Presidenta de INS y director de Bomberos investigados por cierre de Parque Viva

El mencionado caso se abrió a raíz de una denuncia que apunta que la suspensión del permiso de funcionamiento del centro de eventos -en apariencia- contravino el ordenamiento jurídico. El prevaricato es un delito contenido en el artículo 357 del Código Penal, que se entiende como el dictado de resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos. Para ese ilícito se establecen penas de cárcel que van desde los 2 a los 6 años. También se prevén agravantes en los que las sanciones van de los 3 a los 15 años de prisión, si se incurre en ese actuar en una sentencia condenatoria en una causa criminal.

La investigación se mantiene -al 3 de abril de 2023- en la etapa de recolección y análisis de prueba, que es privada para terceros, tal y como lo dispone el numeral 295 del Código Procesal Penal.

Este medio remitió una solicitud de descargo a la presidenta ejecutiva del Instituto de Seguros a través de su departamento de comunicaciones, sin embargo, esta señaló que a la fecha no había sido notificada sobre el proceso, por lo que no se referiría al particular. Araya Esquivel no registra otras pesquisas en curso en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).

CRHoy.com también procuró conocer la posición de Chaves León, pero mediante un mensaje de texto, este señaló que tampoco estaba al tanto sobre el expediente y que, por recomendación de su abogado, no brindaría declaraciones.

El director del cuerpo de socorro mantiene cuatro causas abiertas en el despacho encargado de la persecución de irregularidades en la función pública; todos ellos son por supuesto peculado, de acuerdo con la oficina de prensa del Ministerio Público.

De la que han trascendido mayores detalles es la correspondiente al número de referencia 21-000011-1218-PE. Su origen es una denuncia interpuesta por un vuelo personal para una servidora de la institución que en apariencia se pagó con fondos de Bomberos. Dicha pesquisa dio pie a cinco allanamientos efectuados el 26 de octubre de 2020 en la sede central de la entidad, en San José; así como en la Dirección de Tecnología, en la empresa Volar Helicopters S.A., en una casa de habitación en Montes de Oca y en una oficina de contaduría pública.

Al caso se le acumularon los expedientes 21-000060-1218-PE y 23-000009-1218-PE. Esta última es la investigación más reciente que se inició contra Chaves León y se deriva de una denuncia efectuada por el Consejo Directivo de Bomberos, a partir del informe de auditoría AIB-355-2022 (el tema fue declarado confidencial en sesión del 14 de diciembre de 2022, según el acta 0208).

La restante causa es la 21-000182-1218-PE, de la que no se proporcionaron detalles.

A ello debe agregarse que el 6 de octubre de 2022, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública desestimar el expediente 21-000185-1218-PE, en el que al jefe de Bomberos se le persiguió por presunto tráfico de influencias.

"Violación indirecta"

El 8 de julio de 2022, y basado en una "denuncia anónima", el Ministerio de Salud suspendió temporalmente el permiso de funcionamiento del Parque Viva al aducir que ese negocio producía "enormes presas".

La notificación de la decisión llegó al Grupo Nación (empresa propietaria) dos días después de que el mandatario -en la rueda de medios posterior al Consejo de Gobierno– cuestionara la capacidad económica de la también dueña del periódico La Nación para pagar bonos adquiridos a través del sistema de pensiones. La corporación propietaria del diario respondió al garantizar su solvencia con el respaldo de las operaciones de su negocio de entretenimiento.

En un comunicado, la cartera adujo que la medida respondía a "quejas y denuncias", relacionados con los problemas de circulación en la zona durante la celebración de actividades masivas en ese centro de eventos.

La disposición se giró -según la nota de prensa- a partir de recomendaciones de inhabilitación de actividades masivas por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE, adscrito a la Presidencia de la República), el Ministerio de Obras Pública y Transportes (MOPT), la Cruz Roja Costarricense (CRC) así como la Dirección General del Cuerpo de Bomberos (del Instituto Nacional de Seguros).

No obstante, los informes técnicos llegaron a la cartera sanitaria hasta después de que se ordenara el cierre, según se desprende de los documentos compartidos por la institución el 13 de julio de 2022.

Ese mismo día, también en conferencia de prensa, Chaves Robles justificó la medida por una hora, a modo de "derecho de respuesta" ante la reacción que tuvo La Nación. Para ello, echó mano del respaldo del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, del director general del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves León, así como de producciones audiovisuales elaboradas por la Casa Presidencial. Al mismo tiempo, negó tajantemente que la disposición fuera una amenaza a la libertad de empresa o un ataque a la libertad de prensa.

De acuerdo con el primero de los jerarcas, las aglomeraciones de más de 5.000 vehículos en la zona implican afectaciones por más de 10 horas para posibles ingresos de unidades de socorro. Chaves León secundó las implicaciones de esos colapsos, al tiempo que justificó que nunca antes había hecho advertencias, ya que nunca se las habían solicitado.

Los videos proyectados incluían uno en el que se observan las dificultades de una ambulancia para superar las presas, así como una animación, con la que se pretendía demostrar el riesgo para la población que vive en las cercanías del centro de eventos.

El gobernante criticó a La Nación y sus dueños, al señalar a estos últimos de "reyes sin corona", para luego acusar al periódico de "difamar a la patria", por la cobertura internacional -en medios asociados al Grupo de Diarios América (GDA)- sobre el cierre del Parque Viva.

La Sala Constitucional declaró con lugar el 21 de octubre de 2022 un amparo interpuesto por 14 periodistas del diario contra Chaves Robles y Chacón Madrigal. La decisión fue acogida por seis de siete magistrados, ya que Anamari Garro Vargas salvó parcialmente el voto.

El "por tanto" de la resolución 2022025167 ordenó la anulación de la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0368-2022 del 8 de julio de 2022, así como lo dispuesto en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-1724-2022 del 15 de julio de 2022.

"La razón de esta decisión es que para la mayoría del tribunal esto constituye una violación indirecta a la libertad de prensa; libertad que es un elemento esencial de nuestro sistema democrático", declaró entonces el presidente de la Sala, Fernando Castillo Víquez.

Cinco días más tarde, Chaves Robles -de nuevo en la rueda de medios del Consejo de Gobierno- adujo que el fallo pareciera ser "una contorsión, un estiramiento lógico-jurídico" que buscar favorecer los intereses de "grupos poderosos e influyentes".

Aunque para entonces no había sido notificado, el mandatario se refirió a la decisión, según dijo, para adelantarse a las consultas de la prensa. El gobernante reiteró su compromiso con respetar la resolución y la división de poderes, pero destacó una supuesta "reacción" de la opinión pública, de cuestionamiento a la legitimidad del fallo, tal y como lo extrajo "en redes sociales, en conversaciones, en la calle"; sin aportar ninguna evidencia.

El director ejecutivo del Grupo Nación, Pedro Abreu Jiménez, detalló que las acciones legales emprendidas por la empresa para el momento de la publicación se limitaban a un proceso contencioso administrativo, que aguarda por una resolución. Consultado sobre si la compañía ha interpuesto alguna denuncia penal, el vocero mencionó que la misma se estudiará una vez que se tenga una sentencia en la otra vía.