Presidente de la Corte resalta necesidad de Ley de Ejecución de la Pena ante eventual veto de Chaves
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, destacó la necesidad de que el país cuente cuanto antes con una Ley de Ejecución de la Pena: una norma que ordene las decisiones que toman los jueces y la administración del Sistema Penitenciario Nacional respecto a las condenas que cumplen las personas privadas de libertad.
La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 19 de febrero, en segundo debate y con 33 votos a favor, un proyecto de ley que pretende ordenar el manejo de las cárceles, al delimitar de forma más clara las funciones del Ministerio de Justicia y Paz y las de los jueces de ejecución de la pena.
No obstante, el mandatario, Rodrigo Alberto Chaves Robles, y su ministro, Gerald Campos Valverde, anunciaron que vetarían el expediente legislativo e incluso calificaron la iniciativa como un "mamotreto".
Para el magistrado Aguirre, esta ley fue elaborada con los mejores criterios técnicos, dado que nació como una iniciativa del propio Poder Judicial; por eso considera que se trata de una deuda histórica pendiente de saldar.
"Desde hace muchos años se dejó esa fase de la represión penal para regularla en otro momento. Hasta ahora, se venía haciendo mediante decretos y siempre han existido dudas de cómo proceder en esos casos, entonces el Poder Judicial por esa razón ha estado muy interesado en que se dicte una ley que clarifique todas esas competencias, las judiciales y del Poder Ejecutivo.
Siempre hemos considerado eso una necesidad y por eso trabajamos ese proyecto, en el cual también hay una intervención del ejecutivo en lo que concierne a lo que realizan esos órganos. Creo que es una ley necesaria que viene a llenar un vacío", indicó Aguirre.
Pese a ello, el mandatario insiste en no firmar el proyecto para que no se convierta en ley y, en su lugar, vetarlo. En caso de que esto ocurra, Aguirre indicó que los únicos que pueden revertir la decisión son nuevamente los diputados, mediante un resello.
"El señor presidente ha dicho que la va a vetar, esas son competencias propias de él, nosotros no podríamos venir a decir que lo hace mal o bien. Él tiene su competencia constitucional, lo puede hacer y quien puede revertirlo es la Asamblea Legislativa, resellándolo, si se dan los votos legislativos", añadió.
El presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, informó esta semana que remitió la Ley de Ejecución de la Pena a Casa Presidencial para su promulgación y publicación, tras la aprobación en el plenario, pese a la amenaza de veto.
"La Ley de Ejecución de la Pena no es un portillo abierto ni un beneficio automático. Es una herramienta seria que ordena el sistema, protege a la sociedad y garantiza que las oportunidades de reinserción estén condicionadas al estudio, el trabajo y el cambio de la conducta", señaló Arias Sánchez.
Según el presidente de la Asamblea Legislativa, además de ordenar el sistema penitenciario, la ley brinda seguridad jurídica y exige planes de atención profesional y evaluaciones técnicas.
Asimismo, establece requisitos estrictos para acceder a modalidades de reinserción, incluidos informes criminológicos y psicológicos positivos; excluye a personas con otras causas penales abiertas o con faltas graves; y garantiza la vigilancia judicial y el respeto a los derechos de las víctimas.
El Ejecutivo tiene dos opciones: firmar y publicar la ley por la vía oficial o vetarla y enviarla de vuelta al Congreso. Según afirmó Chaves, se inclinarán por el segundo escenario. Votaron en contra de la iniciativa Pilar Cisneros y otros cuatro diputados oficialistas, así como Carolina Delgado, de Liberación Nacional.
El proyecto pretende regular la ejecución de las sanciones penales y las medidas de seguridad impuestas por los Tribunales de Justicia, conforme a las disposiciones constitucionales y legales, con la finalidad de asegurar su cumplimiento y procurar la inserción social de la persona sentenciada.
Esta iniciativa surge como un esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia por asumir una respuesta ante la ola de criminalidad que atraviesa el país. La redacción del proyecto estuvo a cargo de la Sala de Casación Penal, la Fiscalía General de la República y la Defensa Pública, con el apoyo de jueces de ejecución de la pena.