Presidenta legislativa definirá hoy la fecha para votar informes sobre denuncia contra Fabricio Alvarado
Yara Jiménez Fallas, presidenta legislativa, anunciará este jueves su resolución sobre la fecha en que se someterán a votación en el Plenario los tres informes relacionados con el caso del exdiputado y excandidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado, tras la denuncia por presunto acoso sexual presentada por la exlegisladora Marulin Azofeifa.
La fecha de la votación se dará a conocer durante la reunión entre el directorio legislativo y las jefaturas de fracción.
Jiménez consultó al departamento legal de la Asamblea Legislativa si el actual Congreso tiene competencia para conocer y votar una eventual sanción contra el exlegislador. Tras recibir un criterio favorable, la presidenta remitió los tres informes a los diputados para que los analicen antes de tomar una decisión.
Dos de los informes recomiendan imponer una sanción ética pública contra Alvarado, mientras que un tercero descarta esa medida.
Además, Jiménez pidió a los diputados mantener la confidencialidad del caso para evitar la revictimización de la denunciante.
¿Qué dicen las jefaturas de fracción?
A lo interno de la bancada oficialista hubo un cambio de postura. El 1.º de mayo, el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, afirmó que el tema no debía ser conocido por este Congreso, debido a que Alvarado ya no es diputado.
Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO. CRH/Asamblea Legislativa
Posteriormente, Jiménez anunció que darían trámite al proceso tras el criterio favorable del Departamento Legal de la Asamblea.
Acosta aseguró que para el oficialismo la resolución del caso tiene "la mayor relevancia" y afirmó que están comprometidos con el proceso. No obstante, señaló que también deben analizar si la reglamentación vigente protege adecuadamente a las víctimas y si la discusión responde a una preocupación genuina o a un discurso político.
El jefe de bancada del Frente Amplio, José María Villalta, solicitó que el tema se vote con la mayor brevedad posible y afirmó que a la presunta víctima se le debe garantizar justicia, incluso dentro del contexto legislativo.
Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, consideró necesario concluir el proceso y advirtió que no hacerlo enviaría "una pésima señal" al país.
"Debemos enviar una señal de que el hostigamiento sexual es inaceptable en el Congreso, aun cuando se trate de un exlegislador", indicó.
Abril Gordienko, diputada del PUSC, manifestó que, aunque el caso tendrá una resolución en la vía judicial, el Congreso —con mayoría de mujeres— debe dejar claro que las conductas denunciadas "no las vamos a tolerar".
Abril Gordienko, diputada del PUSC. CRH
Mientras que, Claudia Dobles, diputada del CAC, calificó como importante la decisión de someter los informes a votación. Sin embargo, pidió otorgar un plazo razonable para que los 57 diputados puedan estudiarlos adecuadamente.
"Que quede claro que el proceso resolutorio se tiene que dar en este Plenario", enfatizó.
Caso no lo votó Congreso anterior
Alvarado evitó ser sancionado por el Congreso anterior gracias a una estrategia impulsada por la bancada oficialista, Nueva República y diputados de otras fracciones que se aliaron al Gobierno en varias votaciones. La ausencia de legisladores impidió alcanzar el cuórum requerido en las dos últimas sesiones y evitó la votación.
Diputados actuales solicitaron a Jiménez emitir una resolución y someter los informes a votación para cerrar el caso y hacer cumplir el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y Diputadas, aprobado en 2020.
Alvarado se expone a una sanción ética pública y podría convertirse en el primer exdiputado sancionado por el Congreso.
El caso también se tramita en la vía judicial. Alvarado enfrenta tres denuncias: la presentada por Azofeifa, otra de Alicia Castillo por presunto abuso sexual cuando ella tenía 13 años, en 2006, y la de una tercera mujer.
Como Alvarado ya no cuenta con inmunidad, los procesos continuarán, a partir de esta semana, en la vía judicial ordinaria.
La defensa de Azofeifa solicitó medidas cautelares como arresto domiciliario con tobillera electrónica, impedimento de salida del país, prohibición de acercarse a la denunciante, entre otras restricciones.
El 12 de mayo, Alvarado se presentó a la Fiscalía General para una indagatoria en la que se le dio conocimiento de los procesos en su contra. Al exdiputado se le impusieron medidas cautelares: no perturbar a la denunciante (Castillo) durante el proceso de investigación.