubiesen actores no incluidos y había una intención clara de otorgar un beneficio a algunos importadores de cemento… el proyecto quería nivelar la cancha y fue dinamitado", dijo Redondo.
El eventual cobro del 5% hubiese afectado directamente las pretensiones de Bolaños al verse obligado a pagar ese rubro. Pero no era el único, Costa Rica ya cuenta con empresas de capital extranjero, instaladas fuera del rango de cobertura de la ley vigente.
Parálisis en un ambiente convulso
Gianina Dinarte y Welmer Ramos fueron los ministros de Economía de la anterior administración. Ahora Ramos es diputado y Dinarte es asesora de la fracción del PAC. Foto CRHoy.
El proceso de cambios en el mercado cementero tomó fuerza durante la administración anterior con un cambio en el reglamento que facilitaba la importación del producto.
Dicha normativa avanzó con el respaldo del mensaje vendido por la administración de Luis Guillermo Solís de promover una mayor apertura para el mercado cementero.
Sin embargo, el proyecto sobre el impuesto en el Congreso se movió en un escenario distinto y muy convulso, y sin contar con el mismo respaldo del Ejecutivo que sí había otorgado al cambio en el reglamento que favorecía la importación del producto.
Cuando por fin el tema pudo discutirse en la última legislatura; es decir, antes de que el anterior gobierno saliera, la iniciativa pudo avanzar hasta su dictamen, no sin que en el camino hubiesen municipios que se contradijeran en sus posiciones.
Municipalidad de San Ramón
"Este impuesto viene a afectar la construcción, lo cual no es razonable en una situación tan difícil, como la que se vive actualmente, dado que esto vendría a encarecer los costos de construcción".
Municipalidad de Esparza
"Busca subsanar algunos vacíos que contiene la ley actual, principalmente en el sentido de que solo se regula la producción en una parte del territorio (…) es una iniciativa positiva para el fortalecimiento del régimen municipal".
El dictamen del proyecto se produjo el 21 de marzo de 2018 en medio de las agitadas aguas ocasionadas por el escándalo del cementazo.
A nivel legislativo se venía discutiendo desde meses atrás el tema en una comisión especial que había dejado el asunto para el plenario justo para los meses finales de la administración. La Asamblea Legislativa cambió el último día de abril.
Pero ni con la nueva camada de diputados que ingresó a partir del 1 de mayo de 2018 ni con el nuevo gobierno de Carlos Alvarado a partir del 8 de mayo de 2018, el proyecto volvió a moverse.
Fechas claves. Desde 2015 hasta 2018 el proyecto de ley no se movió. Este año recibió su dictamen, y desde entonces tampoco ha vuelto a tener movimientos. (Captura de pantalla, sitio Asamblea Legislativa).
En vez de ello, el expediente acumula telarañas.
MEIC "sin posición"
Consultados sobre el tema en el MEIC respondieron vía correo electrónico que "la actual Administración está al tanto" del proyecto de ley. Pese a ello afirman no tener una posición de respaldo o rechazo sobre el mismo.
"Aún no hay posición de esta cartera ministerial sobre los alcances de este proyecto de ley", afirmaron.
Al mismo tiempo, el Ministerio aseveró a CRHoy.com que en este año la Administración no ha recibido ningún tipo de solicitud de personas interesadas en respaldar o en que se rechace el proyecto. Tampoco algún tipo de consulta al respecto.
La agenda legislativa la maneja actualmente el Gobierno y no será sino hasta mayo cuando la retomen los diputados.
El día límite que tiene la iniciativa es el 6 de octubre próximo. si para ese día no se ha tomado alguna decisión, el documento sería archivado.