(VIDEO) Hijo de Calixto Chaves está en directiva de Caldera, Presidente quiere extender concesión
Dijo que hijo de financista de campaña de Rodrigo Chaves tiene ocupa puesto en junta directiva
(CRHoy.com).- Juan Pablo Chaves, hijo del empresario Calixto Chaves, amigo personal y financista de la campaña del presidente Rodrigo Chaves, ocupa un puesto en la junta directiva de la empresa Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) a la que el gobierno busca extender la concesión por 5 años.
Ricardo Ospina, Gerente General de la SPC, confirmó a la Comisión Legislativa de Puntarenas, la participación de Juan Pablo Chaves en la junta directiva de la empresa y además confirmó que Mónica Chaves, hija de Calixto Chaves y la esposa de este, Rosa Lidia del Socorro Zamora, forman parte de la sociedad Logística de Granos, que forma parte del consorcio que tiene la concesión del Puerto Caldera.
Ospina dijo que Juan Pablo Chaves ha sido la persona que siempre ha estado vinculado a la SPC.
Tanto Calixto Chaves como Juan Pablo Chaves figuran en un informe del Tribunal Supremo de Elecciones, enviado al Ministerio Público, por presuntas irregularidades cometidas en el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves, que lo llevó hasta la Presidencia de la República.
Padre e hijo fueron compradores de bonos, serie "A" y "B" en la campaña. José Pablo Chaves con ¢107.000.000 bonos serie "A" y Calixto Chaves con ¢34.000.000; pero además este último también aparece en la lista de los principales compradores de bonos serie "B" con un monto de ¢104.000.000.
El 20 de junio del 2022, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que procuran extender por 5 años el contrato con la SPC. Dicha compañía es la operadora de la terminal desde el 2006 y tiene contrato vigente hasta agosto del 2026. La ampliación extendería el plazo hasta el 2031.
En un audio filtrado en agosto pasado, el vicepresidente Stephan Brunner aseguró al Presidente Rodrigo Chaves, que era el empresario Calixto Chaves el que controlaba los gastos de la campaña y que él, a pesar de que firmaba, no era el que estaba decidiendo, pese a ser el tesorero propietario del Comité Ejecutivo Superior del partido PSD.
"Ahí es está el problema, con que la gente cree que como consiguió personas que invirtieran en bonos tenían derecho a gastar toda esa plata como si fuera de ellos. Y eso, evidentemente, no es así, yo traté de para en esta última gira a Jorge Rojas, y lo que él hizo fue, además de mandarme pa' la mierda, hablar con don Calixto, y acto seguido don Calixto me llama a mí y me dice que por favor gire toda la plata para Jorge Rojas. Entonces ahí es donde está el problema. Quiero que entienda que por esa razón yo no estoy en control de los gastos, sino, que, a final de cuentas, es Calixto".
En junio pasado, en la conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno, el presidente Chaves Robles, calificó como una "casualidad" que la sociedad Logística de Granos S.A., sea accionista de la SPC.
Incluso, el mandatario negó un "conflicto de interés" en este tema, tras el anuncio de extender la concesión a la SPC bajo el entendido de que se efectúen obras paliativas para atender el colapso que impide las llegadas de barcos de gran calado.
Un informe de la Contraloría General de la República, emitido en noviembre del 2021, evidenció el rezago de la inversión en mantenimiento en el Puerto de Caldera, tanto en la Terminal Multipropósito como en la Granelera, bajo la concesión de la SPC y SPGC, el cual asciende a más de $2.3 millones. Esto, según el ente contralor, afecta el servicio. La cifra podría ser mucho más alta, ya que los $2.3 millones se establecieron en el 2019.
CRHoy.com tuvo acceso a los montos de las ganancias de la SPC y SPGC del 2014 al 2016, porque viene consignadas en el Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, presentado por el consorcio Arcadis y Camacho y Mora, en enero del 2020, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). La SPC ganó del 2014 al 2016 un total de $98.461.692, mientas que la SPGC obtuvo ingresos por $39.933.973, en ese mismo periodo.
En agosto pasado, la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, ordenó al INCOP calcular y cobrar a las concesionarias SPC y SPGC el daño a los servicios portuarios, derivado de los incumplimientos de las productividades acordadas contractualmente.