Presidencia reconoce que no hay contrato para uso de finca relacionada con empresario cuestionado por tala

El diputado del FA pidió a Casa Presidencial copia del contrato para el uso de esta finca privada.

La ministra de la presidencia, Laura Fernández confirmó al diputado del Frente Amplio (FA) Ariel Robles, que no existe un contrato para el uso de una finca privada en Barva de Heredia, donde existe un polígono, y donde funcionarios de la Unidad de Intervención Especial (UIE) y la Unidad de Protección Presidencial (UPP) entidades suscritas a Casa Presidencial, ha realizado prácticas.

Tanto la UIE y la UPP tienen la función de custodiar a los miembros de los supremos poderes.

La jerarca respondió así la consulta que le hizo el diputado del Frente Amplio (FA) Ariel Robles, sobre si existen facturas por el uso del polígono en dicha propiedad por parte del Gobierno.

Dice la nota de Fernández:

En virtud de lo anterior, no es posible facilitar los documentos solicitados, referidos a la copia del convenio o contrato entre la Unidad Especial de Intervención (UIE) y Unidad de Protección Presidencial (UPP), con V Entertaiment o su razón social, para el uso del polígono de tiro, y copia de las facturas digitales de los servicios pagados para tal convenio, dado que no existió ninguna relación contractual de por medio, sino que su uso fue sin contraprestación alguna.

El oficio completo lo puede leer aquí:MP-DMP-OF-0553-2024 Respuesta al oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0381-2024

Dicha propiedad, pertenece a la exesposa del empresario Allan Pacheco Dent, cuestionado e investigado por la Fiscalía tras un permiso que obtuvo del Sinac para la corta de varios árboles en una finca ubicada en Gandoca-Manzanillo.

Según Robles, el 12 de abril de este año el Área de Conservación La Amistad Caribe, de la oficina subregional de Limón, en Talamanca, otorgó un permiso de tala a la propiedad de la empresa Playa Manzanillo. S.A. donde Pacheco es el representante.

El permiso, por 6 meses, da el aval para la corta de 29 árboles de 10 especies.

El legislador señala además que un estudio del Registro Nacional del 2021 afirma que la propiedad privada habría infringido la zona marítimo-terrestre en un 20%, donde se dio la corta de árboles.

Robles explicó que desde marzo del 2022, la Procuraduría (el abogado del Estado) en cumplimiento de la resolución 2019-12745 de la Sala Constitucional, le remitió al Inder, una lista de terrenos inscritos identificados con zonas boscosas y que fueron segregados o traspasados de manera irregular por ser posteriores a la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Pero a la fecha el Inder no ha recuperado dichos terrenos, no ha actuado de manera administrativa o judicial.

Uno de esos terrenos es la finca que aparece a nombre la sociedad Playa Manzanillo S.A. donde el empresario Pacheco Dent es representante.

El 12 de abril del 2024, el Área de Conservación La Amistad Caribe, Oficina Subregional Limón Talamanca, emitió los permisos de tala al empresario.

Robles insiste que hay suficiente evidencia para demostrar una inacción del Estado en protección del medio ambiente y en este caso en afectación del refugio nacional.

Dádiva

En su espacio de control político, el diputado Robles afirmó que la respuesta de la ministra Fernández confirma que el uso de esa finca fue una dádiva, lo que va en contra de lo que indica el artículo 40 del reglamento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

Dice dicho artículo:

Artículo 40.-Prohibición. Se prohíbe terminantemente a los servidores públicos recibir dádivas, obsequios, regalos, premios, recompensas o cualquier otra ventaja como retribución por actos u omisiones inherentes a sus cargos.

Hay que recordar también que en dicha finca se han realizado al menos dos fiestas con funcionarios en jerarcas de Casa Presidencial.

Incluso el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, confirmó que estuvo en una de esas fiestas, realizada el 15 de octubre del 2022, que llamó "la fiesta de los jerarcas".

Robles descalificó además la intervención que hizo la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, quien defendió los permisos otorgados a Pacheco Dent y recordó que un juez resolvió no imponer medidas cautelares al empresario.

Cabe indicar que el juez, Félix Castellón Ruiz, fue el mismo quien ordenó, en mayo del 2022, levantar la suspensión a seis alcaldes investigados por el caso conocido como Diamante.

"Esto es una dádiva, a cambio de las montañas de Gandoca-Manzanillo, si usted quiere ser escudera de la corrupción de este Gobierno (se refiere a Pilar Cisneros) y contradecir lo que usted siempre ha hecho, ser contraria a lo que siempre ha sido, a mí no me importa que el presidente me diga la 'loca de Gandoca', voy a seguir haciéndolo con orgullo, porque prefiero ser eso que ser un escudero de la corrupción o corrupto", afirmó Robles.