Presidencia buscará a la Iglesia y al FA para discutir sobre plan de jornadas 4/3
(CRHoy.com).- El Poder Ejecutivo seguirá insistiendo con la aprobación del proyecto de ley que pretende autorizar las jornadas excepcionales de 12 horas, 4 días a la semana y 3 días de descanso, más conocido como plan 4/3.
Este proyecto de ley, que era una de las prioridades del gobierno en las sesiones extraordinarias en el Congreso, se le estancó al Poder Ejecutivo. El plan terminó colmado de mociones en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa que impidieron su aprobación antes de que llegara agosto, como lo pretendía la Presidencia.
Este lunes tras una reunión con la bancada legislativa del Frente Amplio (FA) la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, dijo que el Gobierno buscará a 2 de los principales detractores de esta propuesta: al FA y a la Iglesia Católica.
Díaz públicamente ofreció al jefe de bancada del FA, Jonathan Acuña, una reunión con la ministra de Trabajo, Marta Esquivel, para discutir las mociones que la agrupación tienen presentadas al texto.
Entre tanto, con la Iglesia dijo que su despacho está buscando un acercamiento con la Conferencia Episcopal para conocer sus inquietudes sobre el proyecto.
Desde el arranque de su administración, el presidente Chaves y sus ministras de Presidencia y Trabajo; Natalia Díaz y Marta Esquivel, se propusieron priorizar este proyecto de ley con la finalidad de que se lograra aprobar en la Asamblea Legislativa antes del 31 de julio, cuando culminaron las Extraordinarias. En este período legislativo el Poder Ejecutivo puede controlar la agenda de proyectos que discuten los diputados.
A pesar de las largas jornadas de discusión entre el gobierno con los diputados, empresarios y sindicatos para impulsar la aprobación del proyecto, esta prioridad del presidente Chaves y su gobierno no se concretó.
En junio pasado el Poder Ejecutivo presentó un texto sustitutivo al Congreso sobre este proyecto, luego de semanas de discusión con los distintos sectores. El objetivo, no alcanzado, era que con este nuevo texto el plan avanzara y se lograra su aprobación.
Los cambios que planteó el Poder Ejecutivo fueron 3: se detallan las actividades en las que se podrían aplicar las jornadas laborales excepcionales, se refuerza una salvaguarda a favor de los trabajadores que opten por el nuevo esquema y se garantiza el pago de horas extra.
Según la nueva versión, se podrían implementar las jornadas ampliadas de trabajo para las actividades industriales o empresariales que, como excepciones muy calificadas, requieran de procesos continuos e ininterrumpidos de 24 horas de trabajo para desarrollar sus labores.
Estas actividades productivas deberán estar relacionadas con manufactura tecnificada, industria de implementos médicos, servicios de apoyo y servicios corporativos.
Los requisitos que deberán cumplir las empresas que desarrollen esas actividades tendrán que ser establecidos mediante reglamento.
La propuesta también indica que se podrán implementar jornadas excepcionales anualizadas diurnas, mixtas o nocturnas para actividades de turismo, comercio, construcción, agricultura y agroindustria, que resulten ser excepcionales y muy calificadas, porque implican trabajos estacionales y de temporada. Pero siempre y cuando no sean insalubres ni peligrosas.
El proyecto de ley consiste en una reforma a los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, con el propósito de actualizar las jornadas laborales y resguardar los derechos de los trabajadores.
La bancada legislativa del Frente Amplio (FA) urgió avanzar con los proyectos de ley recomendados en el informe del caso "Cochinilla" que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 21 de abril.
Los diputados de esa agrupación política pidieron al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que convoquen esos expedientes en las sesiones extraordinarias del Congreso.
Algunas de las iniciativas recomendadas en ese informe son las siguientes:
• Expediente 22.778: Ley para el fortalecimiento de la auditoría interna del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
• Expediente 22.409: Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.
• Expediente 21.515: Régimen de responsabilidad de las diputaciones por violación al deber de probidad, para eliminar la inmunidad de las diputaciones que se encuentran bajo investigación por casos de corrupción.
• Expediente 22.551: Ley para fortalecer el combate a la corrupción y transparentar los patrimonios de las candidaturas a puestos de elección popular.
• Expediente: 21.346: Ley reguladora de las actividades del lobby y de gestión de intereses en la administración pública.
• Expediente 22.869: Ley que permite la suspensión de salarios de funcionarios públicos que cometen delitos de corrupción.
"Son proyectos de ley que consideramos absolutamente necesarios en la agenda legislativa para continuar combatiendo de manera frontal la corrupción", dijo el diputado Jonathan Acuña, jefe de la fracción parlamentaria del FA.
El caso "Cochinilla" salió a la luz pública en junio del año pasado cuando se descubrió una presunta red de corrupción con obras viales que habría beneficiado a empresas privadas en licitaciones de construcción y en la que figuran altos mandos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), funcionarios públicos, empresarios y gerentes de las compañías constructoras. El caso se encuentra bajo investigación por parte del Ministerio Público.