Funcionarios le deben ¢116 millones al Poder Judicial por incapacidades
Poder Judicial no logra cobrar montos a funcionarios sin nombramientos fijos
(CRHoy.com) En el Poder Judicial, las incapacidades de los funcionarios se pagan con débiles controles. De hecho, la Dirección Jurídica del Poder Judicial planteó 158 procedimientos de cobro administrativo, pues funcionarios deben devolver a la Administración más de ¢116 millones.
¿Por qué? Resulta que cuando un funcionario del Poder Judicial se incapacita, la ley establece que se debe considerar como un permiso con goce salarial y se les paga un 100%.
No obstante, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) también le reconoce el subsidio, por lo que los funcionarios voluntariamente deberían de devolver este pago a la Administración del Poder Judicial.
Normalmente, el Poder Judicial logra cobrar estos dineros a los funcionarios que ya tienen nombramientos estables, pero la situación se complica cuando son empleados temporales o que se retiran de la entidad.
| Año | Cantidad de casos por año | Suma de monto general por año |
| 2018 | 9 | ₡ 6.321.048,25 |
| 2019 | 16 | ₡ 9.843.289,88 |
| 2020 | 9 | ₡ 6.369.916,58 |
| 2021 | 77 | ₡ 55.198.063,95 |
| 2022 | 47 | ₡ 38.780.238,81 |
| Total general | 158 | ₡116.512.557,47 |
"Esto nos ha provocado algunos problemas, sobre todo con funcionarios que son por plazos que se van, porque nosotros por ley tenemos que pagar el salario y después se rebaja el subsidio. No tenemos un control y provoca un cierto desorden porque la Caja paga el subsidio del funcionario. Normalmente, lo que hacemos es rebajar del salario, salvo que la persona lo entregue", comentó Orlando Aguirre, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El jerarca explicó que anteriormente el Poder Judicial tenía un convenio con la Caja y con el INS, de forma que estas entidades le cancelaban directamente al Poder Judicial. Con el INS el acuerdo se mantiene vigente, pero con la CCSS no se renovó más. Según dijo, la finalización de ese convenio se dio hace más de 8 años.
Contra las personas que ya no trabajan en la entidad, la Dirección Jurídica les tramita un cobro administrativo y los datos brindados por el Poder Judicial reflejan un aumento considerable de casos en los últimos 2 años.
Por ejemplo, se pasó de 8 casos en el 2018 a sumar 77 y 47 en los últimos 2 años. La cifra económica acumulada desde 2018 supera los ¢156.5 millones de colones.
Aguirre explicó que se han estado valorando diferentes posibilidades para frenar con este problema institucional, por ejemplo, ya se conversó sobre un mecanismo informático que permita mejorar los controles y que el Poder Judicial pueda solventar la situación.
Inclusive, este tema ha sido discutido en la Corte Plena por parte de los magistrados actuales.