Tres decretos de Rodrigo Chaves en investigación de la Fiscalía

(CRHoy.com) Tres de los principales decretos ejecutivos firmados por el presidente Rodrigo Chaves Robles son blanco de investigaciones en la Fiscalía General de la República.

Se trata de la denominada "ruta del arroz", la flexibilización de la regla fiscal, así como el aumento salarial a su gabinete. Así se desprende de un informe preparado por la oficina de prensa del Ministerio Público ante consulta de CRHoy.com.

El órgano acusador persigue en los mandatos los supuestos de tráfico de influencias y prevaricato, en tres causas distintas. Todas estas se siguen únicamente contra el gobernante.

Los tres casos se encuentran en "trámite", en la etapa de recolección y análisis de pruebas, que es privada para terceros, de acuerdo con el artículo 295 del Código Procesal Penal.

Sobre este particular, este medio solicitó el 26 de octubre a la oficina de prensa de Casa Presidencial un descargo, pero al cierre de esta publicación, la misma no había sido recibida.

Grano básico

El 22 de junio, el presidente Rodrigo Chaves Robles firmó junto a su ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, el decreto 43588-S para permitir el desalmacenaje de arroz pilado (limpio de granza) importado sin fortificar, para que este pueda cumplir ese proceso en el país, en cumplimiento con un requisito impuesto desde el 2002 por esa cartera.

Dicho mandato marcó el inicio de la denominada "ruta del arroz"; una de las promesas de campaña del gobernante. Ese decreto fue precedido por otros dos, que salieron a consulta pública el 7 de julio, por parte de los ministerios de Comercio Exterior (Comex) así como de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Ambos fueron firmados hasta el 3 de agosto, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A uno se le asignó el número de referencia 43643-MEIC, suscrito por Chaves Robles y su ministro de Economía, Francisco Gamboa Soto; mientras que al otro el 43642-MAG-MEIC-COMEX, que complementaron el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera, así como la entonces ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Bonilla Coto.

El primero de los mandatos derogó los decretos 39763-MEIC y 38884-MEIC, que disponían los límites mínimos y máximos de venta de arroz. Ese día el gobernante resaltó la eliminación del precio mínimo de venta del grano; situación que antes era sancionada por la cartera.

El otro decreto redujo el arancel para la importación del arroz en granza (con cáscara) del 36% al 3,5% y al 4% del arroz pilado. "Esto lo que va a hacer es permitir importaciones más baratas de arroz con la calidad a la que están acostumbrados los costarricenses, que la calidad que le gusta a los costarricenses es normalmente el arroz sudamericano", indicó el presidente en esa oportunidad.

No obstante, el semanario Universidad dio a conocer el 13 de julio -con base en datos de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz)- que entre las cinco compañías importadoras más beneficiadas por la iniciativa está Mercadeo de Artículos de Consumo S.A. (Mercasa), que es presidida por Bernal Jiménez Chavarría. Esa sociedad anónima fue la tercera que más importó arroz pilado en 2021, con 1.446 toneladas que representaron una participación en el mercado del 7%, según estadísticas incluidas en la publicación.

El empresario fue uno de los donantes de Chaves Robles cuando este aspiraba a la Presidencia de la República. El reporte efectuado ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) apunta que este hizo siete contribuciones a la campaña del actual gobernante, cuatro de estas en efectivo y otras tres en especie, para un total de ¢32,1 millones.

Jiménez Chavarría rechazó -y calificó de "falso"- que su compañía se esté dejando la disminución en la tasa del impuesto, toda vez que, por la eliminación del precio mínimo, su cadena de supermercados Homex pudo cambiar el costo según conveniencia. "Escogimos darle aún más beneficios al consumidor", puntualizó el empresario a este medio.

Aunque la privacidad del proceso penal correspondiente al expediente 22-000055-0033-PE impide conocer con detalle qué se investiga, este es el único caso en el que se persigue un aparente tráfico de influencias.

Ese delito está contenido en el numeral 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que lo define como el acto de influir en un servidor público, prevaliéndose de un cargo o cualquiera otra situación personal para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, contrato o resolución propio de sus funciones, de modo que genere una ventaja indebida para sí o para otro.

Relajamiento

Unos días antes de que la "ruta del arroz" se convirtiera en el tema que marcó varias de las conferencias de prensa, Rodrigo Chaves Robles suscribió una reforma al reglamento de la regla fiscal; que vía decreto 43589-H flexibilizó el instrumento de restricción del gasto corriente previsto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El mandato fue suscrito por el presidente y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.

La medida establecía el límite de crecimiento aplicado únicamente al monto presupuestado y no con relación al monto ejecutado, como sucedió en la administración de Carlos Alvarado Quesada.

Desde la perspectiva del gobernante, esta situación provocó una "desaceleración del gasto público enorme", que a su vez metió en problemas a instituciones públicos, respecto a sus responsabilidades.

El 29 de junio, la contralora general Marta Acosta Zúñiga advirtió ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa que la decisión implicaba "riesgos y efectos muy serios" para las finanzas públicas.

Una semana más tarde, el ente auxiliar del Congreso presentó accionó ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que este emitiera una medida cautelar que suspendiera la aplicación del decreto, sin que hasta ahora se haya emitido una resolución en la sumaria 22-003710-1027-CA.

La investigación por este decreto se tramita en la causa 22-000057-0033-PE, por presunto prevaricato (dictado de resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos).

Aumento

Por ese mismo ilícito, la Fiscalía individualizó como imputado a Rodrigo Chaves Robles en el decreto que mejoró el salario de los ministros y viceministros. La pesquisa se sigue bajo el expediente 22-000056-0033-PE.

La mejora en las remuneraciones fue dispuesta en el mandato 43585-H-PLAN-MTSS, firmado el 15 de junio por el presidente, así como sus ministros de Hacienda, Nogui Acosta Jaén; de Planificación, Laura Fernández Delgado; y de Trabajo, Marta Esquivel Rodríguez.

Chaves Robles justificó que con esa medida se logró "rectificar" el congelamiento salarial de los jerarcas dispuesto 12 años atrás, por no considerar "apropiado" que los integrantes de su gabinete ganaran hasta 30% menos que sus subalternos, frente a las responsabilidades mayores.

"Llegamos a un nivel en que la situación es insostenible y yo hago las cosas que hay que hacer en el momento qué hay que hacerlas. Yo sé que son salarios altos para la mayoría de los costarricenses, pero comparados con los requisitos, y costo y oportunidad que tienen estas personas en el mercado, son salarios insostenibles", explicó.

Los ministros pasaron a recibir ¢2,6 millones mensuales, mientras que los viceministros ¢2,5 millones. Antes tenían un salario base de ¢1,4 millones y ¢1,3 millones, respectivamente.