PPSO entierra plan para flexibilizar contrataciones de la Cruz Roja
La fracción de Pueblo Soberano (PPSO) rechazó en segundo debate y archivó definitivamente un proyecto de ley que buscaba exceptuar a la Cruz Roja Costarricense de todos los procedimientos ordinarios de contratación pública cuando utilice fondos públicos.
La iniciativa, que pretendía reformar la Ley General de Contratación Pública, fue presentada por el exdiputado del PLN Óscar Izquierdo y establecía que, pese a la excepción, la Contraloría General de la República mantendría la fiscalización sobre los recursos públicos recibidos por la institución.
El rechazo se dio con 28 votos del PPSO. Al momento de la votación no estaban en el Plenario los oficialistas José Miguel Villalobos, Kattia Mora y Gonzálo Ramírez.
Únicamente lo respaldaron los diputados del PLN, Frente Amplio, PUSC, y CAC con 23 votos.
El rechazo se produjo en un contexto en el que dos dependencias de la Cruz Roja en Heredia tuvieron que cesar funciones ante la falta de recursos.
El proyecto había sido devuelto a la Comisión de Asuntos Sociales, presidida por la oficialista Esmeralda Britton, pero no sufrió cambios sustanciales. El oficialismo planteó que la reforma no debía beneficiar únicamente a la Cruz Roja, sino también a otras organizaciones.
Diputados del bloque democrático defendieron la necesidad de facilitar recursos para la Benemérita y señalaron que intentaron negociar una propuesta conjunta con el PPSO, sin llegar a un acuerdo.
Iztarú Alfaro, subjefa de fracción del PLN, insistió en que la entidad requiere de recursos y que pese a un largo período de negociaciones no alcanzaron un concenso ante la negativa del PPSO.
El diputado oficialista José Miguel Villalobos argumentó que el texto presentaba un problema de "conexidad", mientras que el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, sostuvo que era necesario modificar la iniciativa.
Acosta también justificó el rechazo al señalar que el Gobierno de Laura Fernández giró recientemente ¢1.500 millones a la Cruz Roja.
¿Qué establecía el texto?
Además de la excepción para la Cruz Roja, el proyecto establecía reglas para convenios de cooperación con otros Estados y organismos internacionales cuando estos aportaran al menos el 50% del valor del acuerdo.
Estos convenios debían contar con aprobación de la Contraloría y acreditar el interés público, la ventaja comparativa de la decisión y la razonabilidad del precio y costo.
Tras el voto negativo en segundo debate, el proyecto quedó archivado en la Asamblea Legislativa.