Presidenta del IFAM anuente a que se evalúe su cierre
Jerarca acepta que entidad está bajo examen, pero pide que evalúen impacto de ayuda a municipios pobres
(CRHoy.com).- La presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la exdiputada Marcela Guerrero (PAC), está anuente a que el cierre de la entidad se ponga en la balanza después de 50 años desde su creación.
Guerrero es la primera en reconocer que autoridades locales, desde alcaldes hasta regidores, le han comunicado que no sienten "el peso" del IFAM en la vida de las municipalidades, a pesar de que, según la jerarca, de los cinco mandatos legales que tiene la entidad, cumple con éxito con al menos tres de ellos: capacitación, asistencia y financiamiento.
En el último de esos casos, los créditos para el desarrollo de infraestructura, Guerrero afirmó que su "clientela" son las municipalidades pequeñas, con presupuestos anuales menores a los ¢5.000 millones y que, por lo tanto, no tienen capacidad de financiar obras de beneficio cantonal. La lejanía física de algunos de esos ayuntamientos pequeños hace menos visible la labor que cumple el IFAM en la vida institucional actual.
"La institución tiene que pasar un examen. Yo sí considero que el IFAM financia desarrollo, nosotros estamos trabajando con municipalidades que tienen presupuestos menores a 5.000 millones y esa plata tiene que encargarse de una serie de tareas, hasta el tema de la red vial cantonal", explicó.
A pesar de su anuencia a que se evalúe si el IFAM debe continuar operando o no, Guerrero recalcó que más de un 50% de las municipalidades tiene presupuestos inferiores a los ¢5.000 millones anuales, lo cual justifica todavía más la operación de la entidad que les presta para inversión.
Según datos de la entidad, en el 2018 colocó créditos para desarrollo de obras públicas municipales por ¢5.600 millones; en el 2019 por ¢5.900 y este año tiene la meta de colocar ¢10.000 millones.
La presidenta ejecutiva dijo que el valor de esos recursos se fundamenta en el costo que tiene para una municipalidad la rehabilitación y la construcción de un kilómetro lineal de vía pública. Con base en datos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), Guerrero cuantificó que a un gobierno local le cuesta ¢65 millones rehabilitar un kilómetro de red vial, mientras que construirlo desde cero le demanda ¢410 millones.
"Con un presupuesto de ¢5.000 millones, una municipalidad solo podría construir 12 kilómetros de red vial. Ahí es donde toma relevancia la existencia del IFAM (…). Pero con un Gobierno con 330 instituciones, a nosotros no nos tiembla el pulso para decir ‘entren a valorar el tema del IFAM'; si no pasara el examen, yo la defendería en esta tesitura: quién más da financiamiento, quién más tiene las condiciones para hacer alianzas y levantar a las municipalidades", agregó.
Después defendió el rol como recaudador y distribuidor de impuestos que juega el Instituto, de los cuales se benefician instituciones como la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Unión Nacional de Gobierno Locales (UNGL), la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).
Guerrero aceptó en el rubro de capacitación a los funcionarios del régimen municipal la entidad que dirige se han quedado corta y que en este punto justifica las críticas de varios alcaldes sobre la gestión del IFAM.
Cara operación
Para este 2020 el presupuesto del IFAM es de ¢18.022,84 millones divididos en los programas de administración general, que consume ¢6.438,99 y el de fortalecimiento municipal, al que destinó ¢11.583,85 millones. Un año antes, el presupuesto total había sido de ¢23.788,23 millones.
La principal fuente de financiamiento del presupuesto ordinario del 2020 del IFAM son los ingresos tributarios con un 38,77%.
Durante el periodo 2016-2020 los ingresos presupuestados para el IFAM fueron crecientes, con excepción de este año, cuando cayeron un 24, 2%.
El porcentaje de ejecución presupuestaria más alto al que llegó el ente en el mismo periodo fue de un 85,8% en el 2017. El porcentaje promedio de ejecución para ese lapso fue de un 65%.
Institucionalidad sujeta a escrutinio
Acerca del tamaño de la institucionalidad que acompaña al régimen municipal, que según Marcela Guerrero, goza del financiamiento del IFAM, ella considera que también debe evaluarse la existencia de cada uno de los entes sobre el rol que debe cumplir cada institución y si, efectivamente, está cumpliendo a cabalidad.
"Hay que abrir un debate (sobre la existencia de la UNGL y de la ANAI) y será el régimen el que diga qué quiere o qué no quiere hacer con ellas. Lo que me parece más complejo es no aceptar que estamos en un proceso de cambio permanente. Si una municipalidad dice que yo soy un elefante blanco, yo tengo que escucharla y, si lleva razón, tengo que acatarlo", indicó.
A principios de setiembre, cuando recién tomó la decisión de sacar a la Municipalidad de Cartago de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), por razones de conveniencia financiera y política, el alcalde, Mario Redondo, afirmó que el debilitamiento que ha sufrido el IFAM a lo largo de los distintos gobiernos ha obligado a crear entidades como la que abandonó.
Redondo cuestionó la cantidad de apoyo que brinda el IFAM en capacitación para los actores del régimen municipal y consideró que al Instituto le hace falta una reingeniería, pues consideró que este dejó de ser clave para el municipalismo.
Actualmente, en la corriente legislativa hay un proyecto de ley para cerrar el IFAM, se tramita bajo el expediente 20.309 y lo presentaron en el 2017 los diputados de la bancada del Movimiento Libertario. El plazo para discutir ese proyecto vence el 14 de marzo del año entrante, después se irá al archivo.
El argumento sobre el que se fundamenta la iniciativa es que los ayuntamientos pueden acceder a líneas de crédito o convenios de cooperación para obtener la asesoría que requieren, el financiamiento lo pueden obtener del sistema bancario nacional o internacional y de organismos de cooperación internacional, además de que los municipios, en criterio de los proponentes, pueden tener sus propios planes de capacitación recurriendo a expertos nacionales e internacionales, universidades y organismos de cooperación internacionales especializados en materia municipal.
"Es una institución que no ha tenido el impacto estratégico esperado en el desarrollo del régimen municipal. Es más alto el costo que el beneficio. Es una intermediaria entre el Gobierno y los municipios, restándole categoría a la autonomía municipal. Desde el cuatrienio 94-98 se establecieron criterios válidos para cerrar la institución", justificaron los ahora exdiputados en su proyecto.
La Contraloría General de la República aprobó un presupuesto inicial total para los gobierno locales durante el 2020 por ¢590.279 millones, con una disminución de un 1% con respecto al 2019.
El ente contralor destacó que las municipalidades que destacan por cubrir sus necesidades de gasto con financiamiento son las de los cantones de Buenos Aires (¢1.699 millones), San Pablo (¢989 millones), Pérez Zeledón (¢2.047 millones), San Ramón (¢1.383 millones), Jiménez (¢281 millones) y Abangares (¢478 millones), siendo el IFAM, el Banco Popular y el Banco Nacional, los principales prestamistas.