Presidenta y gerente de la CCSS declararán en juzgado
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, gerente general de la institución, son las dos imputadas que solicitaron rendir su declaración ante el Juzgado Penal de Hacienda en la audiencia de medidas cautelares por el Caso Barrenador.
Esquivel solicitó un proyector para poder mostrar la documentación que trajo preparada.
Se espera que después sea el turno de Gutiérrez, quien ante consulta de este medio no quiso adelantar ningún criterio de momento.
La información fue confirmada por varios abogados defensores de imputados, quienes aseguran que estas dos declaraciones podrían abarcar toda la tarde, razón por la cual convocarían nuevamente a las partes el viernes.
"Es un derecho que tienen los imputados de declarar y ellos han decidido hacerlo. Ya lo hicieron dos de los imputados y por lo menos otros dos estarían haciéndolo durante la tarde", explicó Rodrigo Araya, defensor de Jorge Porras.
Durante la mañana ya lo había hecho Jorge Luis Araya Chaves, quien representó a los patronos en la junta directiva de la CCSS.
Todavía dos defensores están pendientes de alegar los motivos por los cuales pretenden que sus clientes salgan de la audiencia sin ninguna medida.
Esquivel, Camareno, Porras, Marielos Gutiérrez, Jorge Araya, Zeirith Rojas, Johnny Gómez y Roberto Quirós son señalados por los presuntos delitos de influencia contra la audiencia pública y tráfico de influencias.
A las 11.30 a.m. se acordó dar un receso y será reanudada a la 1.30 p.m. con la declaración de uno de los involucrados en el caso.
Además de ellos tres, también figuran como imputados en la causa 24-000267-1218-PE: Jorge Araya, Zeirith Rojas, Johnny Gómez y Roberto Quirós.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó suspender del cargo a la presidenta de la CCSS y otros imputados de apellidos Camareno, Gutiérrez, Araya, Rojas y Gómez, de la junta directiva de la CCSS.
Además, pidieron imponer para todos los involucrados impedimentos de salida del país, depósito de pasaportes, firmar una vez al mes en la FAPTA, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.
Según el Ministerio Público, estas personas tomaron la decisión de adjudicar el contrato de administración de 138 Ebais a varias cooperativas, pese a que se determinó que las ofertas presentadas por las entidades eran excesivas.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa junta directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.